Prox. Consulta PúblicaDiscusión Ley de la Tenencia de la Tierra urbana.
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// Visto 3,663 veces REFORMA DE LA LEY ESPECIAL PARA LA
REGULARIZACIÓN INTEGRAL Y ORDENAMIENTO DE LA
TENENCIA DE LA TIERRA DE LOS ASENTAMIENTOS
URBANOS POPULARES.
Marzo 2009
República Bolivariana de Venezuela
Asamblea Nacional
Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I.- Fundamentos y orientaciones estratégicas de la Ley Especial de Regularización
Integral y ordenamiento de la Tenencia de La Tierra de los Asentamientos Urbanos
Populares.
El modelo socio-territorial venezolano heredado es viva expresión de las relaciones
históricas de dependencia económica, tiene como unas de sus expresiones la escasa
integración interregional y en espacios hacia los mercados internacionales y nacionales
conformados por los centros urbanos que captan principalmente la renta petrolera. En este
sentido, la dinámica urbano-regional del territorio venezolano ha seguido desde mediados
del siglo pasado, un patrón de ocupación concentrado, desequilibrado y polarizado, cuya
expresión actual muestra fuertes desigualdades interregionales, generando importantes
problemas sociales y ambientales.
La necesidad de concentración de grandes extensiones de tierras para el desarrollo
agroindustrial, y el cambio en los modos de producción agropecuarios que ocasionó y
desplazó a los campesinos hacia las ciudades. El desarrollo del capital comercial se
concentró en las urbes. La renta petrolera se invirtió en transporte, comunicación,
urbanismo, iniciando una enorme transformación cultural y social. Los desplazados del
campo hacia la ciudad, se convirtieron en la mano de obra para construir las nuevas
metrópolis, a la cual nunca tuvieron derecho, se ubicaron y crearon la “otra ciudad”: los
barrios populares. Estas grandes concentraciones humanas-urbanas se ubicaron
principalmente en la zona centro-norte-costera, en zonas de vulnerabilidad y riesgo, que
constituyen el “sistema central de ciudades” del país, donde los centros urbanos contienen
grandes cinturones de miseria y asentamientos humanos no atendidos, que carecen de
adecuados equipamientos y servicios, concentrando la población y actividades económicas.
Se han generando bajo características sociodemográficas, culturales, pautas de trabajo,
ahorro y consumo, que producen patrones de desigualdad, vulnerabilidad social y
exclusión, lo que ha requerido y seguirá requiriendo de voluntad política, sentido de justicia
y elevadas inversiones para satisfacer sus necesidades (seguridad jurídica de la tierra,
servicios de agua, energía, transporte, telecomunicaciones, asistencia social) tendiendo a
limitar y retardar el desarrollo de otras zonas. La tenencia de la tierra improductiva, que en
lo rural se manifiesta a través del latifundio y en lo urbano a través de grandes monopolios
inmobiliarios, parcelas intraurbanas vacías, ociosas, subutilizadas y las tierras periurbanas
en espera de ser incorporadas a la poligonal urbana, son rémoras de una sociedad rentista
contrapuesta a los objetivos de inclusión social y productividad.
En este sentido en el “Proyecto Nacional Simón Bolívar”, primer plan socialista (PPS)
de desarrollo económico y social de la Nación 2007-2013, en el V eje estratégico “Nueva
Geopolítica Nacional” establece entre otras cosas: “Integrar y desarrollar el territorio
nacional a través de ejes y regiones, mejorar el hábitat de los principales centros urbanos,
orientar y apoyar la prestación de servicios públicos con énfasis en reducción del impacto
ambiental, aplicar impuestos por mejoras a los terrenos ociosos y subutilizados, rehabilitar
áreas centrales deterioradas”; y en el segundo eje estratégico: “Suprema Felicidad Social: la
suprema felicidad social es la visión de largo plazo que tiene como punto de partida la
construcción de una estructura social incluyente, formando una nueva sociedad de
incluidos, un nuevo modelo social, productivo, socialista, humanista, endógeno, donde
todos vivamos en similares condiciones rumbo a lo que decía Simón Bolívar: La Suprema
Felicidad Social”. Entre los objetivos establece: Garantizar el acceso a una vivienda digna,
lo que incluye: garantizar la tenencia de la tierra, promover el acceso a los servicios
básicos, al crédito habitacional, fomentar y apoyar la participación y el compromiso para la
construcción de viviendas.
El desarrollo de un marco legal es fundamental para profundizar los logros alcanzados
por las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001 –
2007, y poder echar las bases para la construcción del socialismo del Siglo XXI en el
actual período 2007 – 2013. En este sentido, el marco político-legal nacional, reconoce la
vivienda y el hábitat como un derecho social. La propia Constitución Nacional (CRBV,
Artículo 82, 1999) consagra el derecho de todos los venezolanos a una vivienda digna y un
hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias, dando prioridad
de acceso a las familias de escasos recursos.
De la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (LOSSS, Capítulo VI, 2002) se
deriva la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat (LRPVH, 2005) que busca
“…la satisfacción progresiva del derecho humano a la vivienda, que privilegie el acceso y
seguridad de la tenencia de la tierra, adquisición, construcción, autoconstrucción, liberación
de hipoteca, sustitución, restitución, reparación, remodelación y ampliación de la vivienda,
servicios básicos esenciales, urbanismo, habitabilidad, y los medios que permitan la
propiedad de una vivienda digna para la población, dando prioridad a las familias de
escasos recursos, en correspondencia con la cultura de las comunidades” (Art. 2).
Igualmente, “garantiza la participación activa, protagónica, deliberante y autogestionaria de
los ciudadanos y, en especial, de las comunidades organizadas con la finalidad de asegurar
medios que les permitan cumplir con el deber constitucional de contribuir en forma
corresponsable con el Estado, en la satisfacción progresiva del derecho a la vivienda y
hábitat dignos” (Art. 9).
Los órganos y entes del Estado dedicados a la satisfacción del derecho a vivienda y
hábitat que fueron creados antes del Gobierno Revolucionario respondieron a la óptica
capitalista, en la cual su organización, funcionamiento y políticas fueron hechos para el
beneficio de los intereses del gran capital inmobiliario y de la construcción privada. Aún
hoy prevalece la lógica de mercado, donde la vivienda se concibe como mercancía y no
como derecho. Por ello, muchas veces la orientación jurídico-institucional reproduce o, en
el mejor de los casos, con una estrecha similitud las actividades de las empresas privadas
inmobiliarias y de la construcción, guiadas por el afán de lucro desmedido, la ganancia
individual, esquemas mercantiles y, sobre todo, por una planificación de políticas ajenas a
las necesidades de la población y el interés público y social. El modelo capitalista generó
que el Estado adoptara la misma lógica de organización y funcionamiento empresarial, de
allí que se establecieran lineamientos, políticas y planes que menospreciaban la capacidad
popular en la producción social del hábitat y vivienda, excluían y expulsaban a los
pobladores humildes de las mejores tierras de las ciudades, desplazándolos a zonas de
difícil acceso, con dificultad para urbanizar y en la mayoría de los casos clasificadas de alto
riesgo. Y la ciudad y sus mejores tierras se reservaron a los grandes grupos económicos
inmobiliarios y de la construcción, privatizando su acceso, uso y desarrollo.
Ahora bien, hasta la fecha el Gobierno Revolucionario ha realizado esfuerzos para a
resolver los problemas de acceso a suelo urbano a través de la regularización de la tenencia
de la tierra en los asentamientos urbanos populares ubicados en tierras públicas. El primer
instrumento revolucionario, fue el Decreto N° 1.666, mediante el cual se Inicia el Proceso
de Regulación de la Tenencia de la Tierra en los Asentamientos Urbanos Populares.
(Gaceta Oficial Nº 37.378 de fecha 04 de febrero de 2002). Sin embargo, estos avances
todavía no han sido suficientes, pues estas nuevas iniciativas se encuentran ante obstáculos
jurídico-institucionales que le impiden avanzar en el proceso de democratización de la
ciudad, la tenencia, el acceso y uso equitativo de suelo urbano, la desconcentración urbana
y la transformación integral de barrios populares. En este sentido, resulta fundamental
profundizar los cambios e instaurar una nueva realidad legal, que permita consolidar nuevas
instituciones y políticas de inclusión social, y por sobre todo saldar la deuda histórica del
Estado Venezolano con su Pueblo, quien durante siglos fue despojado, expulsado y
desplazado de su propia tierra, por parte de la conquista y colonia española, y luego la
oligarquía heredera de esa colonia, que ahora pretende convertir el continente en nueva
colonia imperial.
La Ley que se presenta, se fundamenta en el carácter eminentemente social, para
impulsar una política de regularización integral de las comunidades populares, donde se
expresen los procesos y las relaciones de los pobladores y su hábitat, que definen nuevas
categorías de propiedad, determinadas por la convivencialidad y sentido de comunidad.
Desde esta perspectiva, desarrolla como ejes axiológicos transversales: la
democratización de la ciudad, la función y uso social de la tierra urbana, y la
producción social del hábitat. Para lograr estas finalidades, dentro del marco de la nueva
etapa, se establecen cinco líneas estratégicas:
1. El fortalecimiento de las funciones del Estado.
La nueva etapa requiere un Estado fuerte, con capacidad jurídica e institucional para
cumplir con sus finalidades, entre ellas, garantizar los derechos humanos y sociales de
todos y todas, asegurar el buen vivir de la población y defender la soberanía nacional. Para
ello, resulta necesario ampliar y fortalecer las funciones del Estado para intervenir en la
vida social y económica de la Nación, las cuales fueron disminuidas e, inclusive,
privatizadas durante el capitalismo al que fue sometido nuestro país durante el siglo XX,
especialmente en las últimas dos décadas del mismo, cuando se aplicaron los programas y
medidas neoliberales. Desde esta perspectiva, una de las líneas fundamentales que orientan
la presente Ley Especial de Regularización Integral de la Tenencia de la Tierra de los
Asentamientos Urbanos Populares, es desarrollar y consolidar las funciones del Estado en
la formulación, ejecución y control de las políticas de regularización de la tenencia de la
tierra urbana de asentamientos humanos populares, el rescate, acceso y uso equitativo de
suelo urbano, la desconcentración urbana y la transformación integral de barrios y
urbanizaciones populares.
2. La Planificación Participativa.
La articulación de los diferentes entes del Estado y las políticas públicas exige una
planificación que permita direccionar las políticas públicas y toda la actuación del Estado
en función de los nuevos objetivos estratégicos de la Nación. Sin ello resulta imposible que
estas acciones tengan el impacto requerido para generar los cambios y transformaciones
que necesita nuestro país, que asegure gobernar el territorio. Es fundamental entonces una
nueva concepción de la planificación territorial, entendida como un proceso que integre las
propuestas urbanas y rurales transformando los planes normativos a procesos dinámicos
que ofrezcan resultados a corto plazo dentro de una direccionalidad de largo plazo,
incorporando dimensiones y escalas de planificación comunales, donde las aspiraciones y
decisiones legitimas de la población, sean insumo fundamental para desarrollar políticas
públicas inclusivas, humanas y pertinentes culturalmente, en todo lo relativo a la
ordenación territorial para el desarrollo nacional. La planificación desde arriba es una
forma de arrebatarle al pueblo la producción social de la ciudad. Debemos invertir la
relación de la planificación; el pueblo debe ser el sujeto planificador, debemos hacer un
sistema de planificación ascendente, donde desde las comunidades empecemos a decidir
cuáles son las obras, proyectos, planes, las transformaciones necesarias de la ciudad. El
pueblo, las comunidades, deben ser los sujetos de la planificación, de las decisiones sobre
la ciudad.
3. El Desarrollo del Poder Popular
Debe garantizarse conforme a los preceptos constitucionales la ampliación de la
participación popular en todos los espacios y niveles, entendiendo que resulta
imprescindible fortalecer los medios de participación protagónica del pueblo en la
formulación, ejecución y control de políticas públicas. En la presente Ley Especial de
Regularización Integral de la Tenencia de la Tierra de los Asentamientos Urbanos
Populares, se consolida una estructura institucional para el desarrollo del poder popular,
que garantiza la existencia de canales regulares directos entre el Poder Popular y el resto de
los poderes. Además de crear condiciones para la articulación, integración, comunicación y
coordinación entre las diversas organizaciones populares.
El espacio para la participación protagónica debe seguir siendo conquistado y
mantenido por las organizaciones populares. Es necesario mantener la coherencia entre el
discurso sobre la democracia protagónica revolucionaria, por una parte, y el proceder de
todas las instituciones de la sociedad, por la otra, de esa manera, aunado al continuo
incentivo de los valores democráticos, se estará garantizando el mantenimiento del poder
popular de las venideras generaciones.
Desde esta perspectiva, la presente Ley Especial de Regularización Integral de la
Tenencia de la Tierra de los Asentamientos Urbanos Populares, reconoce a los Comités de
Tierra Urbana, Organizaciones Comunitarias Integrales de Vivienda y Hábitat y Consejos
Comunales, como medios de participación en materia de políticas para la planificación
territorial, la regularización de la tenencia de la tierra, el ordenamiento urbano local y la
producción social del hábitat. Así, se reconoce el papel que tienen como las unidades
primarias de organización del pueblo, atribuyéndole funciones de control para vigilar y
exigir el cumplimiento de la ley, sus reglamentos y normas.
4. Prioridad por Familias Humildes que Habitan los Asentamientos Urbanos
Populares.
La Revolución Bolivariana se caracteriza por haber optado por las personas, colectivos
y sectores sociales que históricamente fueron excluidos, explotados y discriminados en
nuestro país. Este ha sido el carisma, el matiz y la orientación fundamental de este proceso
de transformaciones culturales, económicas, políticas y sociales. Todas las acciones del
Estado, especialmente del Gobierno Nacional, han estado y seguirán estando dirigidas a
lograr la Suprema Felicidad Social, esto es, a asegurar que todas estas personas puedan
disfrutar de una vida en dignidad, justicia y bienestar.
En este sentido esta propuesta de Ley Especial de Regularización Integral de la
Tenencia de la Tierra de los Asentamientos Urbanos Populares, establece como sujetos
prioritarios de derecho y beneficiarios de la política de regularización integral a todas las
familias que habitan en los asentamientos urbanos populares sin ningún tipo de
discriminaciones, reconociendo la enorme deuda histórica de la sociedad venezolana con
los sectores populares y estableciendo los medios para avanzar en la satisfacción progresiva
del derecho a la tierra, al hábitat y vivienda dignos, en un acto de profunda justicia social
con el pueblo. Este es un acto de dignificación de las familias y las comunidades excluidas
y segregadas por las dinámicas de la ciudad capitalista. También en el proyecto se reafirma
el interés superior y la protección de los niños, niñas y adolescentes, e incorpora el derecho
de toda persona a la protección del su hogar y el de su familia frente posibles acciones de
desalojo forzoso.
5. Acceso equitativo al suelo urbano.
El acceso y la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra urbana deben ser los dos ejes
centrales de arranque de una política de suelo integral dirigida a garantizar los medios para
que las familias, especialmente las de bajos recursos excluidas por el mercado inmobiliario,
y logren la satisfacción progresiva y corresponsable junto al Estado del derecho a un hábitat
y vivienda dignos. Esto está claramente establecido en los pactos internacionales firmados
por el Estado venezolano, los preceptos establecidos en el marco constitucional y los
principios orientadores de la Ley del régimen prestacional de vivienda y hábitat. Para lograr
este fin el Estado debe garantizar la función y uso social del suelo urbano por sobre los
intereses especulativos de los sectores concentrados de la economía, democratizando la
tierra y los espacios de la ciudad para ponerlos al servicio de la satisfacción de los derechos
económicos, sociales y culturales de sus habitantes.
Constituía práctica común en Venezuela que la leyes de la República se elaboraran por
reducidos grupos de la población a espalda de los intereses, deseos y voluntad de las
grandes mayorías; bufetes de abogados privados tenían a su cargo la elaboración de las
leyes por mandato, claro está, de quienes controlaban la totalidad de los poderes; este
hecho, se ha venido transformando y a partir de 1998 entramos en un proceso que
gradualmente deja en el pasado estos perversos mecanismos que solo favorecían los
intereses de las cúpulas. Ahora, se incorpora de manera protagónica a nuestro pueblo en el
proceso de elaboración, discusión, aprobación y ejecución de las leyes de la República.
La presente Ley forma parte de la nueva arquitectura jurídica del país, cargada de un
alto contenido social y político, teniendo como norte el mandato supremo definido en la
Constitución: Refundar la República, estableciendo un estado y sociedad de carácter
democrático, social, de justicia y de derecho, teniendo como pilares la participación y
protagonismo popular, y como palancas motrices el ESTUDIO Y EL TRABAJO.
En este marco se inscribe esta Ley y su reforma, la misma es el reflejo de la aplicación
de estos principios y es el producto del desarrollo dialéctico del conocimiento y sabiduría
popular vinculado los saberes institucionales.
Pudiéramos decir, que esta Ley resume el proceso que de acuerdo al materialismo
dialéctico transita el conocimiento, es decir, se desarrolla de lo simple a lo complejo, de lo
particular a lo general, de lo pequeño a lo grande y parte sobre todo, de la sistematización
de la experiencia adquirida sometiéndola a la rigurosidad científica, alcanzando nuevos
conceptos en consonancia con la realidad, comprobándolos en la práctica social, ejercida
por miles de hombres y mujeres organizados en los Comité de Tierras Urbanas; conceptos
dirigidos a alcanzar la justicia social a favor de los explotados y excluidos de siempre.
La historia formal de esta Ley arranca en el 2002 con el Decreto 1666 que establece la
necesidad de regularizar la tenencia de la tierra en los asentamientos urbanos populares.
Nos referimos a la historia formal, porque en realidad la historia de esta Ley la
encontraremos al hurgar en nuestro pasado. Comenzó el sufrimiento de estos pueblos aquel
12 de octubre de 1492, cuando el invasor europeo grito: “¡tierra, tierra, tierra!” dando inicio
de esta manera a la opresión y generando la resistencia a la dominación colonial.
El decreto 1666 estableció las bases del proceso de regularización, interpretando el
mismo con una visión integral, promoviendo el desarrollo de asentamientos urbanos y
humanos equilibrados en armonía con el ambiente, trabajando por la creación de espacios
dignos e incorporando a los barrios y urbanizaciones populares a la ciudad, teniendo como
meta la superación de los desequilibrios económicos, la diferencia en la dotación de
servicios e infraestructura y dando pasos para hacer realidad el Derecho a la tierra como
asiento del hogar. Establece el Decreto 1666, la organización comunal como factor esencial
en el proceso de regularización; conservando estos principios, se promulga en el 2006 la
Ley Especial de Regularización Integral de la Tenencia de la Tierra de los Asentamientos
Urbanos Populares aprobada por la soberanísima Asamblea Nacional. Ahora bien, ¿Qué ha
ocurrido con la aplicación de este Decreto Presidencial y esta Ley de la República?
Consideramos que se han dado importante pasos en su aplicación, regularizándose hasta el
presente, aproximadamente 350.000 parcelas, beneficiando a un número cercano de
420.000 familias, construyendo bajo el amparo de estos instrumentos legales mas de 5.000
Comités de Tierras Urbana en todo el país, sin embargo, no podemos estar satisfechos del
todo y requerimos “REVISAR” las causas del atraso significativo que presentamos en
materia de regularización, “RECTIFICANDO” los errores, superando las dificultades y
venciendo los obstáculos, “REIMPULSANDO” el proceso de regularización con mayor
fuerza y vigor imprimiéndole al mismo un sentido de grandiosidad histórica; creador y
generador de la conciencia y la organización popular, impulsor de valores, como la
solidaridad, el bien común, el sentido colectivo, el trabajo voluntario, en fin, inscribir el
proceso de regularización en un acto que no sólo transforme las precarias condiciones
materiales de existencia de nuestro pueblo, sino, que sea al mismo tiempo un motor que
encienda la NUEVA CONCIENCIA SOCIAL: LA CONCIENCIA SOCIALISTA.
Hemos estructurado la ley atendiendo a principios pedagógicos de técnicas legislativas
dirigidos a hacerla más comprensible y facilitar su aplicación, simplificando
procedimientos y tramites, desburocratizando el proceso de regularización, otorgándole
carácter protagónico y vital a la acción de los Comités de Tierras Urbana, reafirmando el
objeto de la misma: el cual es ordenar y regularizar la tenencia de la tierra en los
asentamientos urbanos populares, ampliando el derecho a todas las familias que habiten en
él independientemente de su condición Jurídica.
Se garantiza la función y uso social de la tierra urbana, prohibiendo toda acción
especulativa referente a ella, y en consecuencia, se declara de utilidad pública e interés
social los fines previsto en esta Ley, afectando el conjunto de tierras públicas y privadas
ubicadas dentro de las poligonales que definen el Asentamiento Urbano Popular.
Se reafirma la participación y el protagonismo popular de las comunidades organizadas
en Comités de Tierra Urbana como expresión del poder popular, poder originario, del poder
constituyente y como condición indispensable sin la cual no hay regularización posible.
Se protege a la propiedad familiar y se garantiza el derecho de los más débiles: niños,
niñas, adolescentes, mujeres, ancianos y ancianas.
Se establece con claridad la responsabilidades en el proceso de regularización de las
diversas instituciones estadales, abarcando los terrenos Públicos Nacionales, Estadales y
Municipales y extendiendo el proceso de regularización a las tierras privadas, a través de un
mecanismo sencillo justo, ágil y apegado a la ley.
Se transforma la Oficina Nacional De Tierra Urbana en un Instituto Publico el cual
tendrá la rectoría en el proceso de regularización tanto de tierras públicas como
privadas.
Se define con mayor claridad el concepto y atribuciones propias de los Comités de
Tierras Urbanas, otorgándole cualidad jurídica para los fines previsto en esta Ley. Se señala
de manera inequívoca el modo de constitución de los Comités de Tierras Urbanas,
conservando su espíritu democrático, participativo y protagónico como principio rectores.
Se inscribe el proceso de regularización dentro del ordenamiento general, necesario a
impulsar en los Asentamientos Urbanos Populares, dejando claro, que el plan de
ordenamiento urbano básico, esta contenido en la carta del barrio, la cual adquiere gran
importancia al convertirse en la norma que orienta el proceso de reordenamiento material,
moral y espiritual de las comunidades.
En cuanto a las prohibiciones de regularización por razones que pongan en riesgo la
seguridad y vida de las familias que habitan en los Asentamientos Urbanos Populares, se
establece la persuasión, el convencimiento y el reconocimiento del derecho a la tierra en el
mismo asentamiento o en otra comunidad urbana o rural, todo ello de manera concertada y
acordada con la familia y el comité de tierra.
Se crea el Banco Nacional de Tierras Urbanas, órgano adscrito al Instituto Publico cuyo
objeto será satisfacer y garantizar el derecho a la tierra a todas las familias que habiten en
los asentamientos urbanos populares. Quedando incorporadas al inventario de este banco
todos los terrenos que formen parte del Asentamiento Urbano Popular con el objeto de
garantizar el derecho a la tierra de todas las familias que habitan en los asentamientos
urbanos populares.
Se reafirma el programa nacional de regularización a través de planes anuales cuya
supervisión, control y ejecución descansará de manera concertada entre la institución y los
Comités de Tierras Urbanos otorgando títulos de permanencia o de adjudicación, en
propiedad familiar o colectiva.
Se reconoce el catastro popular, el cual será validado por el Instituto Publico o las
oficinas Municipales. De seguida se establece un procedimiento fácil y sencillo que debe
culminar con la entrega de la titularidad de la tierra a la familia o comunidad beneficiada,
garantizando la celeridad y la eliminación de trámites innecesarios, dándole prioridad al
contenido y la justicia sobre formalidades y apariencias. Se acuerda un sistema novedoso
para la regularización de las tierras privadas, estableciendo como una de las condición
suficiente, cinco (05) años de ocupación, garantizando la defensa a quienes se sientan con
derecho sobre el asentamiento objeto de regularización y dejando abierta la posibilidad de
quien se considere afectado por la decisión tomada por el Instituto Publico como órgano
administrativo, pueda apelar de la misma ante un tribunal contencioso administrativo.
En líneas generales, estos son los cambios operados con esta reforma. Los mismos
persiguen desentrabar el proceso de regularización, convirtiéndolo con la conciencia,
organización comunal y la voluntad política de las instituciones en una realidad, eliminando
de esta manera, el “latifundio urbano” en barrios y urbanizaciones populares, que por su
naturaleza es contrario al interés colectivo y perturba la paz, la tranquilidad y la concordia
en los Asentamientos Urbanos Populares. NO HABRÁ DERECHO A LA CIUDAD, A LA
CIUDADANÍA, A LA VIVIENDA SINO EXISTE EL DERECHO PRIMARIO,
DERECHO HUMANO: EL DERECHO A LA TIERRA.
LEY ESPECIAL PARA LA REGULARIZACIÓN INTEGRAL Y ORDENAMIENTO DE
LA TENENCIA DE LA TIERRA EN LOS ASENTAMIENTOS URBANOS POPULARES
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Objeto
Artículo 1. La presente ley especial tiene por objeto ordenar y regularizar el proceso de la
tenencia de la tierra ocupada por la población en los asentamientos urbanos populares, la
satisfacción progresiva del derecho a la tierra urbana, vivienda y hábitat, dando prioridad a las
familias en condición de vulnerabilidad social, y así consolidar los asentamientos urbanos
populares ya existentes, de manera digna, equitativa y sostenible, mediante un proceso de
cogestión integral con el Estado.
Ámbito de aplicación
Artículo 2. La presente ley especial regula y ordena los asentamientos urbanos populares que
ocupen tierras públicas o privadas, en barrios y urbanizaciones populares, en núcleos urbanos o
periurbanos, pueblos, caseríos, aldeas, y en áreas de urbanismo progresivo, donde están
constituidos sus hogares, construidas sus viviendas o bienechurías, a quienes siendo poseedores
o poseedoras de la tierra, no les ha sido garantizado el derecho a la propiedad de la tierra urbana.
Función Social
Artículo 3. El Estado garantizará la función y uso social de la tierra urbana. A tales efectos:
1. Queda prohibida toda acción especulativa con respecto a la renta de la tierra urbana en los
asentamientos urbanos populares.
2. Todas las tierras públicas y privadas, urbanas y urbanizables existentes dentro de las
poligonales que definan los asentamientos urbanos populares, quedan afectadas al proceso de
regularización de la tenencia de la tierra, en los términos establecidos en esta Ley Especial.
3. El Instituto Publico para la Regularización Integral y Ordenamiento de la Tenencia de la
Tierra en los Asentamientos Urbanos Populares, dependencias regionales adscritas al mismo
y la Oficina Municipal de Tierras Urbanas, según fuere el caso, de manera conjunta con el
Comité de Tierras Urbanas podrá rescatar la parcela asignada en los términos previstos en
esta ley, cuando su uso contravenga la misma, a través de un proceso breve, de carácter
administrativo el cual se podrá iniciar a solicitud de la organización comunal, o de oficio,
garantizando el debido proceso, concluyendo con el dictamen respectivo, el proyecto de
resolución motivada y la ocupación del inmueble. La parcela recuperada será transferida a la
comunidad para uso de interés social en beneficio del colectivo o de las familias necesitadas
de la misma. Esta decisión podrá ser apelada en un tribunal contencioso administrativo.
Principios
Artículo 4. La presente Ley Especial es de naturaleza social, tiene carácter estratégico y
condición no lucrativa, se rige por los principios rectores del derecho humano a la tierra, vivienda
y hábitat, tales como: progresividad, justicia social, seguridad jurídica, cogestión, democracia
participación, solidaridad, equidad, corresponsabilidad, organización, sostenibilidad y tolerancia,
de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Utilidad pública e interés social
Artículo 5. Se declara de utilidad pública e interés social todo lo concerniente a los fines
previstos en la presente Ley.
De la participación
Artículo 6. La presente Ley Especial promoverá la participación protagónica, cooperación activa,
democrática, deliberante, autogestionaria, corresponsable y organizada, de todas las familias que
habitan en los asentamientos urbanos populares, fortaleciendo el Poder Popular, a través de los
Comités de Tierra Urbana integrándose una vez constituidos a los Consejos Comunales.
Asumiendo el trabajo voluntario en el proceso de regularización de la tenencia de la tierra,
ratificando el compromiso de vida comunitaria, la contribución a la satisfacción progresiva del
derecho a la tierra urbana, vivienda y hábitat, la transformación integral de su entorno y la
inserción de su asentamiento a la trama urbana, como expresión de la lucha de los barrios por el
derecho a la ciudad.
Propósitos y valores
Artículo 7. Los propósitos y valores de la presente ley especial son: la dignificación de la familia
y la comunidad, el desarrollo urbano integral, el estímulo para el trabajo voluntario como
expresión del deber social, el interés colectivo como eje de la participación, la incorporación
armónica y democrática a la planificación comunal y local y el respeto a la diversidad e identidad
de las comunidades.
Interés superior de los niños, niñas y adolescentes
Artículo 8. Se protege la propiedad familiar tanto en las uniones de derecho como en las uniones
estables de hecho, y en caso de existir conflicto de intereses entre los padres y las madres que
habiten con sus hijos e hijas, la regularización de la tenencia de la tierra deberá atender al
principio de protección del interés superior del niño, niña y adolescente previsto en la ley que rige
la materia.
Prioridad de las familias para el acceso a las políticas sociales
Artículo 9. El Estado dará prioridad a las familias y garantizará los medios para que éstas y
especialmente las de escasos recursos, puedan hacer efectivo el derecho a la tierra a través de las
políticas sociales definidas en la presente ley, créditos para la adquisición, construcción o
ampliación de viviendas en los asentamientos urbanos populares. Se consideran beneficiarios y
beneficiarias de la presente ley especial todas las familias que habitan los asentamientos urbanos
populares: venezolanos y venezolanas, extranjeros y extranjeras residentes en el país, con las
limitaciones que establezcan las leyes de la República.
Protección del hogar
Articulo 10. Toda persona tendrá derecho a la protección de su hogar, el de su familia,
declarándolo como vivienda principal antes los órganos del poder popular: Comité de Tierras
Urbanas o Consejo Comunal, en consecuencia, contra el no podrán acordarse ni ejecutarse
medidas preventivas o ejecutivas de carácter judicial atendiendo principalmente a los mandatos
establecidos en la presente ley especial.
TÍTULO II
ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
Capítulo I
De la coordinación entre los distintos niveles político territoriales
Coordinación
Artículo 11. El Estado regularizará la tenencia de la tierra en los asentamientos urbanos
populares, con fundamento en el principio de colaboración, solidaridad, concurrencia,
coordinación , cooperación y corresponsabilidad de los diferentes niveles políticos territoriales,
de la forma siguiente:
1. El Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio con competencia en materia de tierras urbanas
por órgano del El Instituto Publico para la Regularización Integral y Ordenamiento de la
Tenencia de la Tierra en los Asentamientos Urbanos Populares tendrá la competencia para
el otorgamiento de los títulos de adjudicación en las tierras públicas nacionales y el
otorgamiento del título de permanencia en los terrenos privados, de conformidad con esta
Ley.
2. El Poder Público Estadal tendrá la competencia correspondiente al otorgamiento de los
títulos de adjudicación de las tierras públicas estadales en coordinación con El Instituto
Publico para la Regularización Integral y Ordenamiento de la Tenencia de la Tierra en los
Asentamientos Urbanos Populares, a través de su dependencia estadales.
3. El Poder Público Municipal, a través de la Oficina Técnica Municipal para la Regularización
de la Tenencia de la Tierra Urbana, tendrá la competencia correspondiente en el
otorgamiento de los títulos de adjudicación de las tierras públicas municipales.
Capítulo II
El Instituto Publico para la Regularización Integral y Ordenamiento de la Tenencia de la
Tierra en los Asentamientos Urbanos Populares
Creación
Artículo 12. Se crea el Instituto Publico para la Regularización Integral y Ordenamiento de la
Tenencia de la Tierra en los Asentamientos Urbanos Populares el cual dependerá
jerárquicamente del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de tierras urbanas
y tendrá la organización, estructura y funcionamiento que se determine en su respectivo
Reglamento Interno. de acuerdo la ley que regula la materia.
Objetivos
Artículo 13. El Instituto Publico para la Regularización Integral y Ordenamiento de la Tenencia
de la Tierra en los Asentamientos Urbanos Populares, tiene como objetivo servir como ente
rector y ejecutor de las políticas públicas, dirigidas a la satisfacción del derecho a la tierra urbana
en los asentamientos urbanos populares, mediante:
1. La regularización integral de la tenencia de la tierra en los asentamientos urbanos populares y
consolidación de los asentamientos urbanos populares ya existentes.
2. El acceso a la tierra urbana de las familias que ocupan bienechuría de las cuales no son
propietarios.
3. Otras iniciativas que en materia de tierras urbanas apruebe el Ministerio del Poder Popular
con competencia en la materia, como órgano encargado de la administración y disposición de
las tierras urbanas propiedad de la República por intermedio de este instituto en
asentamientos urbanos populares.
Atribuciones
Artículo 14. El Instituto Publico para la Regularización Integral y Ordenamiento de la Tenencia
de la Tierra en los Asentamientos Urbanos Populares tendrá las atribuciones que se señalan a
continuación:
1. Elaborar y ejecutar el Plan Nacional de Regularización de la Tenencia de la Tierra urbana en
correspondencia con los lineamientos definidos por el Ministerio del Poder al cual esta
Adscrito.
2. Coordinar con los órganos que componen el sistema de vivienda y hábitat las políticas, planes
y proyectos que adelanta la institución.
3. Estimular la participación ciudadana, mediante la conformación de los Comités de Tierra
Urbana, para iniciar el proceso integral de regularización de la tenencia de la tierra en sus
asentamientos urbanos populares.
4. Consultar, cuando sea el caso, a las instancias de articulación y redes de los Comités de Tierra
Urbana para el diseño y ejecución de políticas públicas relativas a esta ley.
5. Prestar asesoría jurídica, apoyo y asistencia legal a los Comités de Tierra Urbana,
Organizaciones Integrales de Vivienda y Hábitat, y colectivos vinculados al sector vivienda,
cuando éstos lo soliciten o en casos de violación del derecho a la tierra y vivienda.
6. Realizar el registro de los asentamientos urbanos populares.
7. Realizar la inscripción y registro de los Comités de Tierra Urbana.
8. Proponer al órgano de adscripción dictar normas y procedimientos para la organización y
coordinación interinstitucional y social necesarios para la regularización integral de la
tenencia de la tierra en los asentamientos urbanos populares, sin menoscabo de lo previsto en
el ordenamiento jurídico vigente.
9. Acopiar y estudiar información sobre la situación de la propiedad y tenencia de la tierra en los
asentamientos urbanos populares.
10. Declarar la prescripción adquisitiva cuando se trate de tierras privadas, previa tramitación del
procedimiento establecido en la presente ley.
11. Brindar asesoría y formación para el catastro popular.
12. Brindar los medios necesarios en los programas de formación de los Comités de Tierra,
Consejos Comunales y otras organizaciones comunales.
13. Brindar asesoría y asistencia técnica al Poder Público Estadal y Municipal en las materias de
su competencia.
14. Solicitar a los organismos y entes de la Administración Pública Nacional y de sus entes
descentralizados, la realización de estudios, informes, evaluaciones, registros y cualquier otra
actuación necesaria para el cumplimiento del objeto de la presente Ley.
15. Oficiar a las oficinas de registro subalterno, cuando exista omisión o negativa de las oficinas
o direcciones de Catastro Municipal que no reconozcan el catastro popular, a los efectos de
darle curso al otorgamiento de los títulos de adjudicación de conformidad con lo dispuesto en
esta ley.
17. Emitir certificados de construcción de bienhechuría en los asentamientos urbanos populares
donde esté en curso el proceso de regularización de la tenencia de la tierra, salvo las
restricciones establecidas en la presente ley.
18. Presentar informes periódicos de la gestión realizada ante el Ministerio del Poder Popular
con competencia en la materia de tierras urbanas.
19. Rendir anualmente cuenta pública de la gestión realizada ante los comités de tierras urbanas.
20. Crear y administrar el Banco de Tierras Urbanas en asentamientos urbanos populares.
21. Constituir o ser beneficiario de fideicomisos.
22. Someter al Ministerio del Poder Popular con competencia en la materia de tierras urbanas la
declaratoria de reservas de terrenos para el desarrollo de urbanizaciones populares, nuevas
comunidades, pueblos o ciudades comunales en los asentamientos urbanos populares.
23. Someter a la aprobación del Ejecutivo Nacional la promulgación de los estándares,
referencias y procedimientos para el avalúo de tierras reguladas en esta Ley.
24. Las demás establecidas en la presente Ley y las que le sean encomendadas por el Ejecutivo
Nacional.
Autonomía de Gestión
Artículo 15. La autonomía de gestión del el Instituto Publico para la Regularización Integral y
Ordenamiento de la Tenencia de la Tierra en los Asentamientos Urbanos Populares comprende
la planificación, programación, coordinación, seguimiento y control técnico de los programas,
proyectos y actividades en las materias cuya competencia tiene atribuidas, sin menoscabo de la
vinculación y coordinación necesarias con otras dependencias del Ministerio del Poder Popular
con competencia en la materia de tierras urbanas, con los gobiernos regionales y municipales y
los demás entes de la Administración Pública Nacional.
Dirección
Artículo 16. La Dirección del Instituto Publico para la Regularización Integral y Ordenamiento
de la Tenencia de la Tierra en los Asentamientos Urbanos Populares estará a cargo de una Junta
Directiva, integrada por un Presidente o Presidenta y cuatro miembros principales con sus
respectivos suplentes, los cuales serán de libre nombramiento y remoción por el Ministro del
Poder Popular con competencia en la materia. Un principal y su suplente serán designados previa
postulación realizada por los Comités de Tierras Urbanas, a través de sus instancias de
coordinación y decisión, según el reglamento previsto en la Ley.
La Junta Directiva podrá sesionar y adoptar decisiones con la asistencia de tres de sus miembros,
siempre con la asistencia del Presidente o la Presidenta.
Funciones de la Junta Directiva
Artículo 17. La Junta Directiva tendrá las siguientes funciones:
1. Orientar la política del Instituto.
2. Impulsar el proceso de regularización de la tenencia de la tierra en los asentamientos urbanos
populares.
3. Analizar y aprobar el Proyecto de Presupuesto y el Plan Operativo Anual presentado por el
Presidente y someterlo a consideración del órgano de adscripción.
4. Estudiar y decidir sobre el Informe y Cuenta del ejercicio anual que debe presentar el
Presidente.
5. Conocer de las reglamentaciones para la organización interna del Instituto y hacer las
recomendaciones que juzgare convenientes.
6. Vigilar el funcionamiento del Instituto.
7. Formular las recomendaciones que juzgare conveniente para la organización interna y la
buena marcha del Instituto.
8. Ejercer la supervisión de los bienes, recursos y operaciones financieras del Instituto.
9. Aprobar su reglamento interno.
10. Garantizar el avance del proceso de regularización de la tenencia de la tierra en los
asentamientos urbanos populares.
11. Las demás que le señalen esta ley y su reglamento interno y el ordenamiento jurídico
aplicable.
Funciones del Presidente o Presidenta del Instituto Publico para la Regularización Integral y
Ordenamiento de la Tenencia de la Tierra en los Asentamientos Urbanos Populares
Artículo 18. El Presidente o Presidenta del El Instituto Publico para la Regularización Integral y
Ordenamiento de la Tenencia de la Tierra en los Asentamientos Urbanos Populares tendrá las
siguientes funciones:
1. representar a la junta directiva
2. Dirigir el Instituto Publico para la Regularización Integral y Ordenamiento de la Tenencia de
la Tierra en los Asentamientos Urbanos Populares
3. Suscribir los actos y documentos relacionados con materias de su competencia
4. Administrar los recursos económicos que le sean asignados al Instituto.
5. Coordinar la ejecución de los programas de trabajo del Instituto con la comunidad
organizada, los organismos públicos y privados con injerencia en los mismos.
6. Celebrar convenios con organismos públicos o privados, nacionales o internacionales de
acuerdo al ordenamiento jurídico vigente y con la probación del órgano de adscripción, para
la ejecución de planes, programas y proyectos.
7. Formular el proyecto de presupuesto anual, de conformidad con las previsiones legales
correspondientes.
8. Ajustar la remuneración del personal del Instituto de acuerdo a las disposiciones legales en
la materia y atendiendo a los principios de austeridad y de equidad.
9. Celebrar los contratos de trabajo y de servicios del personal que requiera el Instituto para su
funcionamiento, de acuerdo al Reglamento Interno atendiendo a una rigurosa selección
priorizando la calidad sobre la cantidad.
10. Administrar los bienes muebles e inmuebles que sean asignados al Instituto.
11. Elaborar anualmente la memoria y cuenta.
12. Cualquier otra que le delegue el Ejecutivo Nacional, la Junta Directiva y el órgano del
adscripción.
Recursos
Artículo 19. El Instituto Publico Nacional de tierras Urbanas contará para el cumplimiento de sus
objetivos con los fondos siguientes:
1. Los aportes asignados en la Ley de Presupuesto.
2. Los recursos que se le asignen provenientes del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat.
3. Los recursos extraordinarios que aporte el Ejecutivo Nacional.
4. Los provenientes de convenios locales, regionales, nacionales e internacionales, con entidades
públicas o privadas.
5. Los ingresos provenientes por el uso y goce de sus bienes, instalaciones, servicios y
operaciones.
6. Cualquier otro permitido por leyes y reglamentos.
Control Interno
Artículo 20. Se crea una unidad de control, auditoría y fiscalización interna como lo establece el
numeral 4 del artículo 26 de la Ley Orgánica de Contraloría General de la República y del
Sistema de Control Fiscal, sin menoscabo de las acciones que ejercerá la Contraloría General de
la República Bolivariana de Venezuela en las funciones de control, vigilancia y fiscalización de
los ingresos, gastos y bienes públicos del Instituto Publico, como órgano del Estado de
conformidad con la Ley que regula la materia.
Apoyo Institucional
Artículo 21. Los organismos de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal
sujetarán su actuación a las directrices que establezca el Instituto Publico para el desarrollo del
proceso de regularización de la tenencia de la tierra ocupada por la población en los
asentamientos urbanos populares y consolidación de los asentamientos urbanos populares ya
existentes; en tal sentido, prestarán todo el apoyo institucional, técnico y logístico requerido para
el mejor desempeño de sus funciones.
Capítulo III
De las Oficinas Municipales de Tierras
Creación de las Oficinas Técnicas Municipales para la Regularización de la Tenencia de la
Tierra urbana
Artículo 22 Los concejos municipales sancionarán las ordenanzas que crean las Oficinas
Técnicas Municipales para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana de los
asentamientos urbanos populares en su respectiva jurisdicción y normarán el proceso de
adjudicación de los ejidos, conforme con lo dispuesto en la presente ley y demás disposiciones
del ordenamiento jurídico vigente.
TÍTULO III
DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL
De los Comités de Tierras Urbanas
Articulo 23. Los comités de tierra urbanas es la organización comunal, social y política
incorporados al consejo al comunal. Forman parte del poder popular y tienen como objetivo
participar en la formulación, formación y ejecución de las políticas publicas en materia de tierras
urbanas en los asentamientos urbanos populares, guiados por los principios de la solidaridad,
justicia, igualdad, democracia, responsabilidad social y trabajo voluntario.
Constitución de los Comités
de Tierra Urbana
Artículo 24. Los Comités de Tierra Urbana serán constituidos en las comunidades de cada barrio,
urbanizaciones populares o sus sectores y asentamientos ubicados en condiciones que ameriten
un tratamiento especial teniendo un origen común y con una extensión físico-espacial no mayor
de cuatrocientas (400) viviendas e identificado con una denominación de común aceptación,
según lo establecido en la presente ley.
Funciones
Artículo 25. Los Comités de Tierra Urbana tendrán por función, impulsar y coadyuvar a la
realización de la regularización integral y ordenamiento de la tenencia de la tierras, ejecutar las
actuaciones necesarias en función de los intereses de la comunidad para que se reconozca la
propiedad social o familiar, de conformidad con lo establecido en el esta ley, ya sea por
usucapión o por adjudicación, bajo los principios del Estado Social de Derecho y de Justicia. El
Comité de Tierra Urbana tendrá las siguientes atribuciones:
1. Adelantar todas las acciones necesarias para el avance del proceso de regularización y
ordenamiento de la tenencia de la tierra en los asentamientos urbanos populares, conforme a
lo establecido en esta ley.
2. Promover la adopción de decisiones por parte de la comunidad bajo los principios de la
democracia y mantenerla informada permanentemente.
3. Crear comisiones auxiliares que faciliten la ejecución eficaz y eficiente de su funciones.
4. Ejecutar las decisiones aprobadas por la comunidad en materia de regularización y
ordenamiento de tierras urbanas.
5. Proponer las poligonales de los asentamientos urbanos populares.
6. Elaborar, con la participación de la comunidad, la Carta del Barrio.
7. Elaborar el registro inicial de parcelas y usos de los asentamientos urbanos populares.
8. Elaborar el registro inicial de propietarios o propietarias y poseedores o poseedoras de
parcelas, vivienda, edificaciones y bienhechurías en los asentamientos urbanos populares,
en coordinación con los órganos competentes.
9. Realizar el censo de familias que estén en condición de: damnificados por perdida total de
sus viviendas a consecuencia de catástrofes; familias en condición de riesgo calificadas por
las autoridades de protección civil; familias en condición de hacinadas, arrimadas, nuevas
parejas sin constituirse en familia; familias en condición de alquiladas; familias que ocupan
viviendas ubicadas en áreas destinadas a corredores de servicios públicos, tales como
acueductos, redes de electricidad, gasoductos, oleoductos, redes de aguas servidas,
carreteras, así como áreas destinadas para infraestructuras, servicios, áreas de recreación y
otras que determinen los planes de ordenamiento urbano.
10. Promover la organización de las familias referidas en el numeral anterior en Organizaciones
Comunales Integrales de Vivienda y Hábitat para la satisfacción de sus necesidades de
vivienda y hábitat dentro de la poligonal de la comunidad o en otros terrenos ubicados en la
misma parroquia, municipio o Estado.
11. Certificar la información recaudada y analizada sobre la situación de la propiedad y
tenencia de las parcelas de la poligonal respectiva.
12. Promover la creación de otros Comités de Tierras Urbanas, así como de instancias de
articulación comunal, locales, regionales y nacionales, siempre conservando el carácter
democrático en la toma de decisiones y acuerdos.
13. Elaborar el plan de ordenación urbano básico de los asentamientos urbanos populares, en
coordinación con los órganos competentes.
14. Coordinar con el Instituto Publico y demás organismos competentes las acciones
conducentes a la regularización de la tenencia de la tierra.
15. Participar coordinadamente con el Ministerio del Poder Popular con competencia en la
materia de tierras urbanas en el diseño de políticas públicas en materia de tierras, vivienda
y hábitat en los asentamientos urbanos populares.
16. Proponer las áreas no modificables en el ordenamiento básico comunal a ser suscrito y
aprobado por la comunidad.
17. Proponer las áreas vecinales o comunales destinadas al uso público, tales como plazas,
veredas, caminos, desagües, depósitos de basura, áreas de recreación, cultura y deporte,
producción colectiva, nuevas viviendas, previa aprobación por la asamblea de ciudadanos y
ciudadanas de la comunidad.
18. Realizar todas las consultas que fueren necesarias para mantener informada a la comunidad
de los asentamientos urbanos populares.
19. Presentar la documentación necesaria ante los organismos competentes a los fines de la
regularización.
20. Estimular la creación de ciudades comunales en el ámbito de los asentamientos urbanos
populares como la unidad político primaria de la organización territorial de los mismos,
integrada por áreas o extensiones geográficas denominadas comunas. Las comunas serán las
células sociales del territorio en asentamientos urbanos populares conformadas por las
comunidades que compartan un interés y espacio común, constituyéndose en el núcleo
espacial básico e indivisible del Estado democrático, social de derecho y de justicia
venezolano donde los ciudadanos y ciudadanas comunes tendrán el poder para construir su
propia geografía y su propia historia. Todo ello dentro de los asentamientos urbanos
populares
21. Planificar y ejecutar planes y proyectos de transformación integral del hábitat, en
coordinación con los órganos competentes.
22. Designar de su seno los voceros y voceros al Consejo comunal, previa aprobación de la
asamblea de ciudadanos y ciudadanas
23. Participar, conjuntamente con otros comités u organizaciones comunales de base, en la
planificación y ejecución de planes y proyectos de transformación física de su
asentamiento, de manera autogestionaria o cogestionaria, según lo establecido en la Ley del
Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat.
24. Cumplir funciones de contraloría social en coordinación con otras organizaciones de base
con respecto a las políticas públicas relacionadas con los asentamientos urbanos populares.
25. Incentivar la participación protagónica de los y las integrantes de los Comités de Tierra
Urbana en la actividad que realicen los consejos comunales.
26. Propiciar la participación y articulación de los Comités de Tierras Urbana con otras
organizaciones locales, parroquiales, municipales, regionales, nacionales e internacionales.
27. Otras que le señalen las demás leyes reglamentos y el ordenamiento jurídico vigentes.
Del Comité Promotor
Artículo 26. La Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas de cada comunidad elegirá a las personas
de la comunidad para conformar el comité promotor del Comité de Tierra Urbana. En aquellas
comunidades que no sean constituidos Asambleas de Ciudadanos y Ciudadanas, las personas que
tengan la iniciativa de crear el Comité de Tierra Urbana en su ámbito geográfico podrán
conformarse en una Comité promotor. El objetivo de la Comité promotor será incentivar a los
ciudadanos y ciudadanas de la comunidad a integrar el Comité de Tierra Urbana. La Comisión
Organizadora tendrá las siguientes funciones:
1. Convocar a la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas para la constitución del Comité en un
lapso no mayor de diez (15) días contados a partir de su constitución.
2. Difundir entre los habitantes de la comunidad el alcance, objeto y fines del Comité de Tierra
Urbana.
3. Hacer del conocimiento de la comunidad todo lo relativo a la elección de los voceros y las
voceras del Comité de Tierra Urbana.
4. Realizar el censo de los habitantes dentro de la poligonal de la comunidad para elaborar el
registro electoral.
5. Convocar a los pobladores del asentamiento urbano popular, mediante medios de información
comunal, avisos y escritos colocados en sitios públicos, a fin de postular a los aspirantes a
voceros y voceras del Comité de Tierra Urbana.
6. Organizar y llevar a cabo el proceso de elección de los voceros y las voceras del Comité de
Tierra Urbana.
7. Proclamar y juramentar a los integrantes del Comité de Tierra Urbana.
8. Levantar el acta del proceso de elección y sus resultados.
Asamblea Constitutiva del Comité
Artículo 27. El Comité de Tierra Urbana se constituirá en una Asamblea de Ciudadanos y
Ciudadanas, convocada por el Comité organizador. La Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas
para constituir el Comité, deberá contar por lo menos con un cincuenta por ciento más uno o una
de los habitantes mayores de quince (15) años del asentamiento urbanos populares; si no se
lograre esta asistencia se realizará otra convocatoria, con un intervalo no menor de tres días, la
cual se constituirá con una asistencia no menor al treinta por ciento de los habitantes mayores de
quince (15) años de los asentamientos urbanos populares, dejándose constancia en acta.
Cada asamblea podrá resolver las formas particulares de organización de su Comité de Tierra
Urbana, atendiendo a sus tradiciones y costumbres, siempre y cuando se inscriba en los principios
constitucionales de democracia participativa y protagónica y demás parámetros legales sobre la
materia. El ciudadano o ciudadana de mayor edad o quien designe la asamblea procederá a
presidir la asamblea y coordinara por mandato de la misma la elección de los voceros y voceras
procediendo a la juramentación de estos una vez realizada la elección. Los voceros o voceras
electos tendrán la responsabilidad de levantar el acta de dicha Asamblea.
Los voceros y voceras del comité de tierra urbana tendrán carácter ad honorem y serán electos y
electas, previa postulación en la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas. Durarán dos (2) años en
sus funciones; podrán ser reelectos y podrán ser revocados a partir de la mitad del periodo del
ejercicio de sus funciones. Para la reelección y revocación se convocara a la asamblea de
ciudadanos y ciudadanas. Para la actualización del registro se requiere de la aprobación de la
Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas.
Del registro de los Comités de Tierras Urbanas
Artículo 28. Los Comités de Tierras Urbanas deberán inscribirse en el Registro de los
Asentamientos Urbanos Populares que será llevado por el Instituto Publico y sus dependencias
regionales para lo cual harán entrega de los estatutos y acta constitutiva aprobados por la
Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas.
La inscripción del Comité de Tierras Urbanas en el Registro de los Asentamientos Urbanos
Populares llevado por el Instituto Publico, les reviste de personalidad jurídica para todos los
efectos relacionados con la presente Ley.
De las comisione de trabajo
Artículo 29. Los Comités de Tierra Urbana crearan comisiones de trabajo acordes a los planes,
proyectos y acciones contempladas por la comunidad en el marco de la constitución y la presente
Ley.
TÍTULO IV
DEL ORDENAMIENTO URBANO BÁSICO
Adaptación del urbanismo
Artículo 30. Los aspectos normativos del urbanismo, uso de espacios y restricciones,
dimensiones, vialidad, el crecimiento horizontal y vertical, las construcciones y sus
modificaciones, la densificación, entre otras variables urbanas al interior del asentamiento,
deberán ser adaptadas a la realidad del mismo, a la calidad de vida de sus habitantes, a sus
potencialidades de desarrollo urbanístico y a la sostenibilidad y sustentabilidad del ambiente.
Ordenación de la ocupación
Artículo 31. La ordenación de la ocupación de la tierra está vinculada con los planes integrales
de cogestión urbana y ordenamiento territorial, dentro de la visión integral de tenencia, riesgo
natural, usos, infraestructura, servicios, sostenibilidad y equidad del asentamiento.
Plan de Ordenación Urbano Básico
Artículo 32 A los efectos de la regularización integral de la tenencia de la tierra y el posterior
desarrollo urbanístico, el esquema establecido en el Plan de Transformación Integral de la Carta
del Barrio constituye su plan de ordenación urbano básico.
El Plan de Transformación Integral será reconocido por el Poder Público a los fines de su
inscripción en el Registro Inmobiliario de la jurisdicción correspondiente, y es condición
suficiente para producir su parcelamiento.
Las modificaciones del Plan de Transformación Integral que afecten a más del veinte por ciento
de la comunidad o a una porción significativa de su espacio urbano, requerirán de la aprobación
del cincuenta por ciento mas uno de los participantes en la Asamblea de Ciudadanos y
Ciudadanas promovida por el Comité de Tierra Urbana.
Reubicación
Artículo 33. El Estado procederá a la reubicación de la comunidad, reconociendo el derecho a la
tierra urbana, mediante la adjudicación de un lote de tierra en el mismo asentamiento, en otra
comunidad urbana o rural, en nuevos asentamientos o en una parcela agrícola, a aquellas familias
que deban ser reubicadas en los asentamientos urbanos populares por estar ubicadas en zonas de
riesgo o dentro de los supuestos contenidos en artículo 24 numeral 9 de la presente Ley.
En todos estos casos, el Estado dará prioridad a intervenciones correctivas y de rehabilitación; en
caso de necesidad perentoria de reubicación y relocalización, se preservarán los vínculos
familiares y comunales. Para este y otros casos, se preservará el sentido comunal y favorecerá el
derecho a vivir en comunidad. Asimismo, el Estado garantizará, de manera concertada con las
familias organizadas, el acceso a la tierra, la asistencia técnica, los medios económicos y
materiales para la creación de estas nuevas comunidades.
A los efectos establecidos en este artículo, los beneficiarios del proceso de reubicación podrán
constituirse en Comités de Tierras.
TÍTULO V
DEL BANCO NACIONAL DE TIERRAS URBANAS
Creación del Banco de Tierras Urbanas
Articulo 34. A los efectos de garantizar la satisfacción del derecho a la tierra urbana se creará el
Banco Nacional de Tierras Urbanas para los asentamientos urbanos populares. Su creación,
funcionamiento y competencias estarán determinados por esta Ley y su reglamento.
Levantamiento del inventario de tierras urbanas y urbanizables
Artículo 35. A los efectos de la creación del Banco Nacional de Tierras, el Instituto Publico,
conjuntamente con el Instituto Geográfico Simón Bolívar y demás instituciones públicas
nacionales, así como las direcciones de catastro de los municipios en todo el país, según sus
competencias, con la participación de los Comité de Tierras Urbanas (CTU), levantará un
Inventario Nacional de Tierras urbanas y urbanizables de origen público y privado existentes
por comunidad dentro del perímetro urbano de la Republica.
Alcance del inventario
Artículo 36. El Inventario Nacional de Tierras urbanas y urbanizables incorporará todas las
tierras públicas propiedad de los organismos públicos nacionales, incluidos los entes
descentralizados, ocupadas por los asentamientos urbanos populares que no estén excluidas
expresamente de la aplicación de la presente Ley.
Asimismo, se incluirán en el Inventario Nacional de Tierras Públicas las tierras publicas, urbanas,
las tierras adscritas o propiedad de organismos públicos nacionales colindantes con áreas urbanas,
o dentro de éstas, susceptibles de ocuparse óptimamente si no están construidas, o de renovarse y
densificarse si ya lo están, que dependiendo de la capacidad de soporte del suelo, del impacto
ambiental diagnosticado y de las normas urbanísticas vigentes, pueda destinarse al desarrollo de
nuevas comunidades y urbanizaciones populares, en correspondencia con el interés colectivo y
uso social del suelo urbano.
Afectación
Artículo 37. Las tierras que se incorporen en el Inventario Nacional de Tierras Públicas pasarán
a formar parte del Banco Nacional de Tierras y serán transferidas de pleno derecho El Instituto
Publico para la Regularización Integral y Ordenamiento de la Tenencia de la Tierra en los
Asentamientos Urbanos Populares.
La transferencia de pleno derecho establecida en este artículo se materializará a partir de la
aprobación del Inventario Nacional de Tierras Públicas mediante Decreto del Presidente de la
República en Consejo de Ministros y su publicación en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela.
El Inventario Nacional de Tierras Públicas podrá aprobarse para una cobertura nacional, o
parcialmente con la cobertura que se establezca en el correspondiente Decreto.
Bancos de Tierras Municipales
Artículo 38. Los municipios tomarán las medidas legislativas necesarias para la creación de los
Bancos de Tierras Municipales en su jurisdicción. A tales efectos, las Oficinas Técnicas
Municipales para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana, en cooperación con el
Instituto Publico para la Regularización Integral y Ordenamiento de la Tenencia de la Tierra en
los Asentamientos Urbanos Populares, y el Instituto Geográfico Simón Bolívar, procederán a la
elaboración del Inventario de Tierras Propiedad Municipal que serán incorporados a los Bancos
de Tierras de cada Municipio. Los Municipios podrán acordar con el Instituto Publico,
programas de regularización integral de la tenencia de la tierra incorporada a Los Bancos
Municipales.
Declaratoria de Reserva de Terrenos para el Banco Nacional de Tierras
Artículo 39. El Presidente de la República, mediante Decreto, y las autoridades competentes en
materia de ordenación del territorio y urbanística, en los planes correspondientes, podrán
establecer reservas de terrenos privados subutilizados, abandonados o desocupados, construidos o
no, de posible adquisición para la constitución o ampliación del Banco Nacional de Tierras o de
los Bancos de Tierras Municipales, incluidas las tierras necesarias para el desarrollo de nuevas
comunidades, pueblos o ciudades. El establecimiento o la delimitación de estas reservas de
terrenos comporta:
1. La declaración de la utilidad pública y la necesidad de la ocupación a efectos de expropiación
forzosa por un tiempo máximo de dos años, prorrogable una sola vez por otros dos años
mediante declaración expresa fundada en causa justificada.
2. Todos los terrenos susceptibles de ser declarado como reserva del Banco Nacional de Tierras
serán transferido de manera preferencial al Instituto Publico para la Regularización Integral y
Ordenamiento de la Tenencia de la Tierra en los Asentamientos Urbanos Populares, o al
órgano municipal, sujetándose esta transferencia a lo previsto en la presente Ley.
Disposición de los bienes del Banco Nacional de Tierras Urbanas y de los Bancos de Tierras
Municipales
Artículo 40. Los inmuebles del Banco Nacional de Tierras y de los Bancos de Tierras
Municipales quedarán afectados para la satisfacción del derecho a la tierra urbana conforme al
procedimiento para la regularización de la tenencia de la tierra en asentamientos urbanos
populares previsto en esta Ley, así como para ser destinados para el desarrollo de las actuaciones
establecidas en el artículo 6 de la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat.
Oferta de tierras para nuevos desarrollos de interés social
Artículo 41. El Instituto Publico para la Regularización Integral y Ordenamiento de la Tenencia
de la Tierra en los Asentamientos Urbanos Populares, y las Oficinas Técnicas Municipales para
la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana clasificarán y abrirán una relación de las
tierras públicas nacionales y municipales que formen parte del Banco Nacional de Tierras o de
los Bancos de Tierras Municipales para el desarrollo de nuevas comunidades, pueblos o ciudades
por parte del Estado y la comunidad organizada. Estos desarrollos se realizarán en forma
articulada con:
1. Los programas de los agentes financieros del sistema nacional de vivienda y hábitat.
2. Los programas, planes y proyectos de los Comité de Tierras Urbanas (CTU), como parte
integrante de los Consejos Comunales.
3. Los planes de transformación integral de las comunidades ya adjudicadas.
4. Los proyectos de las Organizaciones Comunitarias de Vivienda y Organizaciones Integrales
de Vivienda y Hábitat.
5. Los programas de vialidad, transporte urbano y otros servicios.
6. Los programas de equipamiento urbano.
7. Los planes de desarrollo económico y social de la nación.
8. Los planes de ordenación del territorio y urbanística.
Las propuestas de desarrollo incluirán proyecto con estimaciones de costos de inversión, la
autorización del uso del suelo, la modalidad de desarrollo decidida, acta de aprobación de la
Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas siempre y cuando corresponda o no, el modelo de
organización social para la nueva comunidad, lista de beneficiarios, el régimen de propiedad, los
precios base y las condiciones y requisitos de acceso organizado para las clases populares, en los
términos establecidos en la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat y el reglamento
de esta Ley.
TÍTULO VI
DE LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA
Capítulo I
Disposiciones Generales
Programa nacional de regularización
Artículo 42. El Estado, a través del Instituto Publico para la Regularización Integral y
Ordenamiento de la Tenencia de la Tierra en los Asentamientos Urbanos Populares, y las
Oficinas Técnicas Municipales, mantendrá un programa nacional de regularización de la tenencia
de la tierra para las comunidades ubicadas espontáneamente en asentamientos urbanos populares,
que prevea su ejecución progresiva y sirva de soporte a los planes especiales por zonas, a los
fines de regularizar los procesos de urbanización de los asentamientos urbanos populares,
destinados a mejorar la calidad y condiciones de vida de las comunidades.
Asentamiento Urbano Popular
Artículo 43. A los efectos de esta Ley, Asentamiento Urbano Popular es un área geográfica
determinada, habitada por la comunidad, conformada por viviendas que ocupan terrenos públicos
o privados, identificado de forma integral e indivisible a partir de sus rasgos históricos,
socioculturales, sus tradiciones y costumbres, aspectos económicos, físicos, geográficos, cuenten
o no con servicios públicos básicos, así como el que no encontrándose en las condiciones antes
descritas ameriten un tratamiento especial, siendo sus habitantes poseedores de la tierra y no se
les ha reconocido su derecho a la propiedad.
Modalidades
Artículo 44. El proceso de regularización de la tenencia de la tierra en asentamientos urbanos
populares se adelantará mediante el otorgamiento de títulos de permanencia o de adjudicación,
familiar o colectiva. A estos efectos, los habitantes que ocupan los asentamientos urbanos
populares podrán decidir, en Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, la naturaleza familiar o
colectiva de los títulos de permanencia o adjudicación a solicitar, delegando en el Comité de
Tierra Urbana la continuación del procedimiento.
Título de adjudicación
Artículo 45. Título de adjudicación es el documento por el cual el Estado confiere la propiedad
de la tierra pública a su ocupante donde tiene su hogar, vivienda, bienhechurías o edificaciones y
puede ser transferible de conformidad con lo previsto en la presente Ley.
Título de permanencia
Artículo 46. Título de permanencia es el documento que el Estado otorga al ocupante como
reconocimiento de la posesión de tierras privadas, ubicadas dentro de los Asentamientos Urbanos
Populares y puede ser transferible con las limitaciones establecidas en la Ley.
Propiedad familiar
Artículo 47. Es el derecho indivisible que el Estado le adjudica a la familia para usar, gozar y
disponer de la tierra, de conformidad con lo previsto en esta Ley.
Sistema de propiedad colectiva
Artículo 48. La propiedad colectiva es la perteneciente a grupos sociales, comunales o familia
para su aprovechamiento, uso, goce, disfrute y disposición de acuerdo a esta Ley y el
ordenamiento jurídico existente, pudiendo ser de origen público o de origen privado. Entregado
el título de adjudicación o permanencia adquiere la naturaleza de propiedad social directa o
propiedad familiar según fuere el caso. La constitución del sistema de propiedad colectiva es el
acto voluntario, político, social y jurídico formal, mediante el cual una comunidad que así lo
decida en Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, acuerda solicitar el otorgamiento de la
titularidad colectiva del lote total del terreno que ocupa, con el objeto de garantizar la obtención
de la propiedad social o familiar, la permanencia física de su asentamiento urbano popular y el
mejor aprovechamiento de su hábitat, en el que sus habitantes tienen el derecho exclusivo de uso,
aprovechamiento y disfrute. La propiedad colectiva puede otorgarse por usucapión o
adjudicación de manera parcial o total en el lote de terreno ocupado por el asentamiento urbano
popular y delimitado por su poligonal e igualmente en parcelas colindantes dentro del mismo.
Inscripción ante la Oficina Técnica Nacional o Municipal para la Regularización de la
Tenencia de la Tierra Urbana
Artículo 49. El acta de Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas que acepta el régimen de
propiedad colectiva, y el censo de propietarios y propietarias de construcciones de viviendas o
bienhechurías con el plano del inmueble, deberá inscribirse ante al Instituto Publico para la
Regularización Integral y Ordenamiento de la Tenencia de la Tierra en los Asentamientos
Urbanos Populares, la Oficina Técnica Municipal para la Regularización de la Tenencia de la
Tierra Urbana correspondiente y en los demás órganos competentes, de conformidad con las
leyes que regulan la materia. En caso de que el acta sea inscrita ante la Oficina Técnica
Municipal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana, ésta deberá remitir copia al
Instituto Publico para la Regularización Integral y Ordenamiento de la Tenencia de la Tierra en
los Asentamientos Urbanos Populares.
Organizaciones para adquirir la propiedad
Artículo 50. Los propietarios y propietarias de las bienhechurías que ocupan un mismo lote de
terreno, por encontrarse en una edificación de varios niveles o en construcciones horizontales o
en edificaciones mixtas que manifiesten su voluntad de obtener la propiedad colectiva, podrán
constituirse en Comités de Tierra Urbana. El uso de estos terrenos será exclusivamente
residencial, permitiéndose actividades productivas familiares.
Del precio
Artículo 51. A los efectos de la presente Ley especial, en el caso de los títulos de adjudicación, el
precio del metro cuadrado de la tierra será la cantidad de un céntimo de Bolívar (Bs.0, 01).
Lo previsto en el presente artículo no será aplicable al precio para la adjudicación de terrenos que
aún estando ubicados dentro de asentamientos urbanos populares, sean destinados
exclusivamente al uso comercial o industrial, o en los casos de personas o familias que posean
más de una vivienda. En estos casos, la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas establecerá la
modalidad para la adjudicación, respetando los derechos adquiridos existentes y el ordenamiento
jurídico vigente.
Exención de pagos de tributos
Artículo 52. Los procedimientos de regularización de la tenencia de tierra en los asentamientos
urbanos populares estarán exentos del pago de tributos y derechos de registro. Las autoridades
competentes realizarán las actuaciones necesarias y elaborarán los formularios adecuados, a los
fines de dar cumplimiento a esta disposición y a las previsiones sobre simplificación de los
trámites administrativos.
Resolución de conflictos
Artículo 53. En caso de conflictos entre particulares, es requisito para adquirir la condición de
beneficiario o beneficiaria, quien convenga someter y aceptar irrevocablemente las decisiones de
comisiones de conciliación y arbitraje en las siguientes circunstancias:
1. Controversias o conflictos entre los beneficiarios y las beneficiaras sobre la propiedad de la
vivienda, bienhechuría o edificación.
2. Delimitación de las parcelas regularizables.
Las comisiones serán constituidas por tres integrantes, un o una representante del Instituto
Publico o la Oficina Técnica Municipal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana
correspondiente, un o una representante del Comité de Tierra Urbana y un tercero o tercera
escogido de mutuo acuerdo entre las partes.
Derecho de preferencia en caso de venta
Artículo 54. Dado el carácter transferible de la propiedad, cuando el titular desee enajenar a un
tercero una parcela previamente adjudicada conforme a esta Ley, sea familiar o colectiva, deberá
ofrecerla en primera instancia al órgano del Estado que la adjudicó, a los fines de su adquisición
para su adjudicación a la comunidad con fines de satisfacción del interés familiar o colectivo de
los habitantes del asentamiento.
La bienhechuría deberá ser cancelada a justa tasación de personal experto designado por el
órgano respectivo. Este órgano deberá responder por escrito en un lapso no mayor de quince (15)
días, si no lo hiciere, se dará por desistido el derecho de preferencia.
En los casos de enajenación de tierras privadas en asentamientos urbanos populares el titular
deberá ofrecerla en primera instancia a la comunidad.
En cualquiera de los casos señalados, la Asamblea de Ciudadanas y Ciudadanos de la comunidad
deberá emitir acta de aceptación de la compra y venta de la parcela dentro de los quince (15) días
hábiles siguientes.
El acta de aceptación de la Asamblea de Ciudadanas y Ciudadanos será requisito para el registro
del título de propiedad.
Si transcurrido el lapso de los quince (15) días hábiles sin que la Asamblea de Ciudadanas y
Ciudadanos de la comunidad emita una respuesta oportuna, se tendrá como desistido el derecho
de preferencia.
Asistencia técnica y jurídica
Artículo 55. Las comunidades organizadas en Comités de Tierra Urbana, solicitarán al Instituto
Publico o la Oficina Técnica Municipal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana
correspondiente, la asistencia técnica y jurídica necesaria para preparar y sustanciar sus
solicitudes y tramitar los procedimientos establecidos en esta Ley y la misma se prestarán en
forma permanente y sin costo alguno.
Capítulo II
De las tierras públicas afectadas para el proceso de regularización de la tenencia de la
tierra en asentamientos urbanos populares
Adjudicación de tierras públicas
Artículo 56. Será procedente la solicitud de adjudicación de tierras públicas en los siguientes
casos:
1. Cuando los asentamientos urbanos populares estuvieren ocupando tierras propiedad de la
Nación, administradas o de competencia de cualquiera de los niveles políticos territoriales del
Poder Público.
2. Cuando los asentamientos urbanos populares ocupen tierras que sean propiedad de institutos
autónomos, fundaciones, entes adscritos y empresas del Estado, deberán cumplir con los
trámites contemplados en la presente Ley.
3. Cuando administraciones públicas distintas sean propietarias de las tierras públicas y de las
viviendas y edificaciones, se realizarán los acuerdos administrativos correspondientes, de
conformidad con lo establecido en la presente Ley.
Excepciones
Artículo 57. Quedan exceptuadas de la aplicación de la presente Ley especial las tierras:
1. Ubicadas en áreas con vocación agrícola o en producción.
2. Ubicadas en áreas naturales protegidas o bajo régimen de administración especial.
3. Ocupadas y demarcadas por comunidades y pueblos indígenas.
4. Declaradas como zonas de riesgo por el órgano competente.
5. Cualquiera que sea requerida para el cumplimiento del objeto de otras leyes.
Desafectación
Artículo 58. Cuando se considere pertinente, el Instituto Publico, conjuntamente con la
comunidad organizada, podrá solicitar la desafectación parcial o total de las áreas bajo régimen
de administración especial o la rezonificación de los espacios donde se encuentre el asentamiento
urbano popular o los que sean necesarios para su ampliación, el desarrollo de nuevas
comunidades, pueblos o ciudades, a los fines de su regularización de conformidad con esta Ley.
Capítulo III
De la regularización de la tierra privada
Presunción de la posesión
Artículo 59. A los fines del reconocimiento de la adquisición del derecho de propiedad por
usucapión en los asentamientos urbanos populares se presume, salvo prueba en contrario, la
posesión y ocupación desde el inicio del asentamiento, y comprende toda el área de los
asentamientos urbanos populares incluidas las que han sido destinadas al uso publico, tales como
plazas, veredas, caminos, desagües, área vecinales o comunales, depósitos de basura y espacios
libres dentro de la comunidad entre otras, reflejadas en la carta del barrio y declarada como tal
por El Instituto Publico para la Regularización Integral y Ordenamiento de la Tenencia de la
Tierra en los Asentamientos Urbanos Populares, conforme a esta Ley especial.
Una vez declarada la usucapión la autoridad municipal procederá a incorporar formalmente al
dominio público del municipio dichos bienes y ordenará su inscripción en el registro público
correspondiente.
Interrupción de la prescripción
Artículo 60. La prescripción no será interrumpida por el hecho de intentarse una acción
administrativa o judicial contra la misma. En este caso el órgano competente estará obligado a
reconocer el tiempo transcurrido en función de la adquisición de la propiedad.
Lapso de la prescripción
Artículo 61. El lapso para la usucapión o prescripción adquisitiva del derecho real sobre las
tierras privadas ocupadas por asentamientos urbanos populares es de cinco (05) años, a contar
desde la fecha de inicio del asentamiento.
Modalidades de Usucapión
Artículo 62. La usucapión deberá ser solicitada en forma colectiva a través del Comité de Tierra
Urbana constituido conforme a lo establecido en esta Ley, y de ser el caso acordada en forma
individual. A tales efectos, se reconocerá coposesión, usucapión especial y copropiedad sobre la
tierra en los asentamientos urbanos populares, en los términos previstos en esta Ley.
Certificado de posesión
Artículo 63. El Instituto Publico para la Regularización Integral y Ordenamiento de la Tenencia
de la Tierra en los Asentamientos Urbanos Populares, sus dependencias regionales o la Oficina
Técnica Municipal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana correspondiente,
emitirá un certificado de posesión a cada uno de los o las ocupantes del asentamiento urbano
popular, presentado por la comunidad a través de su Comité de Tierra Urbana, cuya situación
haga presumir que podría ser beneficiario o beneficiaria de reconocimiento del derecho de
propiedad de la tierra ocupada y del título de permanencia o de adjudicación en la forma prevista
en esta Ley especial, el cual tendrá el efecto de evitar el desalojo o erradicación del poseedor
hasta tanto sea dictada sentencia definitivamente firme, salvo en los supuestos de ruina o
eminente peligro o cuando se considere improcedente.
Capítulo IV
Del catastro popular
Catastro popular
Artículo 64. Las comunidades organizadas participarán en forma protagónica en el
levantamiento de la información catastral necesaria para la implementación del proceso de
regularización de la tenencia de la tierra en asentamientos urbanos populares.
A estos efectos, las comunidades organizadas podrán realizar el levantamiento de las parcelas del
asentamiento popular e inclusive el proceso catastral completo. Igualmente las comunidades
podrán elaborar modalidades de catastro popular.
Apoyo para la elaboración y validación del catastro popular
Artículo 65. El Instituto Publico para la Regularización Integral y Ordenamiento de la Tenencia
de la Tierra en los Asentamientos Urbanos Populares, con el apoyo del Instituto Geográfico
Simón Bolívar y las direcciones de catastro de los municipios en todo el país, según sus
competencias, asistirá, capacitará, supervisará y validará los levantamientos catastrales o
modalidades de catastro popular de los asentamientos urbanos objeto de regularización,
elaborados por las organizaciones comunales.
Incorporación del catastro popular en el catastro municipal
Artículo 66. Los catastros de los asentamientos urbanos populares elaborados por los comités de
tierras urbanas se incorporarán en los catastros municipales y tendrán los efectos establecidos en
la Ley de Geografía, Cartografía y Catastro Nacional. A estos fines, el Instituto Publico para la
Regularización Integral y Ordenamiento de la Tenencia de la Tierra en los Asentamientos
Urbanos Populares, solicitará la constancia de inscripción de los catastros populares en la
oficina de catastro respectiva.
La negativa o ausencia de pronunciamiento de las oficinas o direcciones de catastro municipal a
la incorporación del catastro popular en el catastro municipal, no impedirá la concreción del
proceso especial de regularización de la tenencia de la tierra en los asentamientos urbanos
populares.
En caso de producirse la negativa o pasados treinta días luego hecha la solicitud de inscripción de
los catastros populares sin que la oficina o dirección de catastro municipal haya emitido la
correspondiente respuesta, el Instituto Publico para la Regularización Integral y Ordenamiento de
la Tenencia de la Tierra en los Asentamientos Urbanos Populares, procederá a oficiar a la
respectiva Oficina de Registro Subalterna informando sobre dicha negativa u omisión y remitirá
la información levantada por el catastro popular, a los fines del registro del título de propiedad en
los términos establecidos en el artículo 43 de la Ley de Geografía, Cartografía y Catastro
Nacional.
Fuentes de información
Artículo 67. Para la elaboración del catastro de los asentamientos urbanos populares objeto de
regularización por el comité de tierras, la existencia, extensión y demás información sobre un
asentamiento urbano popular se levantará y determinará con base en cualquier tipo de
documento, tales como fotografías aéreas, mapas aerofotográficos o cualquier otro método que
permita establecerlo de manera indubitable.
TÍTULO VII
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA
REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA
Inicio del procedimiento
Artículo 68. El procedimiento para la regularización de la tenencia de la tierra en los
asentamientos urbanos populares podrá iniciarse de oficio o a instancia de la comunidad
organizada, por ante:
1. El Instituto Publico para la Regularización Integral y Ordenamiento de la Tenencia de la
Tierra en los Asentamientos Urbanos Populares, y sus dependencias regionales, cuando se
trate de asentamientos urbanos populares ubicados en tierras públicas nacionales estadales y
en tierras privadas.
2. La Oficina Técnica Municipal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana de la
jurisdicción, cuando se trate de asentamientos urbanos populares ubicados en tierras públicas
municipales.
Inicio de oficio
Artículo 69. Cuando se inicie de oficio se hará mediante un acto de trámite debidamente
motivado por el Instituto Publico o la Oficina Técnica Municipal para la Regularización de la
Tenencia de la Tierra Urbana correspondiente que declare la poligonal que identifica una
comunidad específica.
Inicio a solicitud de la comunidad
Artículo 70. Cuando se inicie a instancias de la comunidad, a través de su Comité de Tierra
Urbana, se hará mediante solicitud escrita ante el Instituto Publico o la Oficina Técnica
Municipal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana correspondiente, indicando
claramente la poligonal donde se encuentra el asentamiento urbano, denominación del
asentamiento, identificación del comité de tierra que representa la comunidad, nombres y
apellidos, números de cédulas de identidad, nacionalidad, estado civil, profesión u oficio de los
voceros y voceras de los comités de tierras. Asimismo deberá acompañarse de todos los
instrumentos que sirvan de medios de prueba y elementos de convicción, tales como:
1. Copia de la Cédula de Identidad del o la s solicitantes, nombre y apellidos de las personas
que integran el grupo familiar de cada solicitante.
2. Acta constitutiva del Comité de Tierra Urbana, levantada conforme a lo dispuesto en la
presente Ley.
3. Declaración jurada de no poseer vivienda o parcela dentro de las zonas urbanas de la
República.
4. Croquis contentivo de las dimensiones, linderos y demás características generales del terreno
donde se encuentra ubicado el asentamiento urbano.
5. Croquis contentivo de las dimensiones, linderos y demás características generales de cada
parcela que componen la totalidad del terreno.
6. Carta del barrio.
7. Manifestación expresa de conformidad y sometimiento a las disposiciones contenidas en la
presente Ley.
Solicitud en terrenos privados
Artículo 71. Cuando se trate de asentamientos urbanos populares construidos en terrenos
privados, la solicitud sólo podrá realizarse por ante el Instituto Publico para la Regularización
Integral y Ordenamiento de la Tenencia de la Tierra en los Asentamientos Urbanos Populares, y
sus dependencia regionales debiendo señalar además de lo indicado en el artículo anterior a las
personas que aparezcan en la respectiva Oficina de Registro o Catastro Municipal como
propietarias del inmueble. Con la solicitud deberá presentarse una certificación del Registrador en
la cual conste el nombre, apellido y domicilio de tales personas, y copia certificada del título
respectivo.
Admisión
Artículo 72. En caso de que el procedimiento se inicie por solicitud de los Comités de Tierra
Urbanos u otras formas de organización y participación comunal, El Instituto Publico para la
Regularización Integral y Ordenamiento de la Tenencia de la Tierra en los Asentamientos
Urbanos Populares, o la Oficina Técnica Municipal para la Regularización de la Tenencia de la
Tierra Urbana correspondiente, debe admitir la solicitud, si la misma no fuere contraria al orden
público, a la moral pública o a alguna disposición expresa del ordenamiento jurídico. Luego de
admitirla dispondrá de cinco (5) días para verificar si existen errores u omisiones y, de ser el
caso, ejercer la potestad subsanadora o despacho saneador. Si estos errores u omisiones pueden
ser corregidos por el Instituto Publico o la Oficina Técnica Municipal para la Regularización de
la Tenencia de la Tierra Urbana correspondiente, lo hará mediante acto de trámite motivado. De
no poder corregir de oficio, la administración le dará a quien haya presentado la solicitud cinco
(5) días hábiles para que presente los recaudos o haga las correcciones pertinentes.
Medidas preventivas
Artículo 73. Cuando se trate de asentamientos urbanos populares construcción en terrenos
privados, el Instituto Publico para la Regularización Integral y Ordenamiento de la Tenencia de la
Tierra en los Asentamientos Urbanos Populares, y sus dependencias regionales, a solicitud de
persona interesada o de oficio, puede dictar y ejecutar las medidas preventivas que se consideren
necesarias para garantizar los derechos e intereses de las personas sujetas al procedimiento. A
tales efectos, para dictar las medidas preventivas es suficiente con que los Comités de Tierra
Urbana u otras formas de organización y participación comunal, señalen el derecho reclamado y
la legitimación que tiene para solicitarla. En los demás casos, sólo procederán cuando exista
riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución de la decisión y siempre que se acompañe un
medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se
reclama. El Instituto Publico para la Regularización Integral y Ordenamiento de la Tenencia de la
Tierra en los Asentamientos Urbanos Populares, y sus dependencias regionales podrá dictar,
entre otras, las siguientes medidas preventivas:
1. Protección de la tenencia o permanencia de la tierra urbana en los asentamientos urbanos
populares contra desalojos arbitrarios o ilegales, emitiendo el certificado de posesión o
recurriendo conjuntamente con la organización comunal ante los tribunales de República en
solicitud de amparo y protección a las familias afectadas.
2. Restitución inmediata de la ocupación legítima de la tierra urbana en los asentamientos
urbanos populares.
3. Prohibición de enajenar y gravar el inmueble objeto del procedimiento.
Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a que sea dictada la medida preventiva o de su
ejecución, en los casos en los cuales la persona sobre la cual recae no se encuentra notificada,
cualquier persona interesada podrá solicitar razonadamente su revocatoria o modificación ante el
Instituto Publico, la cual decidirá dentro los cinco (5) días siguientes a dicha solicitud.
Iniciado el Proceso
Articulo 74. Una vez iniciado el proceso de regularización de la tenencia de la tierra en los
asentamientos urbanos populares, de acuerdo a la presente Ley Especial, los Órganos de la
Administración Publica en sus diferentes niveles: Nacionales, Estadales y Municipales no
podrán hacer trámite alguno de transferencia de la propiedad de las parcelas que conforman el
asentamiento urbano popular por procedimiento distinto al observado en la presente Ley, salvo
las excepciones establecidas en la misma y las solicitudes que cursen previo al inicio del proceso
de regularización.
Notificación de los interesados
Articulo 75. Admitida la solicitud o iniciado el procedimiento de oficio, el Instituto Publico para
la Regularización Integral y Ordenamiento de la Tenencia de la Tierra en los Asentamientos
Urbanos Populares, para la Regularización Integral y Ordenamiento de la Tenencia de la Tierra
en los Asentamientos Urbanos Populares, o la Oficina Técnica Municipal para la Regularización
de la Tenencia de la Tierra Urbana correspondiente, ordenará la publicación de un edicto
emplazando a todas aquellas personas que se crean con derechos sobre los terrenos solicitados
para que comparezcan dentro de los diez (10) días hábiles siguientes para hacer valer sus
derechos.
Notificación en caso de terrenos privados
Articulo 76. Cuando se trate de terrenos privados ocupados por asentamientos urbanos
populares, el Instituto Publico para la Regularización Integral y Ordenamiento de la Tenencia de
la Tierra en los Asentamientos Urbanos Populares, ordenará la notificación de la persona
propietaria del bien inmueble objeto del procedimientos mediante boleta a la cual se adjuntará
copia certificada de la solicitud o acto de trámite, según corresponda, con indicación de que
dispone de un lapso de diez (10) días hábiles para que presente su escrito de contestación, en
ejercicio de su derecho al debido proceso y a la defensa. Si se desconoce el domicilio o residencia
de la persona a ser notificada, se procederá a solicitar la información conducente al Consejo
Nacional Electoral y a los servicios de identificación del Poder Público Nacional a los fines de
realizar dicha notificación.
El funcionario o funcionaria entregará la boleta a la persona propietaria del bien inmueble objeto
del procedimiento o a quien se encuentre en su morada o habitación y, en caso de ser una persona
jurídica, en la oficina receptora de correspondencia si la hubiere, dejando constancia del nombre
y apellido de la persona a quien la hubiere entregado, quien deberá firmar su recibo, el cual será
agregado al expediente del procedimiento. Si el notificado o notificada no pudiere o no quisiere
firmar el recibo, se le indicará que ha quedado igualmente notificado y se dejará constancia en el
expediente de haberse cumplido dicha actuación.
Si la notificación por boleta no fuere posible, se procederá a notificar por cartel. En este caso,
bastará una sola publicación en un diario de circulación nacional o en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela, bien sea que la persona se encuentre dentro o fuera del país.
Si la persona a ser notificada no se encuentra en la República, se le concederá un plazo de treinta
(30) días adicionales para presentar su escrito de contestación.
Realizada la notificación, la persona propietaria del bien inmueble objeto del procedimiento, así
como Comités de Tierra Urbanos u otras formas de organización y participación comunal, de ser
el caso, quedan a derecho, sin necesidad de nueva notificación para ningún otro acto del
procedimiento, salvo los casos expresamente señalados en esta Ley.
Oposición o contestación
Artículo 77. Una vez que conste en autos que hubieren sido publicado el edicto o practicadas
todas las notificaciones conforme a los artículos anteriores, comenzará a correr el lapso de diez
(10) días hábiles, más el término de la distancia si lo hubiere, para que todas aquellas personas
que se crean con derechos sobre el inmueble presenten su escrito de oposición o contestación, en
ejercicio de su derecho al debido proceso y a la defensa. El escrito de oposición o contestación
podrá presentarse con o sin la asistencia de abogado o abogada.
Otorgamiento del título de Adjudicación en tierras publicas
Artículo 78. En caso de que no medie ninguna oposición o contestación, el Instituto Publico para
la Regularización Integral y Ordenamiento de la Tenencia de la Tierra en los Asentamientos
Urbanos Populares, o la Oficina Técnica Municipal, según corresponda, otorgará libre de
gravamen y aranceles a la comunidad de un asentamiento urbano popular o a sus miembros, el
título de adjudicación en tierras públicas por una sola vez y respecto a un único terreno poseído.
El título incluirá en su texto toda la información requerida para su inscripción en el Registro
Inmobiliario de la jurisdicción correspondiente.
Lapso probatorio
Artículo 79. En caso de oposición o contestación, se abrirá un lapso probatorio de quince días,
que comprenden tres (3) días para la promoción de pruebas, un (1) día para la oposición, un (1)
día para su admisión y diez (10) días para su evacuación. Vencido este lapso el Instituto Publico
podrá ordenar la preparación o evacuación de cualquier otra prueba que considere necesaria para
el mejor esclarecimiento de los hechos. A tal efecto, podrá, entre otros, requerir informaciones de
entes públicos y privados, de conformidad con lo previsto en la presente Ley.
En caso de oposición interpuesta con fundamento en la existencia de un título de propiedad en un
procedimiento sustanciado por una Oficina Técnica Municipal para la Regularización de la
Tenencia de la Tierra Urbana, está remitirá de inmediato todas las actuaciones realizadas al
Instituto Publico a los fines de la continuación del procedimiento con arreglo a este artículo y en
los artículos subsiguientes.
Pruebas
Artículo 80. En el procedimiento se admiten cualquier medio de prueba no prohibido
expresamente por la ley, el cual se apreciará según las reglas de la libre convicción razonada. El
Instituto Publico para la Regularización Integral y Ordenamiento de la Tenencia de la Tierra en
los Asentamientos Urbanos Populares, debe orientar su función en la búsqueda de la verdad e
inquirirla por todos los medios a su alcance. En sus decisiones prevalecerá la realidad sobre las
formas o apariencias.
Conclusiones
Artículo 81. Concluido el lapso probatorio, las personas interesadas podrán presentar sus
conclusiones al segundo día hábil siguiente. En caso de que alguna de ellas solicitase ser oída, el
Instituto Publico para la Regularización Integral y Ordenamiento de la Tenencia de la Tierra en
los Asentamientos Urbanos Populares, fijará la oportunidad al tercer día siguiente para realizar
la audiencia correspondiente, en la cual podrán participar todas las personas que hayan
intervenido en el procedimiento.
Decisión
Artículo 82. Vencido el lapso para la presentación de las conclusiones o el establecido para
realizar la audiencia oral prevista en el artículo anterior, el Instituto Publico para la
Regularización Integral y Ordenamiento de la Tenencia de la Tierra en los Asentamientos
Urbanos Populares, o la Oficina Técnica Municipal para la Regularización de la Tenencia de la
Tierra Urbana correspondiente dispondrá de un lapso perentorio de diez días continuos para
decidir.
El acto que decida el procedimiento debe cumplir con los requisitos contemplados en la Ley
Orgánica de Procedimientos Administrativos. Este acto agota la vía administrativa y deberá ser
publicada en un diario de circulación nacional o en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela. En caso de ser favorable la decisión para la prescripción adquisitiva, el Instituto
Publico para la Regularización Integral y Ordenamiento de la Tenencia de la Tierra en los
Asentamientos Urbanos Populares, emitirá el título correspondiente libre de gravamen y
aranceles a favor de la comunidad o de las familias del asentamiento urbano popular.
El título incluirá en su texto toda la información requerida para su inscripción en el Registro
Inmobiliario de la jurisdicción correspondiente, en cuanto le fueran aplicables para satisfacer las
condiciones del derecho que constituyen o declaren.
Recurso contencioso administrativo
Artículo 83. Contra el acto que decida el procedimiento podrá ejercerse recurso contencioso
administrativo por ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo dentro de los quince
(15) días siguientes a su publicación. El tribunal que conozca del recurso indicado deberá decidir
en un término no mayor de quince (15) días hábiles. En estos procedimientos judiciales deberá
notificarse al Instituto Publico para la Regularización Integral y Ordenamiento de la Tenencia de
la Tierra en los Asentamientos Urbanos Populares, así como a los beneficiarios del mismo.
TÍTULO VIII
DE LA CARTA DEL BARRIO Y LA CONTRALORÍA SOCIAL
Capítulo I
De la Carta del Barrio
La Carta del Barrio
Artículo 84. Es el documento fundacional demostrativo del origen, existencia del asentamiento
urbano popular y contiene sus características socio-culturales, históricas, económicas,
ambientales, urbanísticas e identidad.
Bases de la Carta del Barrio
Artículo 85. La Carta del Barrio será reconocida y respetada por las autoridades y se constituye
en la base para la elaboración de la ordenanza que rija la relación del asentamiento con su centro
poblado y el municipio. Será un documento refundacional del asentamiento urbano popular que
define formalmente su historia, patrimonio, información demográfica, ubicación geográfica y
político-territorial, la poligonal que encierra el asentamiento y sus límites; incorpora, en
principio, las líneas maestras del plan de desarrollo urbano integral, normas de convivencia y las
normas comunitarias sobre el ordenamiento urbano interno que lo regirán, debidamente
refrendado por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del asentamiento.
Formulación de la Carta del Barrio
Artículo 86. La formulación de la Carta del Barrio será colectiva y progresiva, estará a cargo del
Comité de Tierra Urbana, se elaborará con la participación de todos los pobladores y pobladoras,
y organizaciones comunitarias, respetará y reconocerá las organizaciones de base existentes en la
comunidad, su diversidad, recogerá las voces de los pobladores, sus familias y las unificará.
La toma de decisiones que comprometan el destino, transformación físico-espacial y la
estabilidad del asentamiento urbano popular exigirá la presencia de al menos el cincuenta más
uno por ciento de los o las representantes de las familias de la comunidad y la aprobación se hará
por mayoría simple de los presentes en asamblea de ciudadanos y ciudadanas.
Alcance de la Carta del Barrio
Artículo 87. El alcance de la Carta del Barrio corresponderá al ámbito de la comunidad exclusivo
de cada asentamiento urbano popular. Es un instrumento de gobernabilidad primaria en cada
asentamiento urbano popular; representa el acuerdo social refrendado y aprobado entre los
pobladores y las pobladoras en Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, que expresa la voluntad
de vivir en comunidad y lograr el bienestar colectivo bajo un instrumento normativo.
Los componentes de la Carta del Barrio
Artículo 88. Los componentes de la Carta del Barrio son:
1. Valores y Principios: Contiene los valores en que se fundamenta la constitución del
asentamiento urbano popular, lo que ha caracterizado la comunidad en su historia de luchas,
reconoce las actuaciones de los fundadores y luchadores como ejemplo por el derecho a la
ciudad, contra la exclusión y al hábitat en los asentamientos urbanos populares.
2. Historia comunal: Vivencias colectivas de los pobladores y las pobladoras desde el origen del
asentamiento urbano popular.
3. Identidad actual: Descripción socio-cultural, económica y política de la comunidad.
4. Patrimonio: Cultural, espiritual y físico de la comunidad.
5. Espacios del asentamiento: Se refiere a la ubicación geográfica político-territorial del
asentamiento urbano popular, poligonal del mismo, límites, sectorización interior, diferentes
espacios que lo componen, sus usos en cuanto a las áreas comunes, privadas o habitacionales,
patrimoniales, culturales, deportivas, recreacionales y servicios, características y distribución,
incluyendo las zonas de riesgos existentes.
6. Propuestas de futuro o plan de transformación integral del asentamiento urbano popular:
Define las líneas maestras para el bienestar comunitario en todos sus aspectos, en especial
urbanístico, socioeconómico, educativo-cultural, para el logro de la mejora de la calidad de
vida de sus habitantes.
7. Normas y formas de convivencia: Comprende las normas existentes y las propuestas para la
regularización de las relaciones internas del asentamiento urbano popular por medio de las
cuales, voluntariamente, se comprometen los pobladores y pobladoras a respetar y proteger
los derechos de los y las demás, incluyendo los de las generaciones futuras, y a contribuir
activamente al bien común, a la defensa de la dignidad humana, la igualdad y la equidad, la
convivencia pacífica y armónica de los pobladores y pobladoras. Reafirmar entre sus
habitantes un sentido de ciudadanía e identidad, cooperación, solidaridad, tolerancia y diálogo
en pro del bien común, respeto y conservación del ambiente, de las bondades, limitaciones y
riesgos del mismo.
De la elaboración
Artículo 89. Para la elaboración de la Carta del Barrio los diferentes integrantes del Sector
Público:
1. Facilitarán toda la información cartográfica, legal, técnica, científica, social, cultural,
económica, administrativa o de otra índole que posea referente al asentamiento urbano
popular o que pueda contribuir a la elaboración de los componentes de la Carta del Barrio en
cualquier tipo de formato disponible.
2. Proporcionarán la asistencia y apoyo técnico y logístico para la realización de las actividades
relacionadas e inherentes a la elaboración de la Carta como historia del barrio, censo
comunitario, catastro, la formulación del plan, elaboración de normas de convivencia
referidas al aspecto urbanístico.
3. El Ejecutivo municipal respectivo estudiará y aprobará la ordenanza urbana del asentamiento
urbano popular y el plan especial. Impulsará las coordinaciones interinstitucionales públicas y
privadas para apoyar a la comunidad.
Transformación integral
Artículo 90. El plan de transformación integral contemplado en la Carta del Barrio es el plan
comunal de vivienda y hábitat de ese asentamiento urbano popular que se articulará con los otros
planes comunales de los asentamientos urbanos populares contiguos, y debe corresponderse con
las políticas de desarrollo urbano, municipal, estadal y nacional, el mismo será formulado y
ratificado como plan especial por las autoridades, de acuerdo con la metodología general de la
Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat.
Capítulo II
De la Contraloría Social
Conocimiento de los procedimientos e inspecciones
Artículo 91. Toda persona natural o jurídica, de manera individual o colectiva, integrante de una
comunidad, tiene el derecho de conocer e intervenir en los procedimientos y resultados de las
inspecciones realizadas por las dependencias técnicas que ejercen funciones inspectoras y
contraloras en el proceso de regularización, planificación y ejecución de los proyectos y
actuaciones que se lleven a cabo en los asentamientos urbanos populares del cual forma parte.
La unidad de contraloría social del Consejo Comunal del Poder Popular será la instancia de la
comunidad para controlar el proceso de regularización de la tierra urbana y adjudicación de tierra
para nuevas comunidades.
TÍTULO IX
DISPOSICIONES TRANSITORIAS, DEROGATORIAS Y FINALES
Disposiciones Transitorias
Primera: se otorga el carácter de Instituto Publico para la Regularización Integral y
Ordenamiento de la Tenencia de la Tierra en los Asentamientos Urbanos Populares, a la Oficina
Técnica Nacional Para La Regularización De La Tenencia De La Tierras Urbana, creada
mediante decreto numero 1.666 de fecha 04 de febrero del 2002 , publico en gaceta oficial de la
Republica Bolivariana De Venezuela numero 37.378 del 04 de febrero del 2002, que de ahora en
adelante pasara a denominarse Instituto Publico para la Regularización Integral y Ordenamiento
de la Tenencia de la Tierra en los Asentamientos Urbanos Populares.
Segunda. Dentro de un plazo de sesenta (60) días siguientes a la entrada en vigencia de la
presente Ley Especial, las autoridades de Instituto Publico para la Regularización Integral y
Ordenamiento de la Tenencia de la Tierra en los Asentamientos Urbanos Populares, las
Autoridades estadales y municipales dispondrán lo concerniente a la identificación de los barrios
que se encuentran dentro de los supuestos de la misma, y en ellos se procederá a dar inicio al
proceso de regularización de la tenencia de la tierra conforme a la presente reforma sujetándose a
un plan nacional de regularización y ordenamiento de la tenencia de la tierra en los asentamientos
urbanos populares.
Tercera. A los fines de dar inicio a los procedimientos de regularización de la tenencia de la
tierra, se otorga al Ejecutivo Nacional, a los Estados y Municipios, un plazo de sesenta (60) días
siguientes a la entrada en vigencia de la presente reforma , con el objeto de realizar las diligencias
administrativas y presupuestarias necesarias para la creación y adecuación de la estructura
administrativa ordenada por esta Ley, prever las partidas presupuestarias indispensables y realizar
el aporte a que se refieren las normas de esta Ley Especial relativas a los planes de ordenación
urbanos básicos.
Cuarta: se ordena al Instituto Publico para la Regularización Integral y Ordenamiento de la
Tenencia de la Tierra en los Asentamientos Urbanos Populares, a las oficinas municipales de
tierras urbanas, para que de manera conjunta con los comités de tierras urbanas y las
organizaciones comunitarias realicen el inventario nacional de tierras urbanas y urbanizables en
los asentamientos urbanos populares, determinar su cualidad jurídica y presentar al Ejecutivo
Nacional este inventario con miras a su aprobación en el Consejo De Ministro y se proceda a la
transferencia de las tierras publicas nacionales en los asentamientos urbanos populares al
Ministerio del Poder Popular con competencia en la materia de tierras urbanas por intermedio del
Instituto Publico para la Regularización Integral y Ordenamiento de la Tenencia de la Tierra en
los Asentamientos Urbanos Populares,
Los municipios procederán a la regularización de la tenencia de la tierra municipal de acuerdo a
esta Ley. El Instituto Publico para la Regularización Integral y Ordenamiento de la Tenencia de
la Tierra en los Asentamientos Urbanos Populares, y sus dependencias regionales procederán a la
regularización de la tenencia de la Tierra en asentamientos urbanos populares construidos sobre
terrenos privados de acuerdo a esta Ley para su regularización integral
Disposición Derogatoria
Única. Se reforma la Ley Especial de Regularización Integral de la Tenencia de la Tierra de los
Asentamientos Urbanos Populares, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela Nº 38.480 del 17 de julio de 2006, y se deroga todas las normas y actos contrarios a la
presente Ley.
En lo que respecta a aquellas materias contenidas en leyes de rango superior, las mismas deben
aplicarse de manera armónica privando el contenido y aplicación de la presente Ley, respetando
en todo momento su especialidad en los asuntos regulados por la misma.
Disposiciones Finales
Primera. En los casos de juicios de desalojo de familias que habiten en los asentamientos
urbanos populares, el órgano jurisdiccional competente deberá convocar al Instituto Publico para
la Regularización Integral y Ordenamiento de la Tenencia de la Tierra en los Asentamientos
Urbanos Populares, o a sus dependencias regionales cuando se trate de terrenos públicos
nacionales o de terrenos privados, o a la Oficina Técnica Municipal para la Regularización de la
Tenencia de la Tierra Urbana correspondiente, cuando se trate de terrenos municipales, y a la
organización comunitaria: comité de tierra urbana o concejo comunal a los fines de que, dentro
de un plazo perentorio que fije el tribunal, elaboren y presenten un informe sobre la situación del
inmueble objeto de litigio, sometido a la consideración de la asamblea de ciudadanos y
ciudadanas cuya decisión y contenido tendrá que ser valorado y considerado por el tribunal de la
causa.
Segunda. Quedarán excluidos del proceso de regularización de la tenencia de la tierra urbana, así
como de la garantía de permanencia en ella, quienes promuevan o realicen nuevas tomas,
ocupaciones y establecimientos ilegales, conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico
vigente.
Tercera. El Instituto Publico para la Regularización Integral y Ordenamiento de la Tenencia de
la Tierra en los Asentamientos Urbanos Populares, y cada una de las Oficinas Técnicas
Municipales para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana elaborarán su Plan Anual
de Regularización de la Tenencia de la Tierra en Asentamientos Urbanos Populares, donde
establecerán los objetivos, metas, tareas y medidas puntuales a desarrollar en su respectiva
jurisdicción.
Cuarta. En aquellos casos en los que, por omisión o negativa de las autoridades competentes, no
se adelante el proceso de regularización de la tenencia de la tierra en asentamientos urbanos
populares ubicados en terrenos públicos estadales o municipales conforme a lo previsto en la
presente Ley Especial, el Instituto Publico para la Regularización Integral y Ordenamiento de la
Tenencia de la Tierra en los Asentamientos Urbanos Populares, tomará las medidas necesarias
para la incorporación de dichos terrenos en el Banco Nacional de Tierras Urbanas y procederá a
adelantar el proceso de regularización en beneficio de la comunidad. La Institución Nacional,
Estadal y Municipal debe disponer lo conducente para efectuar la transferencia respectiva so pena
de ser sancionados, de conformidad con la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativos en
todo y cuanto le sea aplicable. Cuando la omisión sea imputable al organismo nacional el
Contralor General de La Republica ejercerá las acciones del caso
Quinta. La presente Ley Especial entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y tendrá un periodo de vigencia de diez
(10) años a partir de su publicación. Sólo podrá aplicarse a aquellos procesos que se encuentren
en curso a la finalización del periodo de vigencia.
Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede la Asamblea Nacional, en Caracas
a los —– días del mes de —- de dos mil —–. Año 198º de la Independencia y 151º de la
Federación.
Propuesta elaborada de manera conjunta por los Comités de Tierras Urbanas a través de una
Comisión de Voceros y Voceras encabezadas por Franco Manrique, por la Oficina Nacional de
Tierras Urbanas encabezada por la Lic. Dinorah Delgado, Abg. Héctor Hernández y una
representación de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral de Asamblea Nacional
ejercida por el Diputado Honorio Dudamel.
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