¿Quién dijo miedo?, nos preguntamos hace dos años, en forma de respuesta, ante un país atónito. Era la primera oportunidad en la cual un partido, vinculado a lo que una vez fue una propuesta de cambio social, insurgía contra la voz del Líder que el 15 de diciembre de 2006  –nueve días después de ser reelecto-  pronunció la orden de establecer un partido y un pensamiento único, afirmando de paso, que los votos eran suyos, y de nadie más.

Es decir ya los votos no le pertenecen al pueblo.

Nuestra respuesta, firme y también respetuosa, recibió de parte del Jefe de Estado un trato soez y desproporcionado. Ante nuestro argumento, la ofensa; ante nuestra propuesta, la amenaza.

No podemos olvidar un hecho que marca la diferencia ante cualquier otro tipo de disidencia que el Presidente hubiese enfrentado hasta ese momento: no se trataba de una ruptura por elementos coyunturales o por definición de liderazgos. Mucho menos por la negación de posiciones burocráticas. No; la nuestra fue una posición basada en principios y convicciones arraigadas: PODEMOS reafirmó su compromiso democrático y su apego al proyecto de país contenido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, elaborada y aprobada por el pueblo en movimiento hace casi diez años.

Como parte de ese pueblo en movimiento, nos entregamos en cuerpo y alma al proyecto de cambio social que tras décadas de avances y retrocesos, obtuvo su gran triunfo el 6 de diciembre de 1998.

Como parte de esa corriente indetenible, asumimos la defensa de la Constitución en los años 2002 y 2003, cuando un conjunto de venezolanos, con la mirada desviada malbarataron una aspiración genuina de cambio para producir, primero una asonada de cuartel totalmente de espaldas a las legítimas aspiraciones de sus propios partidarios y después, un absurdo paro petrolero que comprometió seriamente la situación económica de la gran mayoría de nuestra población.

En ese marco nació el movimiento por la Democracia Social hace seis años. Nuestro apego al texto constitucional, y la defensa que de él hicimos, arriesgando nuestra propia integridad física, nos llevó a un paso doloroso, desde el punto de vista espiritual y personal, pero necesario desde el punto de vista político: La ruptura de lazos orgánicos con amigos y compañeros de lucha de varias décadas, por considerar válidos nuestros puntos de vista, y agotadas las posibilidades de hacer confluir posiciones contradictorias.

Basta citar nuestro documento fundacional para reafirmar hoy, en este sexto aniversario, los fundamentos que justificaron nuestro nacimiento:

“Se propone la creación de un movimiento cuya misión sea la de promover y facilitar los cambios necesarios para el desarrollo de una democracia plena de participación ciudadana, donde se privilegie la organización de la gente en torno a la resolución de sus necesidades e intereses concretos. La organización política devendrá en vehículo de las esperanzas y de las aspiraciones de la gente, sin intenciones utilitarias, clientelares o de sometimiento a intereses burocráticos”.

Por ello quiero destacar en mis palabras el significado que para nosotros tiene la confrontación, que desde hace más de dos años mantenemos con la oligarquía oficialista. Ella, en procura de su propio provecho, ha pretendido secuestrar un proceso de cambios que no le pertenece porque el pueblo es su dueño exclusivo.

Es historia harto conocida que sin cerrarse el debate acerca del partido y el pensamiento único, cuyo resultado, dicho sea de paso, fue el cambio de nombre del MVR, y su conversión, por vía corrupta, en una maquinaria para asfixiar la sociedad, se inició la polémica acerca de una reforma constitucional, que pretendía la reelección presidencial indefinida aunque en esa oportunidad adornada con propuestas de cierto atractivo social, para timar la voluntad de los electores.

Ya pertenece a la historia nuestro comportamiento como fuerza política y en particular la actuación de la fracción parlamentaria de PODEMOS en la batalla de ideas que a la postre terminó con la victoria del 2 de diciembre de 2007.

Ya pertenece a nuestro capital político el haber compartido con el General Raúl Isaías Baduel, con Marisabel Rodríguez, y con otros factores disidentes, la responsabilidad de transmitir a millones de venezolanos, la incompatibilidad de esa reforma con los sueños de cambio de 1998.

Por ello, no ahondaremos en refrescar un episodio histórico tan reciente y tan conocido, me limitaré a decirles que los resultados electorales de noviembre y febrero pasados son los estertores de un régimen moribundo.

Después de poner a su servicio a toda la estructura del Estado, después de corromperse y corromper a las instituciones, después de montar un aparato político basado en el soborno y la persecución, el autócrata no logra reducir a las catacumbas a un país levantisco y protestón, que se niega a entregar el futuro de sus hijos y nietos.

En la Constitución de 1999, esa que hoy pretenden acabar a como de lugar, el pueblo colocó la justicia como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico del Estado y de su actuación, junto a la vida, la libertad, la igualdad, la solidaridad, la democracia.

Por disposición del Soberano, se reconocen los derechos de acceso sin restricciones a la justicia y tutela judicial efectiva de sus derechos e intereses.

Como una conquista de la lucha por la protección integral de los derechos humanos, el pueblo impuso al Estado la obligación de investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades.

Se impuso que el ingreso a la carrera judicial y el ascenso de los jueces sea por concursos de oposición públicos, que aseguren la idoneidad, capacidad y probidad de los jueces designados.

Al Ministerio Público se le ordenó garantizar en los procesos judiciales el respeto de los derechos y garantías constitucionales, garantizar la celeridad y buena marcha de la administración de justicia, el juicio previo y el debido proceso.

Se dictaminó un sistema penitenciario donde, según la escritura del pueblo, la presunción de inocencia y el estado de libertad son las premisas principales.

El pueblo venezolano, único dueño legítimo del poder, ordena a través de la Constitución, que su Poder Judicial y su Sistema de Justicia, sea autónomo, que tenga independencia del resto de los Poderes: Sin embargo esto no ha sido así.

Pero… no ha habido Revolución

Amarga está siendo la decepción para millones de venezolanos que han visto como el proceso político que iniciamos con el siglo, nos ha sido confiscado.

Uno de los frentes en los que ha habido un franco retroceso es, precisamente, el de la justicia.

Lejos de lo que el pueblo ordenó a través de la Constitución, el número de jueces en el país en proporción a la población ha ido decreciendo dramáticamente, dejando a Venezuela con un promedio de 6 jueces por cada 100.000 habitantes, uno de los índices más bajos de todo el continente. Además, el 90 por ciento de los nuevos jueces fueron nombrados a dedo.

La propia Fiscal General ha admitido que Venezuela cuenta con menos de 2 fiscales por cada 100 mil habitantes. Si acaso les resulta posible investigar y desarrollar, cada año, el juicio para unos 50 casos, por lo que finalmente sólo 2 culminan siendo castigados de cada 100 delitos denunciados, es decir, 98 delitos quedan sin resolverse.

Dicho por la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Magistrada Luisa Estella Morales, de los 1.882 jueces que existen en el país, sólo la mitad son titulares. La otra mitad son provisorios.

Según el CICPC, en el 90 hubo 2447 homicidios. En el 1999, hubo 5968 y en el año 2.008 subió a 14.600… en el primer trimestre de este año 2.009, 4.659. Eso indica que al finalizar 2009 se habrán registrado más de 18 mil crímenes.

En consecuencia, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, que era de 13 en 1.990, subió a 25 en el 99 y el año pasado se encontraba en 49.

Caracas se convirtió en la ciudad más peligrosa de América, con 133 homicidios por cada 100 mil habitantes.

El 86.7% de los crímenes son cometidos por armas de fuego (Fuente: Cicp). El ex ministro Jesse Chacón reconoció públicamente en el año 2006 que en el país estarían circulando más de 4.5 millones de armas sin ningún tipo de permisología, del total del 6 millones de armas que existen en el país. En 2008 se decomisaron 550 y el Gobierno hace alarde de esta cifra como uno de sus principales logros.

El 7% de los delitos son resueltos y el 93% quedan impunes, según la Comisión Nacional para la Reforma Policial.

A propósito del 20 aniversario del “Caracazo”, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega, declaró a la prensa, la existencia de 7.000 casos de parapoliciales (asesinatos extrajudiciales) entre el 2000 y el 2007″,

De hecho, el informe 2007 del Latinobarómetro pone de relieve que Venezuela tiene la tasa más alta de víctimas de delitos, en comparación con el resto de los países de la región alcanzando el 49%.

La situación carcelaria no puede ser peor…

Recientemente, en abril, algunos de los familiares de los internos, que incluso durmieron a las afueras del TSJ a la espera de ser atendidos por alguno de los magistrados. Señalaron que: “No es un capricho de nosotros sino que hay reos que tienen hasta dos y tres años sin que se les haya realizado una audiencia preliminar o una audiencia de juicio”.

Resulta que el 70% de los reclusos en Venezuela, permanecen más de 18 meses detenidos sin un debido proceso, a causa de la deficiencia penitenciaria. Es el brutal e inhumano retardo procesal que ha alcanzado en el presente una magnitud jamás vista.

En Venezuela existen aproximadamente 23 mil presos repartidos en 31 cárceles. De ellos, 14 mil esperan por un juicio y 9 mil ya están cumpliendo condena.

En Venezuela cada juez maneja unos 1.500 casos.

En la práctica ha desaparecido el derecho popular a la presunción de inocencia y a ser juzgado en libertad.

En Venezuela existen 31 penales con capacidad para albergar 12.000 internos. Habiendo actualmente 24.312 reclusos se rebasa a más del doble esa capacidad.

De la inhumanidad y la crueldad del hacinamiento da cuenta un informe del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP): el 40% de los reos presenta enfermedades gastrointestinales y el 30% presenta patologías respiratorias.

El 82% de los internos reciben medicamentos de parte de sus familiares. Para colmo, actualmente las visitas a los presos se realizan una vez a la semana solamente.

En nuestro país, muere al año el 2,2% de la población reclusa. Al comparar las cifras porcentuales entre número de presos y reclusos fallecidos, el OPV informó que de un total de 834.000 en Brasil, México, Colombia y Argentina mueren 100 presos cada año y únicamente en Venezuela con una población carcelaria de 24.000 presos, mueren 422 reclusos en el mismo período.

El pueblo quiere, y así lo escribió en la Constitución, que el Estado garantice un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna con respecto a sus derechos humanos.

Pues bien, apenas el 2% de los privados de libertad se encuentra en destacamento de trabajo, y el 98% esta fuera de cualquiera atención educativa.

Es ilógico que Venezuela tenga un Instituto Universitario de Estudios Penitenciarios de donde han egresado, desde hace 12 años, más de 700 Técnicos formados en Seguridad, Gerencia, Tratamiento y Administración y en la actualidad no trabajan ni siquiera el 5%.

Lo peor de todo es, quizás, que después de tanta “alharaca revolucionaria”, la justicia en Venezuela sigue teniendo una profunda desviación clasista.

Resulta que hoy en día el 80% de las causas penales son atendidas por defensores públicos.  Se trata de gente pobre que no tiene con que pagar un abogado.

El de nuestro sistema de justicia es un caos que se muerde la cola y del cual parece que no podemos salir.

El castigo debe existir, pero nunca debe arrasar con la dignidad del ser humano.

Peor que antes…

Con dolor, con pesar, con irritación, con indignación, junto al resto de los venezolanos vemos como en el tema de la justicia también se nos está confiscando la soberanía popular.

Si antes eran tribus, ahora son verdaderas mafias las que controlan el Poder Judicial venezolano.

Si antes era la influencia de los partidos políticos, ahora es el control absoluto por parte del Jefe del Estado.

Es indecente aprovechar los vicios e introducir nuevos vicios en el Poder Judicial para usarlo en contra de todo aquel que se considere “enemigo”.

El monumento al retardo procesal terminó siendo el juicio a los Comisarios y los PM, que recién culminó: ha sido el juicio más largo de nuestra historia.

Independientemente del resultado, todo venezolano tiene derecho a una justicia rápida y eficaz.

Para conseguir la condena de 3 Comisarios y 3 Policías, hubo que manipular un juicio y por esa vía matar a la justicia.

El General en Jefe Raúl Isaías Baduel, por quien gracias a sus convicciones ha defendido siempre la institucionalidad, la democracia y fundamentalmente la Constitución hoy es victima de la más vil y canallesca retaliación de la administración de una justicia que sólo sirve para actuar bajo las órdenes del amo y señor de los poderes del Estado.

Es uno más de los miles de venezolanos a quienes se le aplica una pena anticipada e independiente de las resultas del juicio.

El sistema de justicia venezolano vive hoy la vergüenza de haber sido descubierto en la práctica de la “sentencia anticipada”, como lo es en el caso de Manuel Rosales.

Es el mismo caso de miles de venezolanos sentenciados desde antes de comenzar el juicio.

La justicia en Venezuela está funcionando de tal manera que, para recurrir a la fórmula de infundir miedo ante el Poder, el Presidente se ha tirado últimamente una especie de Proclama de Guerra a Muerte, que diría algo como esto: Honestos… contad con la cárcel aún siendo inocentes si no me apoyas incondicionalmente… corruptos contad con mis favores aún siendo culpables si haces cuanto te ordene.

De esta manera, seguramente quedarán impunes muchos casos por ejemplo….….

Pero al final, siendo todo esto muy importante, lo fundamental es que dentro de un proceso que se creyó revolucionario, el pueblo, una vez más, se ha quedado sin justicia.

Miedo y represión…

Mientras Caracas se convierte en la ciudad más insegura de América Latina, la Policía Metropolitana, ahora en manos del gobierno central, se convierte en un cuerpo antimotines reprimiendo a un pueblo que cada vez se alza más contra las injusticias.

Después de poner a su servicio a toda la estructura del Estado, después de corromperse y corromper a las instituciones, después de montar un aparato político basado en el soborno y la persecución, el autócrata no logra reducir a  un país levantisco y peleador, que se niega a entregar el futuro de sus hijos y nietos.

Y esa es la lectura del reciente Primero de Mayo. Una masa humana que decidió atender al llamado a manifestar pacíficamente su respaldo a lo que había escrito en la Constitución y a la democracia, fue reprimida salvajemente por un gobierno cobarde y pendenciero, presa del más profundo de los miedos, y carcomido en su interior, por el cáncer de la corrupción, que en metástasis terminal brota por todo su organismo.

La oligarquía oficialista cree que la única vía para sostenerse en el poder es el binomio     Miedo-Represión. Sabe que cada vez menos partidarios del gobierno sienten esto como un proceso revolucionario, y cada vez más observan el descaro y el lujo de sus dirigentes, quienes impúdicamente muestran las riquezas malhabidas de sus oscuros negocios.

Pero, bien lo dice el adagio popular: Cada ladrón juzga por su condición. He allí el error de cálculo de los cleptócratas. Ladrones y cobardes como son, creen que para someter al pueblo venezolano les basta con la zanahoria y el látigo.

Pues no. Las protestas que a diario vemos son de venezolanos dispuestos a trabajar para ganarse la vida, y que no desean para sus hijos un país de esclavos y mendigos.

Reclaman el cumplimiento cabal de los contratos colectivos firmados, o la firma de aquellos arbitrariamente engavetados.

Reclaman seguridad social porque sienten que merecen una vejez digna, la que a sus padres les fue negada.

Reclaman asistencia médica gratuita y oportuna ante el colapso total del sistema de salud.

Reclaman una educación moderna y de calidad que dote a sus hijos de libertad para crear y conocimientos para ganarse el pan, ante el deterioro físico de una escuela pública amenazada, además, con ser transformada en lavadora de cerebros.

Reclaman la forma de llegar menos cansados y  más seguros a sus compromisos diarios en un país cuyas calles carreteras y autopistas poseen más cráteres que la luna.

Reclaman, sobre todo, justicia. Una justicia imparcial y oportuna, precisamente en los tiempos del uso de los tribunales como arma política.

Hay que hacer mucho…

Tal como lo hemos hecho en otras oportunidades, el pueblo venezolano debe unirse en la lucha por alcanzar el sistema de justicia inspirado en los valores de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad y afirmación de los derechos humanos.

La lucha debemos hacerla como pueblo, como sociedad. Hagamos un juicio a la justicia venezolana a partir de cada una de las miles de organizaciones sociales que hemos conformado para defender nuestros derechos, para librar nuestras luchas, nucleados alrededor de las ONGs especialistas en el tema.

Tal como lo escribimos en la Constitución, la administración de justicia no es monopolio exclusivo del Estado aunque sólo éste puede ejercer la tutela coactiva de los derechos, es decir, la ejecución forzosa de las sentencias.

Como pueblo, también nos toca desarrollar los medios alternativos para la resolución de controversias, tales como el arbitraje, la mediación, la conciliación, la Justicia de Paz, para que a partir de allí florezca la justicia nacida del sentir popular.

Hacemos un llamado muy especial, y nos ofrecemos como factor de encuentro entre las academias, universidades; cámaras de comercio y la sociedad civil en general, que tienen cada una de ellas un papel particular que el pueblo les asignó en el país que dibujamos en nuestra Constitución.

A los familiares de las víctimas de la violencia privada y de la violencia ilegítima desatada por el Estado, les ofrecemos una mano amiga y nuestra condición de fuerza política y social para organizar y librar la lucha que deposite la justicia en las manos del pueblo soberano.

Una sociedad sin justicia sufre el resquebrajamiento de la moral colectiva.

Por otra parte recordando a Francisco de Quevedo:

“Donde hay poca justicia es un peligro tener razón”

Es un peligro tener razón en Venezuela pero asumimos ese peligro con la entrega que nos insufla la gran mayoría de nuestros compatriotas.

¿Quién dice miedo en la Venezuela de hoy?  No es precisamente el pueblo prudente que si lo ha sabido vencer.

Es el régimen moribundo que siente la espina y lanza angustiado sus últimos zarpazos.

Es la oligarquía oficialista, archipiélago de mafias que cuan voraces sanguijuelas pelean a muerte el botín del presupuesto nacional e hipócritamente aplauden idioteces y celebran chistes malos so pena de perder sus cargos o contratos.

Ese es el miedo que fantasmalmente se pasea por los círculos del poder: Se siente en PDVSA, se siente en Fuerte Tiuna, se siente en la CVG y en la Asamblea Nacional, se siente por supuesto en Miraflores donde el principal estafador escupe las órdenes absurdas  típicas del cualquier tirano en decadencia veloz.

Frente a ese miedo el pueblo en movimiento se prepara para momentos luminosos: Democrática y constitucionalmente retomaremos el cauce de los cambios en positivo. Del progreso. De la tolerancia. Del respeto a la idea ajena. De la solidaridad social entendida como ayuda para crecer y no como limosna hipócrita. De la justicia en el mas amplio sentido de la palabra: la equilibrada, la imparcial, la que el pobre puede aspirar y el rico no debe temer, si su riqueza tiene buen origen.

Desde esta trinchera…