LA ASAMBLEA NACIONAL

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

DECRETA

la siguiente

LEY ORGÁNICA DEL PODER PÚBLICO MUNICIPAL

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto desarrollar los principios

constitucionales, relativos al Poder Público Municipal, su autonomía,

organización y funcionamiento, gobierno, administración y control, para el

efectivo ejercicio de la participación protagónica del pueblo en los asuntos

propios de la vida local, conforme a los valores de la democracia participativa, la

corresponsabilidad social, la planificación, la descentralización y la transferencia

a las comunidades y grupos vecinales organizados.

Artículo 2. El Municipio constituye la unidad política primaria de la

organización nacional de la República, goza de personalidad jurídica y ejerce sus

competencias de manera autónoma, conforme a la Constitución de la República

Bolivariana de Venezuela y la ley. Sus actuaciones incorporarán la participación

ciudadana de manera efectiva, suficiente y oportuna, en la definición y ejecución

de la gestión pública y en el control y evaluación de sus resultados.

Artículo 3. La autonomía es la facultad que tiene el Municipio para elegir sus

autoridades, gestionar las materias de su competencia, crear, recaudar e invertir

sus ingresos, dictar el ordenamiento jurídico municipal, así como organizarse

con la finalidad de impulsar el desarrollo social, cultural y económico

sustentable de las comunidades locales, y los fines del Estado.

Artículo 4. En el ejercicio de su autonomía corresponde al Municipio:

1. Elegir sus autoridades.

2. Crear parroquias y otras entidades locales.

3. Crear instancias, mecanismos y sujetos de descentralización, conforme a la

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley.

4. Asociarse en mancomunidades y demás formas asociativas

intergubernamentales para fines de interés público determinados.

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5. Legislar en materia de su competencia, y sobre la organización y

funcionamiento de los distintos órganos del Municipio.

6. Gestionar las materias de su competencia.

7. Crear, recaudar e invertir sus ingresos.

8. Controlar, vigilar y fiscalizar los ingresos, gastos y bienes municipales, así

como las operaciones relativas a los mismos.

9. Impulsar y promover la participación ciudadana, en el ejercicio de sus

actuaciones.

10. Las demás actuaciones relativas a los asuntos propios de la vida local

conforme a su naturaleza.

Los actos del Municipio sólo podrán ser impugnados por ante los tribunales

competentes.

Artículo 5. Los municipios y las demás entidades locales se regirán por las

normas constitucionales, las disposiciones de la presente Ley, la legislación

aplicable, las leyes estadales y lo establecido en las ordenanzas y demás

instrumentos jurídicos municipales.

Las ordenanzas municipales determinarán el régimen organizativo y funcional de

los poderes municipales según la distribución de competencias establecidas en la

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en esta Ley y en las

leyes estadales.

Artículo 6. Los procesos de formación de las leyes estadales relativos al régimen

y la organización de los municipios, y demás entidades locales, atenderán a las

condiciones peculiares de población: desarrollo económico, capacidad fiscal,

situación geográfica, historia, cultura, étnia y otros factores relevantes.

El Consejo Legislativo, o sus comisiones, oirán la opinión de los alcaldes y

alcaldesas, de los concejos municipales, de las juntas parroquiales y de los

ciudadanos y ciudadanas, y de sus organizaciones, en la correspondiente

jurisdicción. Para tales fines, deberán aplicar los mecanismos apropiados de

consulta de acuerdo con la ley. El Consejo Legislativo reglamentará la

participación de los alcaldes o alcaldesas.

Artículo 7. El Municipio y las demás entidades locales conforman espacios

primarios para la participación ciudadana en la planificación, diseño, ejecución,

control y evaluación de la gestión pública.

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Los órganos del Municipio y demás entes locales, deberán crear los mecanismos

para garantizar la participación de las comunidades y grupos sociales

organizados en su ejercicio, de acuerdo a la ley.

Artículo 8. Las autoridades del Municipio, de sus entes descentralizados y de las

entidades locales deberán presentar informe sobre su gestión y rendir cuentas

públicas, transparentes, periódicas y oportunas ante las comunidades de su

jurisdicción.

A tales fines, garantizarán la información y convocatoria oportuna y los

mecanismos de evaluación pertinentes, acerca de los recursos asignados, y los

efectivamente dispuestos, con los resultados obtenidos.

TÍTULO II

DE LOS MUNICIPIOS Y OTRAS ENTIDADES LOCALES

Capítulo I

De la creación, fusión y segregación de municipios

Artículo 9. La potestad de los estados para organizar sus municipios y demás

entidades locales se regirá por lo dispuesto en la Constitución de la República

Bolivariana de Venezuela y en las disposiciones de esta Ley, así como en la

constitución y leyes estadales respectivas.

Artículo 10. Para que el Consejo Legislativo pueda crear un Municipio deben

concurrir las siguientes condiciones:

1. Una población asentada establemente en un territorio determinado, con

vínculos de vecindad permanente.

2. Un centro poblado no menor a la media poblacional de los municipios

preexistentes en el estado, excluidos los dos de mayor población. Este

requisito deberá ser certificado por el Servicio Nacional de Estadística. En

caso de no existir otro Municipio en esa entidad para hacer comparación, se

requerirá de una población no menor de diez mil habitantes.

3. Capacidad para generar recursos propios suficientes para atender los gastos

de gobierno y administración general, y proveer la prestación de los servicios

mínimos obligatorios. A los efectos del cumplimiento de este requisito,

deberá constar en acta la opinión favorable del órgano rector nacional en la

materia de presupuesto público. Igualmente, deberá constar la opinión del

Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas. En dicha

opinión motivada, se determinarán los efectos socioeconómicos en el o los

municipios que resulten segregados.

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Cumplidas estas condiciones, el Consejo Legislativo una vez aprobada la ley de

creación del nuevo Municipio, someterá el instrumento legal a un referéndum

aprobatorio, donde participarán todos los habitantes del Municipio afectado.

Artículo 11. Los municipios indígenas serán creados, previa solicitud de los

pueblos y comunidades u organizaciones indígenas, formuladas ante el

respectivo Consejo Legislativo, atendiendo a las condiciones geográficas,

poblacionales, elementos históricos y socioculturales de estos pueblos y

comunidades.

Artículo 12. Por razones de interés nacional relativas al desarrollo fronterizo o

exigencias especiales, derivadas del Plan de Desarrollo Económico Social de la

Nación, los Consejos Legislativos podrán crear, excepcionalmente, municipios

de régimen especial, atendiendo a iniciativa reservada al Ejecutivo Nacional por

órgano del Presidente o Presidenta de la República, en Consejo de Ministros.

Aun cuando las comunidades postuladas a tal categoría, no cumplan con los

requisitos establecidos en el artículo 10 de esta Ley, la ley de creación definirá el

régimen especial atendiendo a la fundamentación que motiva la iniciativa.

Artículo 13. Dos o más municipios limítrofes de un mismo estado podrán

fusionarse y constituir uno nuevo cuando se confundan como consecuencia de la

conurbación y existan evidentes motivos de conveniencia o necesidad.

Artículo 14. La iniciativa para la creación, fusión o segregación de municipios,

salvo la hipótesis de iniciativa reservada establecida en el artículo 12 de esta

Ley, corresponderá:

1. A un número de electores con residencia en los municipios a los cuales

pertenezca el territorio afectado, no menor al quince por ciento de los

inscritos en el Registro Electoral Permanente.

2. Al Consejo Legislativo, por acuerdo de las dos terceras (2/3) partes de sus

integrantes.

3. A los concejos municipales que estén comprendidos en el territorio afectado,

mediante acuerdo de las dos terceras (2/3) partes de sus integrantes.

4. Al respectivo Gobernador o Gobernadora, con la aprobación de las dos

terceras (2/3) partes de los integrantes del Consejo Legislativo.

5. A los alcaldes y alcaldesas de los municipios a los que pertenezca el territorio

afectado, con la anuencia de los Consejos Locales de Planificación Pública.

Artículo 15. Antes de ser sancionado el proyecto de ley de creación, fusión o

segregación de municipios deberá ser sometido a referéndum, donde participarán

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los electores de los municipios involucrados, quedando aprobado si en el proceso

concurren a opinar el veinticinco por ciento (25%) de los ciudadanos y

ciudadanas inscritos en el Registro Electoral Permanente y el voto favorable a la

creación, fusión o segregación es mayor al cincuenta por ciento (50%) de los

votos consignados válidamente.

Artículo 16. La ley de creación del nuevo Municipio deberá publicarse en la

Gaceta Oficial del estado, con al menos seis meses de anticipación a la fecha de

las elecciones para un nuevo período municipal.

El Consejo Legislativo establecerá en el mismo acto, el régimen de transición

que regirá entre la creación del Municipio y su efectivo funcionamiento, con las

previsiones relativas al inventario de los bienes y obligaciones de la Hacienda

Municipal, en especial, el saneamiento de las obligaciones con los trabajadores al

servicio del o de los municipios.

Artículo 17. Mientras se elabora el ordenamiento jurídico propio en el nuevo

Municipio, estará vigente el ordenamiento jurídico del Municipio segregado,

salvo cuando se haya afectado el territorio de varios municipios; en cuyo caso,

el ordenamiento jurídico a regir durante la transición será determinado por

decisión del Consejo Legislativo.

Artículo 18. Las solicitudes y asuntos que se encuentren en proceso, para la

fecha de la toma de posesión de las autoridades del nuevo Municipio,

continuarán el curso de tramitación ante éstas.

Los actos firmes de efectos particulares, dictados por las autoridades

competentes de o de los municipios a los que pertenezca el territorio afectado,

surtirán sus efectos en la nueva jurisdicción. Si los actos en referencia no están

firmes para esa fecha, podrán ser revisados de oficio por los órganos municipales

competentes del nuevo Municipio, o recurridos ante ellos por los interesados, de

conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.

El nuevo Municipio iniciará sus actuaciones propias sin pasivos laborales.

Artículo 19. Además de los municipios, son entidades locales territoriales:

1. Los distritos metropolitanos.

2. Las parroquias y demás demarcaciones dentro del territorio del Municipio,

tales como la urbanización, el barrio, la aldea y el caserío.

Los supuestos y condiciones establecidos en esta Ley, para la creación de estas

demarcaciones dentro del territorio del Municipio, así como los recursos de que

dispondrán, concatenadas a las funciones que se les asignen, incluso su

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participación en los ingresos propios del Municipio, deberán ser considerados en

la ley estadal que la desarrolle.

Capítulo II

De los distritos metropolitanos

Artículo 20. Cuando dos o más municipios tengan entre sí relaciones

económicas, sociales y físicas que den al conjunto urbano las características de

un Área Metropolitana, y que hayan desarrollado previamente experiencias de

mancomunidades durante al menos dos períodos municipales continuos, podrán

organizarse en Distrito Metropolitano.

Los distritos metropolitanos son entidades locales territoriales con personalidad

jurídica, cuya creación corresponderá al Consejo Legislativo de la entidad

federal a la que pertenezcan los municipios. Cuando los municipios pertenezcan

a entidades federales distintas, la competencia corresponderá a la Asamblea

Nacional.

Artículo 21. La iniciativa para la creación de un Distrito Metropolitano,

corresponderá:

1. Al quince por ciento (15%), por lo menos, de los vecinos inscritos en el

Registro Electoral de los municipios afectados.

2. A los alcaldes o alcaldesas de los respectivos municipios, con acuerdo de los

concejos municipales correspondientes, aprobado por las dos terceras (2/3)

partes de sus integrantes.

3. A los concejos municipales respectivos, mediante acuerdo aprobado por las

dos terceras (2/3) partes de sus integrantes.

4. Al Gobernador o Gobernadora del estado, con acuerdo del Consejo

Legislativo aprobado por las dos terceras (2/3) partes de sus integrantes.

5. Al Consejo Legislativo, aprobada por las dos terceras (2/3) partes de sus

integrantes.

6. Cuando se trate de municipios pertenecientes a varias entidades federales, la

iniciativa también podrá tomarse con el apoyo de la mayoría de los diputados

y diputadas de la Asamblea Nacional, electos o electas en cada una de las

respectivas entidades federales.

Artículo 22. La iniciativa deberá ser presentada dentro de los dos primeros años

del período del Poder Público Municipal. Admitida la iniciativa por el Consejo

Legislativo o por la Asamblea Nacional, según el caso, y realizados los informes

técnicos relativos a la viabilidad del Distrito Metropolitano, se procederá a la

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convocatoria de una consulta popular de la población afectada, si el veinticinco

por ciento (25 %) de los electores inscritos en el Registro Electoral participa y

más del cincuenta por ciento (50 %) da su aprobación; el Consejo Legislativo o

la Asamblea Nacional, según el caso, elaborarán la ley de creación

correspondiente, siguiendo los lineamientos de los informes técnicos aprobados

en el referendo.

La ley de creación del Distrito Metropolitano una vez aprobada por la Asamblea

Nacional o por el Consejo Legislativo cuando se trate de municipios de la misma

entidad federal, seguirá el trámite ordinario para la entrada en vigencia de las

leyes establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela o

Estadal, según el caso, pero deberá publicarse para que sea efectiva la elección

de las nuevas autoridades distritales, por lo menos con un año de anticipación a

la fecha del proceso comicial.

La elaboración de la ley respectiva se hará con la efectiva participación

ciudadana y, en especial, con la de las autoridades de los municipios

involucrados.

Artículo 23. La ley de creación del Distrito Metropolitano definirá los límites

del mismo y su organización, con determinación expresa de las competencias

metropolitanas que deberán asumir sus órganos de gobierno, administración y

legislación.

Artículo 24. El gobierno y la administración del Distrito Metropolitano

corresponden a la autoridad ejecutiva metropolitana, que funcionará bajo la

denominación que establezca la correspondiente ley de creación.

La función legislativa será ejercida por el Consejo Metropolitano, el cual estará

integrado de la manera que se establezca en la ley de creación del respectivo

Distrito.

En la Ordenanza de Reglamento Interior y de Debates del Consejo Metropolitano

se preverá la participación permanente, con derecho a voz, de un representante

del organismo nacional de desarrollo de la jurisdicción del Distrito

Metropolitano, la cual será solicitada a ese organismo, dentro de los quince días

siguientes a la instalación del Cuerpo.

Artículo 25. El Distrito Metropolitano contará con los ingresos que le sean

asignados en la ley de creación respectiva. Dicha ley, también regulará la

transferencia de bienes municipales que se hará al Distrito Metropolitano para la

prestación de los servicios o la gestión de las actividades transferidas.

Artículo 26. Los distritos metropolitanos contarán con los siguientes ingresos:

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1. Los que obtengan por derechos y tarifas en los servicios públicos que presten

en ejercicio de su competencia.

2. Las rentas y productos de su patrimonio.

3. Los provenientes de la enajenación de sus bienes.

4. Un porcentaje de los impuestos creados y recaudados por los municipios

agrupados, proporcional al costo del ejercicio de las competencias que le sean

asignadas, en la ley respectiva.

5. Los aportes especiales y cualesquiera otros que por disposición legal le

correspondan o le sean asignados.

El Distrito Metropolitano podrá asumir, mediante convenio con los municipios

agrupados, la recaudación de los impuestos municipales previstos en el numeral

4 del presente artículo.

Artículo 27. En los casos de creación de un Distrito Metropolitano y dentro del

lapso de treinta días hábiles siguientes a la publicación de la ley de su creación,

el Consejo Legislativo o la Asamblea Nacional, según el caso, nombrará una

comisión compuesta por uno de sus miembros, quien la presidirá, el funcionario

responsable por la Hacienda Municipal por cada uno de los municipios que lo

integran, un Concejal o Concejala por cada uno de ellos, y un representante de la

Contraloría General de la República, con el objeto de elaborar un inventario de la

hacienda pública de cada uno de los municipios integrantes del Distrito

Metropolitano.

Artículo 28. Efectuado el inventario a que se refiere el artículo anterior la

comisión, dentro de los noventa días siguientes a su instalación, presentará el

informe al Consejo Legislativo o a la Asamblea Nacional, según el caso, para

que el órgano legislativo correspondiente decida sobre el traspaso de los bienes

municipales afectados a la prestación de los servicios transferidos o a la

realización de las actividades asignadas a la competencia del Distrito

Metropolitano.

La decisión que refiere este artículo, será de obligatoria ejecución por los

municipios correspondientes, a través del acuerdo emanado del Concejo

Municipal respectivo. En caso de no hacerlo dentro de los sesenta días

subsiguientes a la decisión del órgano legislativo, la autoridad metropolitana

solicitará la ejecución por los órganos jurisdiccionales competentes.

Las obligaciones de carácter laboral que surjan con ocasión de la creación del

Distrito Metropolitano, serán asumidas por éste, para lo cual deberán hacerse las

previsiones presupuestarias y financieras, y los aportes proporcionales por parte

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de los municipios involucrados. Las demás obligaciones serán distribuidas en

proporción al monto de la respectiva cuota de bienes asignados, conforme lo

determine el Consejo Legislativo.

Artículo 29. Las normas contenidas en la presente Ley, incluidas las relativas a

los privilegios y prerrogativas, serán aplicables a los distritos metropolitanos en

cuanto sean procedentes.

Capítulo III

De las parroquias y otras entidades locales

Artículo 30. Las parroquias y las otras entidades locales dentro del territorio

municipal son demarcaciones creadas con el objeto de desconcentrar la gestión

municipal, promover la participación ciudadana y una mejor prestación de los

servicios públicos municipales.

Artículo 31. Las parroquias y las otras entidades locales dentro del territorio

municipal, sólo podrán ser creadas mediante ordenanza aprobada con una

votación de las tres cuartas (3/4) partes como mínimo de los integrantes del

Concejo Municipal, con la organización, funciones, atribuciones y recursos que

se les confieran en el momento de su creación, sobre la base de las características

sociológicas, culturales y económicas del asentamiento de la población en el

territorio municipal, sin perjuicio de la unidad de gobierno y de gestión del

Municipio. Las parroquias podrán ser urbanas o no urbanas y, en ningún caso,

constituirán divisiones exhaustivas del territorio municipal.

Artículo 32. La iniciativa para la creación de las parroquias y las otras entidades

locales dentro del territorio municipal, corresponderá en forma alternativa:

1. A los ciudadanos y ciudadanas inscritas en el Registro Electoral, en un

número no menor al quince por ciento (15%) de residentes en el territorio

municipal que servirá de base a la entidad local, mediante solicitud escrita al

Concejo Municipal.

2. Al alcalde o alcaldesa mediante solicitud razonada ante el Concejo Municipal.

3. Al Concejo Municipal, mediante acuerdo razonado de la mayoría de sus

integrantes.

Artículo 33. Para crear una parroquia u otra de las entidades locales dentro del

Municipio, se requiere que en el territorio correspondiente exista:

1. Una población con residencia estable, igual o superior a la exigida en la ley

estadal para tales fines.

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2. En los espacios urbanos, un Plan de Desarrollo Urbano Local debidamente

sancionado y publicado. En los espacios no urbanos, los lineamientos de la

ordenación y ocupación del territorio.

3. Organización de la comunidad mediante agrupaciones sociales, electas

democráticamente y debidamente registradas por ante los órganos

competentes del Municipio.

4. Estructura social de actuación para el desarrollo de la justicia de paz.

5. Organización de servicios públicos básicos.

6. Registro Catastral, con sujetos de tributación y contribuciones municipales,

de modo especial los inmobiliarios.

El proyecto de creación será informado en forma pública y sometido a consulta

de la población asentada en el espacio territorial de la parroquia o entidad local

territorial propuesta.

Artículo 34. En la ordenanza de creación de la parroquia u otra entidad local

dentro del territorio del Municipio, se deberá indicar:

1. Las atribuciones, actividades y funciones que le puedan ser delegadas y las

bases para la delegación de estas atribuciones por otros actos normativos.

2. El órgano de la administración municipal que ejercerá la supervisión de las

atribuciones, actividades y funciones delegadas.

3. Los recursos humanos y de equipos asignados a la parroquia o entidad local

territorial, y los medios necesarios para su eficaz ejecución.

4. La asignación del ingreso propio del Municipio que tendrá carácter de ingreso

de la parroquia o entidad local territorial a los efectos de su creación y

funcionamiento, de acuerdo a las atribuciones, actividades y funciones

delegadas.

Artículo 35. La parroquia tendrá facultades de gestión, consultivas y de

evaluación de la gestión municipal en sus respectivos ámbitos territoriales, en los

términos y alcances que se les señale en la ordenanza respectiva.

Sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del Municipio, la parroquia será

gestionada por una junta parroquial integrada por cinco miembros y sus

respectivos suplentes cuando sea urbana y tres miembros y sus respectivos

suplentes cuando sea no urbana. Todos electos democráticamente por los

vecinos, de conformidad con la legislación electoral.

Los miembros de las juntas parroquiales están obligados a presentar dentro del

primer trimestre del ejercicio fiscal respectivo, de manera organizada y pública a

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sus electores, la rendición de cuentas de su gestión del año anterior, relacionando

los logros obtenidos con las metas propuestas en el programa presentado como

candidato.

La no presentación de la memoria y cuenta en forma organizada y pública por

parte del miembro de la Junta Parroquial, tendrá como consecuencia inmediata la

suspensión de dieta, hasta tanto cumplan con este deber.

Artículo 36. Para ser miembro de la Junta Parroquial, se requiere ser venezolano

o venezolana, mayor de dieciocho años de edad, y tener residencia en la

Municipio durante, al menos, los tres últimos años previos a su elección.

Artículo 37. La parroquia tendrá atribuida facultad expresa para gestionar los

asuntos y procesos siguientes:

1. Servir como centro de información, producción y promoción de procesos

participativos para la identificación de prioridades presupuestarias.

2. Promover los principios de corresponsabilidad, protagonismo y participación

ciudadana en la gestión pública municipal.

3. Promover los servicios y el principio de corresponsabilidad en lo atinente a

la seguridad ciudadana, la protección civil y la defensa integral de la

República.

4. Promover los servicios y políticas dirigidos a la infancia, a la adolescencia, a

la tercera edad y a las personas con discapacidad.

5. Promover, organizar, coordinar, supervisar y llevar a cabo los procesos

electorales para la elección de los jueces de paz.

6. Promover procesos comunitarios de contraloría social.

7. Proteger el ambiente y fortalecer las áreas de los parques naturales, en

coordinación con el ente responsable del parque y conforme a las pautas que

le señalen las autoridades del Municipio.

8. Velar por el cumplimiento de la limpieza urbana y aseo domiciliario.

9. Supervisar los servicios de agua potable, electricidad y gas doméstico.

10. Coadyuvar en el cuidado y mantenimiento de plazas, parques y jardines en la

parroquia.

11. Inspeccionar la prestación del servicio de transporte público de pasajeros.

12. El Presidente de la Junta Parroquial podrá celebrar los matrimonios y llevar

el registro de éstos, dentro del ámbito territorial correspondiente, de

conformidad con los parámetros establecidos en el Código Civil.

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13. Auspiciar y promover la masificación deportiva.

14. Auspiciar y promover las actividades culturales que integren a la comunidad.

15. Coadyuvar con las administraciones tributarias locales en la gestión de los

tributos, a los efectos de garantizar el cumplimiento de las obligaciones

tributarias y demás deberes formales.

16. Respaldar a la Sala Técnica del Consejo Local de Planificación Pública en la

elaboración del censo social municipal, conjuntamente con la participación

de las organizaciones vecinales y la sociedad organizada.

17. Cooperar en la supervisión de la realización de espectáculos públicos, de

conformidad con lo dispuesto en la ordenanza respectiva.

18. Cooperar con las autoridades locales correspondientes en la gestión de los

servicios de cementerio y mercados municipales y recaudar los derechos

fiscales y tasas previstos en la ordenanza respectiva, cuando se trate de

parroquias no urbanas.

19. Tramitar las solicitudes de particulares referentes a parcelas de terrenos

municipales y a los servicios sociales.

20. Las demás que le sean delegadas por el alcalde o alcaldesa, de conformidad

con los instrumentos jurídicos municipales.

Artículo 38. Las juntas parroquiales están en la obligación de requerir toda la

información de la gestión municipal para ponerla a disposición de todos los

ciudadanos y ciudadanas de la parroquia que se la soliciten.

Artículo 39. El presupuesto municipal de cada ejercicio fiscal incorporará los

planes, programas, proyectos y actividades encomendados a la parroquia o a la

entidad local territorial, con previsión de los respectivos créditos presupuestarios,

así como de los resultados que se esperan obtener en términos de producción de

bienes y servicios, cuando sea posible cuantificarlos. En la ordenanza respectiva,

se establecerá el órgano de la administración pública municipal que hará el

seguimiento de las atribuciones señaladas.

Capítulo IV

De las mancomunidades y demás figuras asociativas

Artículo 40. La mancomunidad es una figura asociativa constituida en forma

voluntaria por dos o más municipios para la gestión de materias específicas de su

competencia.

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Artículo 41. La mancomunidad procederá cuando se asocien dos o más

municipios, colindantes o no, de la misma o de diversas entidades federales.

La mancomunidad podrá asumir una o varias materias o funciones dentro de la

competencia de los municipios mancomunados, pero no podrá asumir la

totalidad de ellas.

El Poder Nacional o el Poder Estadal podrá crear fondos especiales a favor de las

mancomunidades de vocación única o de vocación múltiple que se creen, a los

fines de la descentralización de competencias y actividades de un nivel a otro, de

conformidad con la legislación rectora en cada sector.

Artículo 42. Para la creación de una mancomunidad se requiere la aprobación

mediante Acuerdo celebrado entre los municipios que concurren a su formación,

el cual contendrá el estatuto que la regirá.

La creación de la mancomunidad deberá estar contemplada en el Plan de

Desarrollo de los municipios comprometidos, o ser considerada favorablemente

en los Consejos Locales de Planificación Pública de esos municipios, con

informes económicos que sustenten su creación.

Artículo 43. Los estatutos de la mancomunidad deberán establecer de manera

precisa:

1. El nombre, objeto y domicilio de la mancomunidad y los municipios que la

constituirán.

2. Los fines y objetivos para los cuales se crea.

3. El tiempo de su vigencia.

4. Los aportes a los cuales se obligan las entidades que la constituyen.

5. La composición del organismo directivo de la mancomunidad, forma de su

designación, facultades y responsabilidades.

6. Procedimiento para la reforma o disolución de la mancomunidad y la manera

de resolver las divergencias que pudieren surgir en relación con su gestión,

sus bienes, ingresos u obligaciones.

7. La disolución de la mancomunidad antes de la expiración del tiempo de su

vigencia o la denuncia del acuerdo mancomunitario por alguna de las

entidades que lo conforman, deberá llenar las mismas exigencias establecidas

en el artículo anterior para la creación de la mancomunidad, y sólo tendrán

efecto una vez transcurrido un año de la correspondiente manifestación de

voluntad.

8. Definición de las funciones que serán objeto de la mancomunidad.

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9. Determinación de las funciones de control externo y de los dispositivos

orgánicos para hacerla efectiva.

10. Mecanismos de participación de la ciudadanía, con mención de la rendición

de cuentas a la población de los municipios mancomunados.

11. Los mecanismos que garanticen el cumplimiento de los aportes a los cuales

se obligan las entidades que la constituyen, incluida la posibilidad de

autorizar derivaciones de transferencias nacionales o estadales, en caso de

incumplimiento.

Artículo 44. La mancomunidad tendrá personalidad jurídica propia y no podrá

comprometer a los municipios que la integran, más allá de los límites

establecidos en el estatuto respectivo.

Artículo 45. Los municipios podrán acordar entre sí la creación de empresas,

fundaciones, asociaciones civiles y otras figuras descentralizadas para el

cumplimiento de acciones de interés local o intermunicipal.

Artículo 46. Los municipios también podrán acordar con los demás entes

públicos territoriales, la creación de otras figuras asociativas

intergubernamentales a los fines de interés público relativos a materias de su

competencia.

Capítulo V

De la diversidad de regímenes

Artículo 47. La legislación municipal que desarrollen los Consejos Legislativos

y los concejos municipales, deberá establecer diferentes regímenes para la

organización, gobierno y administración de los municipios, incluso en lo que

respecta a la determinación de sus competencias y recursos, atendiendo a las

condiciones de población, desarrollo económico, capacidad para generar

ingresos fiscales propios, situación geográfica, elementos históricos y culturales

y otros factores relevantes; así como las opciones para la organización del

régimen de gobierno y administración democrática que corresponda a los

municipios indígenas y a los municipios con población indígena, de acuerdo a la

naturaleza del gobierno local y las características de la entidad federal respectiva.

Artículo 48. Estos regímenes de organización, gobierno y administración

deberán estar en correspondencia con los planes de desarrollo elaborados por los

Consejos de Planificación a nivel municipal y estadal, orientados a atender con

eficiencia los requerimientos para el desarrollo de la vocación económica

respectiva.

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Artículo 49. Los pueblos indígenas, sus comunidades y organizaciones

participarán en la formación, instrumentación y evaluación del Plan Municipal

de Desarrollo.

Artículo 50. El Municipio Indígena es la organización del régimen de gobierno y

administración local, mediante la cual los pueblos y comunidades indígenas

definen, ejecutan, controlan y evalúan la gestión pública de acuerdo a los planes

previstos en su jurisdicción territorial, tomando en cuenta la organización social,

política y económica, cultural, usos y costumbres, idiomas y religiones, a fin de

establecer una administración municipal que garantice la participación

protagónica en el marco de su desarrollo sociocultural. La organización

municipal de los municipios indígenas será democrática y responderá a la

naturaleza propia del gobierno local.

Artículo 51. Los pueblos y comunidades indígenas deberán tener participación

política en los municipios en cuya jurisdicción esté asentada su comunidad y, en

tal sentido, debe garantizarse la representación indígena en el Concejo Municipal

y en las Juntas Parroquiales. En los municipios indígenas, los aspirantes al cargo

de elección popular de alcaldes o alcaldesas, de concejales o concejalas e

integrantes de juntas parroquiales, se elegirán de conformidad con los usos y

costumbres de cada pueblo y comunidad indígena, atendiendo a lo establecido en

la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con

las leyes que regulan la materia electoral indígena.

TÍTULO III

DE LA COMPETENCIA DE LOS MUNICIPIOS

Y DEMÁS ENTIDADES LOCALES

Capítulo I

Competencia de los municipios

Artículo 52. Es competencia de los municipios, el gobierno y la administración

de los intereses propios de la vida local, la gestión de las actividades y servicios

que requiera la comunidad municipal, de acuerdo con la Constitución de la

República Bolivariana de Venezuela y las leyes.

Artículo 53. Cada Municipio tiene competencia para organizar el

funcionamiento de sus órganos y regular las atribuciones de las distintas

entidades municipales.

El Concejo Municipal dictará las normas que regulen su autonomía funcional y

su ordenamiento interno.

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Artículo 54. El Municipio ejercerá sus competencias mediante los siguientes

instrumentos jurídicos:

1. Ordenanzas: son los actos que sanciona el Concejo Municipal para establecer

normas con carácter de ley municipal, de aplicación general sobre asuntos

específicos de interés local. Las ordenanzas recibirán por lo menos dos

discusiones y en días diferentes, deberán ser promulgadas por el alcalde o

alcaldesa y ser Publicadas en la Gaceta Municipal o Distrital, según el caso, y

prever, de conformidad con la ley o si lo ameritare la naturaleza de su objeto,

la vacatio legis a partir de su publicación. Durante el proceso de discusión y

aprobación de las ordenanzas, el Concejo Municipal consultará al alcalde o

alcaldesa, a los otros órganos del Municipio, a los ciudadanos y ciudadanas, a

la sociedad organizada de su jurisdicción, y atenderá las opiniones por ellos

emitidas.

2. Acuerdos: son los actos que dicten los concejos municipales sobre asuntos de

efecto particular. Estos acuerdos serán publicados en la Gaceta Municipal

cuando afecten la Hacienda Pública Municipal.

3. Reglamentos: Son los actos del Concejo Municipal para establecer su propio

régimen, así como el de sus órganos, servicios y dependencias. Estos

reglamentos serán sancionados mediante dos discusiones y publicados en

Gaceta Municipal.

4. Decretos: son los actos administrativos de efecto general, dictados por el

alcalde o alcaldesa y deberán ser publicados en la Gaceta Municipal o

Distrital. El alcalde o alcaldesa reglamentará las ordenanzas mediante

decreto, sin alterar su espíritu, propósito o razón y, en todo caso, deberán ser

publicados en la Gaceta Municipal o Distrital.

5. Resoluciones: son actos administrativos de efecto particular, dictados por el

alcalde o alcaldesa, el Contralor o Contralora Municipal y demás funcionarios

competentes.

6. Otros instrumentos jurídicos de uso corriente en la práctica administrativa,

ajustados a las previsiones que las leyes señalen.

Las ordenanzas, acuerdos, reglamentos, decretos, resoluciones y demás

instrumentos jurídicos municipales son de obligatorio cumplimiento por parte de

los particulares y de las autoridades nacionales, estadales y locales.

Artículo 55. Las competencias de los municipios son propias, concurrentes,

además descentralizadas y delegadas.

Artículo 56. Son competencias propias del Municipio las siguientes:

17

1. El gobierno y administración de los intereses propios de la vida local.

2. La gestión de las materias que la Constitución de la República Bolivariana de

Venezuela y las leyes nacionales les confieran en todo lo relativo a la vida

local, en especial, la ordenación y promoción del desarrollo económico y

social, la dotación y prestación de los servicios públicos domiciliarios, la

aplicación de la política referente a la materia inquilinaria, la promoción de la

participación ciudadana y, en general, el mejoramiento de las condiciones de

vida de la comunidad en las áreas siguientes:

a. La ordenación territorial y urbanística; el servicio de catastro; el

patrimonio histórico; la vivienda de interés social; el turismo local; las

plazas, parques y jardines; los balnearios y demás sitios de recreación; la

arquitectura civil; la nomenclatura y el ornato público.

b. La vialidad urbana, la circulación y ordenación del tránsito de vehículos y

personas en las vías municipales y los servicios de transporte público

urbano.

c. Los espectáculos públicos y la publicidad comercial en lo relacionado con

los intereses y fines específicos del Municipio.

d. La protección del ambiente y la cooperación en el saneamiento ambiental;

la protección civil y de bomberos; y el aseo urbano y domiciliario,

incluidos los servicios de limpieza, recolección y tratamiento de residuos.

e. La salubridad y la atención primaria en salud; los servicios de protección a

la primera y segunda infancia, a la adolescencia y a la tercera edad; la

educación preescolar; los servicios de integración familiar de las personas

con discapacidad al desarrollo comunitario; las actividades e instalaciones

culturales y deportivas; los servicios de prevención y protección,

vigilancia y control de los bienes; y otras actividades relacionadas.

f. Los servicios de agua potable, electricidad y gas doméstico; de alumbrado

público, alcantarillado, canalización y disposición de aguas servidas; de

mataderos, cementerios, servicios funerarios, de abastecimiento y

mercados.

g. La justicia de paz; la atención social sobre la violencia contra la mujer y la

familia, la prevención y protección vecinal y los servicios de policía

municipal, conforme a la legislación nacional aplicable.

h. La organización y funcionamiento de la administración pública municipal

y el estatuto de la función pública municipal.

18

i. Las demás relativas a la vida local y las que le atribuyan la Constitución

de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes nacionales y

estadales.

Artículo 57. Las competencias concurrentes son aquellas que el Municipio

comparte con el Poder Nacional o Estadal, las cuales serán ejercidas por éste

sobre las materias que le sean asignadas por la Constitución de la República

Bolivariana de Venezuela, las leyes de base y las leyes de desarrollo. Esta

legislación estará orientada por los principios de la interdependencia,

coordinación, cooperación, corresponsabilidad y subsidiaridad, previsto en el

artículo 165 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La

falta de legislación nacional no impide al Municipio el ejercicio de estas

competencias.

Artículo 58. El Poder Nacional o los estados podrán transferir al Municipio,

determinadas materias de sus competencias y la administración de sus

respectivos recursos, de acuerdo con los principios establecidos en el artículo

158 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En la ley de

descentralización se determinará el alcance, contenido y condiciones de la

transferencia, así como el control que podrá ejercer el Poder Nacional o los

estados, según el caso, sobre los recursos de personal, materiales y económicos

que se transfieran.

El Municipio podrá solicitar al Poder Nacional o al Estado respectivo la

transferencia de determinadas competencias.

Artículo 59. El Poder Nacional o los estados podrán delegar en los municipios,

previa aceptación de éstos, el ejercicio de determinadas actividades nacionales o

estadales con el fin de mejorar la eficiencia de la gestión pública o de la

prestación de un servicio público. La delegación comenzará a ejecutarse cuando

se hayan transferido al Municipio los recursos que se requieran para dar

cumplimiento a la delegación. Las competencias delegadas las ejercerán los

municipios conforme a las prescripciones contenidas en el acto de delegación.

Los municipios podrán solicitar al Poder Nacional o al del Estado respectivo, la

delegación de determinadas actividades.

Artículo 60. Cada Municipio, según sus particularidades, tendrá un plan que

contemple la ordenación y promoción de su desarrollo económico y social que

incentive el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad municipal.

Artículo 61. Cada Municipio, según sus peculiaridades, tendrá un plan local de

desarrollo urbano mediante el cual se regulará el uso y aprovechamiento del

19

suelo según las directrices contenidas en el plan nacional de ordenación

urbanística, y en concordancia con el plan de desarrollo económico y social

señalado en el artículo anterior. Este plan contendrá la ordenación del territorio

municipal, hará una clasificación de los suelos y sus usos, y regulará los

diferentes usos y niveles de intensidad de los mismos, definirá los espacios libres

y de equipamiento comunitario, adoptará las medidas de protección del medio

ambiente, de conservación de la naturaleza y del patrimonio histórico, así como

la defensa del paisaje y de los elementos naturales. Contendrá además, si fuere

necesario, la determinación de las operaciones destinadas a la renovación o

reforma interior de las ciudades.

Artículo 62. Los municipios con vocación turística, dictarán los planes locales

de turismo para promover y desarrollar esa actividad. En esos planes se

promoverá, conjuntamente con los sectores público y privado, el desarrollo

turístico de aquellos sitios de interés histórico, de bellezas naturales, recreativos

y de producción de artesanía, así como cualquiera otra manifestación de interés

turístico.

Los municipios coordinarán sus actividades turísticas con las que desarrollen el

Poder Nacional o el Estado respectivo, en el ámbito municipal.

Artículo 63. Los servicios públicos domiciliarios de suministro de agua potable,

de electricidad y de gas, son competencia de los municipios y serán prestados

directamente por éstos o mediante alguna forma de contratación, con sujeción al

régimen general que se establezca en la correspondiente ley nacional.

Artículo 64. A los municipios les corresponde la protección del medio ambiente

y de la salubridad pública, el suministro de agua y el tratamiento de las aguas

residuales, así como el respeto y garantía de los derechos ambientales de los

vecinos. Los municipios serán convocados para que participen en la formulación

de la política nacional o estadal en materia ambiental.

La administración municipal tendrá a su cargo la gestión de la materia de los

residuos urbanos y de las aguas residuales, la intervención contra los ruidos

molestos, el control de las emisiones de los vehículos que circulen por el ámbito

municipal, así como el establecimiento de los corredores de circulación para el

transporte de sustancias tóxicas o peligrosas.

El Poder Nacional y los estados facilitarán a los municipios los apoyos técnicos y

los recursos que se requieran para cumplir con estas funciones.

Artículo 65. La policía municipal cumplirá funciones de policía administrativa,

de control de espectáculos públicos, de orden público y de circulación, conforme

20

a lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y

demás leyes de la República.

Artículo 66. A los municipios les corresponde la protección y defensa civil, la

prevención y extinción de incendios, la prevención y acción inmediata en caso de

accidentes naturales o de otra naturaleza, como inundaciones, terremotos,

epidemias u otras enfermedades contagiosas, conforme a la ley.

Artículo 67. Las competencias de los municipios con población

predominantemente indígena se ejercerán con respeto a los usos y costumbres de

cada comunidad.

Artículo 68. La ley estadal respectiva determinará los servicios públicos

mínimos que cada Municipio deberá prestar de manera obligatoria, atendiendo a

su categoría demográfica y actividad predominante, así como otros elementos

relevantes. La prestación de los servicios de agua potable, de recolección de

basura, de alcantarillado de aguas servidas y pluviales, de alumbrado público, de

plazas y parques públicos, será obligatoria para todos los municipios.

Capítulo II

De los modos de gestión

Artículo 69. Los municipios tienen la potestad para elegir el modo de gestión

que consideren más conveniente para el gobierno y administración de sus

competencias. Podrán gestionarlas por sí mismos o por medio de organismos que

dependan jerárquicamente de ellos. También podrán hacerlo mediante formas de

descentralización funcional o de servicios o mediante la creación de empresas

públicas municipales de economía exclusiva o de economía mixta. También

podrán contratar con los particulares la gestión de servicios y obras públicas.

Artículo 70. Los municipios están en la obligación de estimular la creación de

empresas de economía social, tales como cooperativas, cajas de ahorro, mutuales

y otras formas asociativas. Asimismo, promoverán la constitución de empresas

autogestionarias y cogestionarias, para facilitar la participación de los

trabajadores y de las comunidades y garantizar la participación ciudadana en la

gestión municipal.

Artículo 71. Los municipios promoverán la desconcentración del gobierno y

administración, así como la descentralización para la prestación de los servicios.

En los procesos de desconcentración se establecerán formas efectivas de

participación ciudadana.

21

Artículo 72. La creación de institutos autónomos sólo podrá realizarse dada la

iniciativa reservada y debidamente motivada del alcalde o alcaldesa, mediante

ordenanza. La creación de sociedades, fundaciones o asociaciones civiles

municipales será dispuesta por el alcalde o alcaldesa mediante decreto con la

autorización del Concejo Municipal. En todo caso, deberá constar en el

procedimiento de creación la opinión previa del síndico procurador o síndica

procuradora y del contralor o contralora municipal.

Artículo 73. La prestación de los servicios públicos municipales podrá ser objeto

de concesión, sólo mediante licitación pública a particulares y bajo las

siguientes condiciones mínimas establecidas en el contrato de concesión:

1. Plazo de la concesión, no podrá excederse de veinte años.

2. Precio que pagará el concesionario por los derechos que le otorga la

concesión y participación del Municipio en las utilidades o ingresos brutos

por la explotación de la concesión. En el respectivo contrato de concesión se

establecerán los mecanismos de revisión periódica de estas ventajas otorgadas

al Municipio.

3. Garantía de fiel cumplimiento constituida por el concesionario a favor del

Municipio y aceptada por éste, la cual se actualizará periódicamente durante

el término de la concesión.

4. Derecho del Municipio a revisar periódicamente los términos del contrato

para su adopción y posibles mejoras tecnológicas.

5. Derecho del Municipio a la intervención temporal del servicio y a asumir su

prestación por cuenta del concesionario, en las situaciones que previamente se

establezcan.

6. Derecho de revocatoria por parte del Municipio sin menoscabo de la

indemnización por el monto de las inversiones no amortizadas, en ningún

caso la revocatoria dará lugar a indemnización por lucro cesante.

7. Traspaso gratuito al Municipio, libre de gravámenes, de los bienes, derechos

y acciones objeto de la concesión, al extinguirse ésta por cualquier título.

Artículo 74. Las concesiones de uso para el servicio público de transporte

colectivo urbano se regirán por las disposiciones aprobadas por el Concejo

Municipal, a solicitud del alcalde o alcaldesa y tendrá una duración no mayor de

cinco años.

22

TÍTULO IV

DE LA ORGANIZACIÓN DEL PODER PÚBLICO MUNICIPAL

Capítulo I

Principios Generales de la Organización Municipal

Artículo 75. El Poder Público Municipal se ejerce a través de cuatro funciones:

la función ejecutiva, desarrollada por el alcalde o alcaldesa a quien corresponde

el gobierno y la administración; la función deliberante que corresponde al

Concejo Municipal, integrado por concejales y concejalas. La función de control

fiscal corresponderá a la Contraloría Municipal, en los términos establecidos en

la ley y su ordenanza. Y la función de planificación, que será ejercida en

corresponsabilidad con el Consejo Local de Planificación Pública.

Los órganos del poder público municipal, en el ejercicio de sus funciones

incorporarán la participación ciudadana en el proceso de definición y ejecución

de la gestión pública y en el control y evaluación de sus resultados, en forma

efectiva, suficiente y oportuna, para lo cual deberán crear los mecanismos que la

garanticen.

Artículo 76. La administración pública municipal se regirá por los principios

establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en

las leyes respectivas. Cada Municipio mediante ordenanza, desarrollará esos

principios para la organización y funcionamiento de los órganos del nivel local,

central, descentralizado o desconcentrado, con el fin de alcanzar mayores niveles

de desempeño, atención y participación de los ciudadanos y ciudadanas en la

gestión, racionalidad de costos y continuidad en el ejercicio de la función

pública. Los órganos que la componen colaborarán entre sí para el cumplimiento

de los fines del Municipio.

Artículo 77. La administración pública municipal deberá desarrollar programas

de gerencia con procesos de mejora y formación continua, de elevación de la

competencia funcionarial y de continuidad en el ejercicio de la función pública a

los fines del mejor servicio a los ciudadanos y ciudadanas y la mayor eficacia y

eficiencia en la prestación de los servicios públicos. Igualmente, desarrollará

progresivamente la utilización de la telemática en los sistemas de información,

seguimiento y control de la gestión.

Se propenderá a la creación de un sistema intermunicipal de recursos humanos

que facilite la acreditación de conocimientos y experiencia de las personas que

laboran en los municipios, con el propósito de promover el desarrollo de la

carrera del funcionario municipal en el territorio nacional. Los municipios

23

desarrollarán las acciones asociativas entre sí y con otros entes para tales

propósitos, y acordarán sobre los mecanismos de implantación y los plazos para

su ejecución.

Artículo 78. Cada Municipio mediante ordenanza, dictará el Estatuto de la

Función Pública Municipal que regulará el ingreso por concurso, ascenso por

evaluación de méritos, seguridad social, traslado, estabilidad, régimen

disciplinario y demás situaciones administrativas; asimismo, los requerimientos

de formación profesional, los planes de capacitación y carrera de los

funcionarios al servicio de la administración pública municipal, de conformidad

con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y

las leyes.

Artículo 79. La ley orgánica que rige la materia prevé la modalidad y el límite

de las remuneraciones que correspondan por el desempeño de la función pública

de alcalde o alcaldesa, de los concejales o concejalas y, de los miembros de las

juntas parroquiales. El sistema de remuneración de los demás funcionarios del

respectivo Municipio deberá ser compatible con aquéllas y sostenible para las

finanzas municipales.

Artículo 80. La función de alcalde o alcaldesa es incompatible con cualquier

otro destino público remunerado, salvo lo exceptuado en el artículo 148 de la

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, siempre que sean de

dedicación compatible con sus funciones y no exista otra incompatibilidad legal

expresa.

Artículo 81. Está prohibido al alcalde o alcaldesa, a los concejales o concejalas y

a los miembros de las juntas parroquiales:

1. Intervenir en la resolución de asuntos municipales en que estén interesados

personalmente o lo estén su cónyuge o parientes hasta el cuarto grado de

consanguinidad o segundo de afinidad, o empresas en las cuales sean

accionistas.

2. Celebrar contratos por sí o por interpuesta persona sobre bienes o rentas del

Municipio, o mancomunidades en que participe la entidad, salvo los contratos

de sus entes descentralizados que celebren como usuarios de los servicios

públicos, bajo condiciones de cláusulas uniformes.

3. Desempeñar otro cargo de cualquier naturaleza en la administración

municipal o en institutos autónomos, fundaciones, empresas, asociaciones

civiles y demás entidades descentralizadas del Municipio, salvo la

representación sin remuneración que corresponde al alcalde o alcaldesa en las

24

asambleas de socios de empresas, fundaciones, asociaciones civiles y

organismos similares conforme a las respectivas normas estatutarias.

Será nulo lo ejecutado en contravención a lo dispuesto en los numerales 1 y 2 de

este artículo.

En el caso previsto en el numeral 1 de este artículo, el síndico procurador o

síndica procuradora municipal será la autoridad competente para decidir en el

caso concreto, y su decisión tendrá carácter vinculante.

Artículo 82. El período de las autoridades municipales electas es de cuatro años

y podrán ser reelegidos o reelegidas. La elección de las mencionadas autoridades

será preferentemente separada de las que deban celebrarse para elegir los

órganos del Poder Nacional; salvo que el Consejo Nacional Electoral por acto

motivado y mayoría de sus integrantes, decida realizarlas conjuntamente.

En el caso que quedaran diferidas, ésta no podrá ser postergada por un lapso

menor de seis meses ni mayor de un año.

La elección de los representantes en las juntas parroquiales, podrá hacerse

conjuntamente con las de alcalde o alcaldesa y concejales o concejalas, o

separada de estas.

Artículo 83. No podrán ser postulados para alcalde o alcaldesa, concejal o

concejala ni miembros de las juntas parroquiales:

1. Quienes estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación política.

2. Quienes, por sí o interpuesta persona, ejecuten contrato o presten servicio

público por cuenta del Municipio, fundación o empresa con participación de

la entidad municipal; o tuvieren acciones, participaciones o derechos en

empresas que tengan contratos con el Municipio.

3. Los deudores morosos en cualquier entidad municipal o al tesoro nacional,

hasta que hubieren pagado sus obligaciones.

4. Quienes estén inhabilitados para el ejercicio de la función pública.

Capítulo II

Organización y Funciones del Ejecutivo Municipal

Artículo 84. En cada Municipio se elegirá un alcalde o alcaldesa por votación

universal, directa y secreta, con sujeción a lo dispuesto en la legislación

electoral. El alcalde o alcaldesa es la primera autoridad civil y política en la

jurisdicción municipal, jefe del ejecutivo del Municipio, primera autoridad de la

25

policía municipal y representante legal de la entidad municipal. Tendrá carácter

de funcionario público.

Artículo 85. El alcalde o alcaldesa deberá ser venezolano o venezolana, mayor

de veinticinco años de edad, de estado seglar y haber residido, al menos durante

tres años, en el Municipio por el cual se postula.

En el caso de ser venezolano o venezolana por naturalización, deben tener

domicilio con residencia ininterrumpida en el país no menos de quince años, de

los cuales los tres últimos años previos a la elección, deben ser en el Municipio

al cual se postule.

Los alcaldes o alcaldesas de los municipios fronterizos deberán ser venezolanos

o venezolanas por nacimiento y sin otra nacionalidad.

Artículo 86. Los candidatos a alcalde o alcaldesa deberán someter de manera

pública a la consideración de los electores, los lineamientos de su programa de

gobierno que presentará al momento de la inscripción de la candidatura para su

registro en el organismo electoral respectivo, que lo difundirá a través de su

portal electrónico u otro medio idóneo.

El alcalde o alcaldesa electo o electa, incorporará los lineamientos generales del

programa presentado para la gestión, en la propuesta del respectivo plan

municipal de desarrollo.

Artículo 87. Las ausencias temporales del alcalde o alcaldesa serán suplidas por

el funcionario de alto nivel de dirección, que él mismo o ella misma designe. Si

la ausencia fuese por un período mayor de quince días continuos, deberá solicitar

autorización al Concejo Municipal. Si la falta temporal se prolonga por más de

noventa días consecutivos, el Concejo Municipal, con el análisis de las

circunstancias que constituyen las razones de la ausencia, declarará si debe

considerarse como ausencia absoluta.

Cuando la falta del alcalde o alcaldesa se deba a detención judicial, la suplencia

la ejercerá el funcionario designado por el Concejo Municipal, dentro del alto

nivel de dirección ejecutiva.

Cuando se produjere la ausencia absoluta del alcalde o alcaldesa antes de tomar

posesión del cargo o antes de cumplir la mitad de su período legal, se procederá

a una nueva elección, en la fecha que fije el organismo electoral competente.

Cuando la falta absoluta se produjere transcurrida más de la mitad del período

legal, el Concejo Municipal designará a uno de sus integrantes para que ejerza el

cargo vacante de alcalde o alcaldesa por lo que reste del período municipal. El

26

alcalde o alcaldesa designado o designada deberá cumplir sus funciones de

acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo aprobado para la gestión.

Cuando la ausencia absoluta se deba a la revocatoria del mandato por el ejercicio

del derecho político de los electores, se procederá de la manera que establezca la

ley nacional que desarrolle esos derechos constitucionales.

En los casos de ausencia absoluta, mientras se cumple la toma de posesión del

nuevo alcalde o alcaldesa, estará encargado de la Alcaldía el Presidente o

Presidenta del Concejo Municipal.

Se consideran ausencias absolutas: la muerte, la renuncia, la incapacidad física o

mental permanente, certificada por una junta médica, por sentencia firme

decretada por cualquier tribunal de la República y por revocatoria del mandato.

Artículo 88. El alcalde o alcaldesa tendrá las siguientes atribuciones y

obligaciones:

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de

Venezuela, la constitución del estado, leyes nacionales, estadales,

ordenanzas y demás instrumentos jurídicos municipales.

2. Dirigir el gobierno y la administración municipal, velando por la eficacia y

eficiencia en la prestación de los servicios públicos dentro del ámbito de su

competencia, y ejercer la representación del Municipio.

3. Dictar reglamentos, decretos, resoluciones y demás actos administrativos en

la entidad local.

4. Proteger y conservar los bienes de la entidad, para lo cual deberá hacer la

actualización del inventario correspondiente; y solicitar a la autoridad

competente el establecimiento de las responsabilidades a que haya lugar para

quienes los tengan a su cargo, cuidado o custodia.

5. Ejecutar, dirigir e inspeccionar los servicios y obras municipales.

6. Suscribir contratos que celebre la entidad, con previsión de la disposición de

los gastos que generen, y ordenar sus pagos de conformidad con lo

establecido en las leyes y ordenanzas que rigen la materia.

7. Ejercer la máxima autoridad en materia de administración de personal y, en

tal carácter, ingresar, nombrar, remover, destituir y egresar, conforme a los

procedimientos administrativos establecidos en la ordenanza que rige la

materia, con excepción del personal asignado al Concejo Municipal.

8. Presidir el Consejo Local de Planificación Pública, conforme al

ordenamiento jurídico.

27

9. Formular y someter a consideración del Consejo Local de Planificación

Pública, el Plan Municipal de Desarrollo con los lineamientos del programa

de gestión presentado a los electores, de conformidad con las disposiciones

nacionales y municipales aplicables.

10. Someter a consideración del Concejo Municipal los planes de desarrollo

urbano local, conforme a las normas y procedimientos establecidos en los

instrumentos normativos nacionales.

11. Elaborar y presentar el proyecto de Ordenanza de Presupuesto de Ingresos y

Gastos para el ejercicio fiscal siguiente.

12. Presentar a consideración del Concejo Municipal, proyectos de ordenanzas

con sus respectivas exposiciones de motivos, así como promulgar las

ordenanzas sancionadas por el Concejo Municipal y objetar las que

considere inconvenientes o contrarias al ordenamiento legal, de conformidad

con el procedimiento previsto en la ordenanza sobre instrumentos jurídicos

municipales.

13. Designar los apoderados judiciales o extrajudiciales que asuman la

representación de la entidad para determinados asuntos, previa consulta al

síndico procurador o síndica procuradora municipal.

14. Realizar las atribuciones que en materia del Registro Civil del Municipio le

asigne el Poder Electoral.

15. Ejercer la autoridad sobre la policía municipal, a través del funcionario de

alta dirección que designe.

16. Conceder ayudas y otorgar becas y pensiones de acuerdo a las leyes y

ordenanzas.

17. Informar al Concejo Municipal sobre asuntos de su competencia, cuando le

sea requerido, o cuando lo estime conveniente.

18. Presentar al Concejo Municipal, en el segundo mes siguiente a la

finalización de cada ejercicio económico-financiero de su mandato, el

informe de su gestión y a la Contraloría Municipal la cuenta de la misma, en

la cual incluirá informe detallado de las obligaciones impagadas o morosas

de los contribuyentes.

19. Presentar dentro del primer trimestre del año, de manera organizada y

pública a la comunidad respectiva convocada previamente, la rendición de

cuentas de la gestión política y administrativa del año económico financiero

precedente, relacionando los logros con las metas del plan municipal de

desarrollo y el programa presentado como candidato.

28

20. Promover la participación ciudadana y la educación para la participación.

21. Ejercer las atribuciones relativas a la competencia municipal, cuando no

estén expresamente asignadas a otro órgano.

22. Mantener la observancia rigurosa del ciudadano o ciudadana en la

preservación del ambiente, así como hacer cumplir toda la legislación

establecida en materia ambiental.

23. Revisar y resolver los recursos jerárquicos y demás actos administrativos

dictados por las distintas dependencias del Municipio.

24. Las que atribuyan otras leyes.

Artículo 89. Los alcaldes o alcaldesas, previo el cumplimiento del

procedimiento correspondiente garantizando el debido proceso, conforme con la

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes y demás

instrumentos jurídicos municipales, podrán, por sí o a través de los funcionarios

competentes del Municipio, ordenar la demolición de las obras construidas en

contravención a las normas relativas al uso del suelo o la conservación,

restauración o demolición de edificios en situación ruinosa.

En estos casos, el alcalde o alcaldesa ordenará al propietario que proceda a la

demolición, conservación o restauración del inmueble, dentro del lapso que se

fije. Si el propietario no lo hiciere, el alcalde o alcaldesa ordenará que lo hagan

por cuenta del propietario.

El costo de las obras en que incurriere el Municipio, podrá cobrárselo al

propietario por el procedimiento de la vía ejecutiva, previsto en el Código de

Procedimiento Civil.

Artículo 90. En el ejercicio de sus atribuciones y obligaciones, el alcalde o

alcaldesa debe llevar relaciones de cooperación y armonización con los poderes

públicos nacionales y estadales, así como con las otras entidades locales y

órganos del Municipio, y cooperar con ellos para el mejor cumplimiento de sus

fines. Asimismo, deberá mantener informada a la comunidad del Municipio,

acerca de la marcha de la gestión e interesarla para su incorporación a los

propósitos del desarrollo local.

Artículo 91. Pasados treinta días consecutivos de la oportunidad fijada para la

presentación de la rendición de cuentas sobre su gestión o de las prórrogas

concedidas por el Concejo Municipal o por la Contraloría Municipal, según sea

el caso, sin que el alcalde o alcaldesa haya cumplido esta obligación de manera

oficial, el Concejo Municipal o la Contraloría Municipal declararán, en la

respectiva situación, la falta grave del alcalde o alcaldesa en el ejercicio de su

29

cargo por omisión de deberes legales del mismo y será causal conforme a la ley,

para solicitar la intervención del Ministerio Público a todos los efectos legales.

Igualmente, se procederá en caso de no presentar oportunamente la rendición

pública de cuentas, de la misma forma, cualquier ciudadano o ciudadana podrá

acudir por ante la Fiscalía o Contraloría General de la República a denunciar

este incumplimiento.

Capítulo III

Organización y Funciones del Concejo Municipal

Artículo 92. La función legislativa del Municipio corresponde al Concejo

Municipal integrado por los concejales o concejalas electos o electas en la forma

determinada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la

ley respectiva. También ejercerá el control político sobre los órganos ejecutivos

del Poder Público Municipal.

Artículo 93. Para ser concejal o concejala se requiere ser venezolano o

venezolana, mayor de veintiún años de edad, y tener residencia en el Municipio

durante, al menos, los tres últimos años previos a su elección.

En el caso de los municipios fronterizos, los venezolanos por naturalización

deben tener más de diez años de residencia en el Municipio.

Artículo 94. El número de concejales o concejalas que integra el Concejo

Municipal es proporcional a la población del Municipio, de acuerdo con las

siguientes escalas:

1. municipios de hasta quince mil habitantes, cinco concejales o concejalas;

2. municipios de quince mil un habitantes a cien mil habitantes, siete concejales

o concejalas;

3. municipios de cien mil un habitantes a trescientos mil habitantes, nueve

concejales o concejalas;

4. municipios de trescientos mil un habitantes a seiscientos mil habitantes, once

concejales o concejalas;

5. municipios de seiscientos mil un habitantes y más, trece concejales o

concejalas.

Artículo 95. Son deberes y atribuciones del Concejo Municipal:

1. Iniciar, consultar a las comunidades y sus organizaciones, discutir y

sancionar los proyectos de ordenanzas incluida la relativa a su Reglamento

Interior y de Debates, a fin de proveer a la organización de sus funciones,

para sancionar las reglas de orden aplicables a sus deliberaciones.

30

2. Dictar y aprobar su Reglamento Interior y de Debates. En tal Reglamento

deberá preverse la persona y el mecanismo para suplir las ausencias

temporales o absolutas del Presidente o Presidenta.

3. Aprobar el Plan Municipal de Desarrollo y los planes y demás instrumentos

de ordenación urbanística, según lo dispuesto en la legislación respectiva.

4. Ejercer la potestad normativa tributaria del Municipio.

5. Aprobar el presupuesto de gastos que soporte su plan legislativo anual,

tomando en cuenta las limitaciones financieras del Municipio.

6. Acordar la participación del Municipio en organizaciones intermunicipales y

autorizar la creación, modificación o supresión de órganos desconcentrados

o descentralizados, de conformidad con esta Ley.

7. Aprobar el cambio de nombre del Municipio, previa consulta con la

población del mismo y de conformidad con las leyes aplicables.

8. Aceptar, previa solicitud motivada del alcalde o alcaldesa la delegación o

transferencia de competencias que le hagan al Municipio.

9. Elegir en la primera sesión de cada año del período municipal o en la sesión

más inmediata siguiente, al Presidente o Presidenta dentro de su seno, y al

Secretario o Secretaria fuera de su seno, así como a cualquier otro directivo o

funcionario auxiliar que determine su Reglamento Interno.

10. Aprobar las concesiones de servicios públicos o de uso de bienes del

dominio público, y lo concerniente a la enajenación de los ejidos y otros

inmuebles, previa solicitud motivada del alcalde o alcaldesa.

11. Aprobar la escala de remuneraciones de empleados y obreros al servicio del

Municipio, y la de los altos funcionarios, de conformidad con las

condiciones y límites establecidos en la legislación que regula sus

asignaciones.

12. Ejercer la autoridad en materia del sistema de administración de recursos

humanos, y, en tal carácter, podrá nombrar, promover, remover y destituir,

de conformidad con los procedimientos establecidos en la ordenanza que rija

la materia, con excepción del personal de otros órganos del Poder Público

Municipal.

13. Promover los mecanismos que legalmente le estén conferidos y que

contribuyan a garantizar en forma eficiente, suficiente y oportuna la

participación ciudadana en el proceso de formación, ejecución, control y

evaluación de la gestión pública municipal.

31

14. Autorizar al alcalde o alcaldesa, oída la opinión del síndico o síndica

municipal, para desistir de acciones y recursos, convenir, transigir y

comprometer en árbitros.

15. Nombrar el personal de las oficinas del Concejo Municipal, de la Secretaría

y del Cronista del Municipio.

16. Imponer, de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República

Bolivariana de Venezuela y las leyes, las sanciones de suspensión e

inhabilitación para el desempeño del cargo de concejal o concejala.

17. Aprobar el Plan de Inversión Municipal, contenido en el proyecto de

Ordenanza del Presupuesto presentado por el Consejo Local de Planificación

Pública, conforme al mecanismo presentado en la Ley de los Consejos

Locales de Planificación Pública.

18. Autorizar al alcalde o alcaldesa para ausentarse por más de quince días de la

Alcaldía.

19. Autorizar créditos adicionales al presupuesto de ingresos y gastos del

ejercicio económico financiero del Municipio.

20. Ejercer funciones de control sobre el gobierno y la administración pública

municipal, en los términos consagrados en la Constitución de la República

Bolivariana de Venezuela y en esta Ley.

21. Los concejales y concejalas deberán presentar dentro del primer trimestre del

ejercicio fiscal respectivo, de manera organizada y pública a los electores de

la jurisdicción correspondiente, la rendición de su gestión legislativa y

política del año inmediatamente anterior, en caso contrario, se le suspenderá

la dieta hasta su presentación.

22. Organizar toda la normativa referente a la justicia de paz en el Municipio.

23. Las demás que le confieran las leyes, ordenanzas y otros instrumentos

jurídicos aplicables.

Artículo 96. Corresponden al Presidente o Presidenta del Concejo Municipal las

atribuciones siguientes:

1. Convocar y dirigir las sesiones del Concejo Municipal y ejercer la

representación del mismo.

2. Dirigir el debate y los demás aspectos relacionados con el funcionamiento del

Concejo Municipal y de sus órganos, cuando no estén atribuidos

expresamente al pleno.

32

3. Convocar a los suplentes de los concejales o concejalas en el orden de su

elección.

4. Convocar, por sí o a solicitud de un tercio (1/3) de los concejales o

concejalas, a sesiones extraordinarias en las condiciones establecidas en la

normativa aplicable.

5. Firmar, junto con el secretario o secretaria, las ordenanzas, actas y demás

actuaciones jurídicas emanadas del Concejo Municipal.

6. Llevar las relaciones del Concejo Municipal que representa, con los

organismos públicos o privados, así como con la ciudadanía.

7. Presentar trimestralmente, al contralor o contralora municipal, un informe

detallado de su gestión y del patrimonio que administra con la descripción y

justificación de su utilización y gastos, el cual pondrá a la disposición de los

ciudadanos y ciudadanas en las oficinas correspondientes.

8. Ejecutar el presupuesto del Concejo Municipal.

9. Las demás que le asignen expresamente los instrumentos normativos

aplicables.

Artículo 97. El alcalde o alcaldesa electo o electa tomará posesión del cargo,

mediante juramento ante el Concejo Municipal, en la primera sesión de cada año

del período municipal o en la primera sesión del mes siguiente a su elección. Si

por cualquier motivo sobrevenido el alcalde o alcaldesa no pudiese tomar

posesión ante el Concejo Municipal, lo hará ante un juez o una jueza de la

circunscripción judicial donde se encuentre el respectivo Municipio.

Artículo 98. El Concejo Municipal y sus comisiones, sesionarán con la

presencia de la mayoría absoluta de sus integrantes, y tomarán sus decisiones con

la mayoría relativa de los miembros presentes, salvo disposición legal expresa.

Artículo 99. El Concejo Municipal o sus comisiones podrán realizar las

investigaciones que estimen conveniente en las materias de su competencia. A

estos fines, podrán citar al alcalde o alcaldesa, y a los funcionarios o empleados

municipales para que comparezcan ante ellos, y les suministren las

informaciones y documentos que fueren necesarios. Los particulares podrán

comparecer voluntariamente o previa citación.

La ordenanza municipal correspondiente establecerá las sanciones respectivas,

en caso de desacato no justificado al llamado del Concejo Municipal o sus

comisiones.

33

Capítulo IV

De la Contraloría Municipal

Artículo 100. En cada Municipio existirá un contralor o contralora municipal,

que ejercerá de conformidad con las leyes y la ordenanza respectiva, el control,

vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes municipales, así como

de las operaciones relativas a los mismos.

Artículo 101. La Contraloría Municipal gozará de autonomía orgánica, funcional

y administrativa, dentro de los términos que establezcan esta Ley y la ordenanza

respectiva.

Artículo 102. La Contraloría Municipal actuará bajo la responsabilidad y

dirección del contralor o contralora municipal, quien deberá:

1. Ser de nacionalidad venezolana.

2. Mayor de veinticinco años.

3. No estar inhabilitado o inhabilitada para el ejercicio de la función pública.

4. No tener parentesco de hasta cuarto grado de consanguinidad o segundo de

afinidad, ni sociedad de intereses con las máximas autoridades jerárquicas u

otros directivos del Ejecutivo Municipal o Distrital, ni con los miembros del

Concejo Municipal o del Cabildo.

5. Poseer título de abogado o abogada, economista, administrador o

administradora comercial, contador o contadora público o en ciencias fiscales,

expedido por una universidad venezolana o extranjera, reconocido o

revalidado e inscrito en el respectivo colegio profesional.

6. Poseer no menos de tres años de experiencia en materia de control fiscal.

7. Ser de reconocida solvencia moral.

En aquellos municipios cuya población sea inferior a cincuenta mil (50.000)

habitantes o que tuvieren un presupuesto estimado al inicio del ejercicio fiscal

inmediato anterior, inferior a cuatrocientos cinco mil unidades tributarias

(405.000 U.T.), se requerirá, al menos, poseer al menos título de Técnico

Superior en Administración, Gerencia Pública, Contaduría o Ciencias Fiscales,

expedido por una institución venezolana o extrajera, reconocido o revalidado.

Artículo 103. El contralor o contralora municipal será designado o designada

por un período de cinco años, contados a partir de la fecha de la toma de

posesión, y cesará en su cargo una vez juramentado o juramentada el nuevo o la

nueva titular. Podrá ser reelegido o reelegida para un nuevo período mediante

concurso público.

34

Será designado o designada por el respectivo Concejo Municipal, dentro de los

sesenta días siguientes a su instalación, mediante concurso público, cuyas bases

y organización serán determinadas en el Reglamento Parcial que se dicte a tal

efecto. La designación y juramentación del contralor o contralora serán

realizadas por el Concejo Municipal, dentro de los cinco días siguientes a la

presentación del veredicto del jurado evaluador.

Artículo 104. Son atribuciones del contralor o contralora municipal:

1. El control posterior de los organismos y entes descentralizados.

2. El control y las inspecciones en los entes públicos, dependencias y

organismos administrativos de la entidad, con el fin de verificar la legalidad y

veracidad de sus operaciones.

3. El control perceptivo que sea necesario con el fin de verificar las operaciones

de los entes municipales o distritales, sujetos a control que, de alguna

manera, se relacionen con la liquidación y recaudación de ingresos, el manejo

y el empleo de los fondos, la administración de bienes, su adquisición y

enajenación, así como la ejecución de contratos. La verificación a que se

refiere el presente numeral tendrá por objeto, no sólo la comprobación de la

sinceridad de los hechos en cuanto a su existencia y efectiva realización, sino

también, examinar si los registros o sistemas contables respectivos se ajustan

a las disposiciones legales y técnicas prescritas.

4. El control, vigilancia y fiscalización en las operaciones que realicen por

cuenta del Tesoro en los bancos auxiliares de la Tesorería Municipal.

5. Elaborar el código de cuentas de todas las dependencias sometidas a su

control, que administren, custodien o manejen fondos u otros bienes del

Municipio o del Distrito; velar por el cumplimiento de las disposiciones

establecidas en materia de contabilidad y resolver las consultas que al

respecto formulen.

6. Ordenar los ajustes que fueren necesarios en los registros de contabilidad de

los entes sujetos a su control, conforme al sistema contable fiscal de la

República, los cuales estarán obligados a incorporar en el lapso que se les

fije, salvo que demuestren la improcedencia de los mismos.

7. Realizar el examen selectivo o exhaustivo, así como la calificación de las

cuentas, en la forma y oportunidad que determine la Contraloría General de

la República.

35

8. El control de los resultados de la acción administrativa y, en general, la

eficacia con que operan las entidades sujetas a su vigilancia, fiscalización y

control.

9. La vigilancia para que los aportes, subsidios y otras transferencias hechas por

la República u organismos públicos al Municipio o a sus dependencias,

entidades descentralizadas y mancomunidades, o los que hiciere el Concejo

Municipal a otras entidades públicas privadas, sean invertidos en las

finalidades para las cuales fueron efectuadas. A tal efecto, la Contraloría

podrá practicar inspecciones y establecer los sistemas de control que estime

convenientes.

10. Velar por la formación y actualización anual del inventario de bienes, que

corresponde hacer al alcalde o alcaldesa, conforme con las normas

establecidas por la Contraloría General de la República.

11. Elaborar el proyecto de presupuesto de gastos de la Contraloría, el cual

remitirá al alcalde o alcaldesa, quien deberá incluirlo sin modificaciones en el

proyecto de presupuesto que presentará al Concejo Municipal. La Contraloría

está facultada para ejecutar los créditos de su respectivo presupuesto, con

sujeción a las leyes, reglamentos y ordenanzas respectivas.

12. Las demás que establezca las leyes u ordenanzas municipales.

Artículo 105. Las faltas temporales del contralor o contralora municipal serán

suplidas por el funcionario de la Contraloría que él o ella designe de

conformidad con la ordenanza. Cuando la ausencia exceda de quince días, deberá

ser autorizada por el Concejo Municipal.

Artículo 106. Se consideran faltas absolutas del contralor o contralora

municipal: renuncia, destitución, incapacidad física o mental permanente

certificada por una junta médica, o muerte.

Cuando se produzca la falta absoluta, el Concejo Municipal nombrará un

contralor o contralora municipal interino o interina que durará en sus funciones

hasta que se designe y juramente el nuevo o la nueva titular para el resto del

período municipal. El concurso debe ser convocado dentro de los treinta días

hábiles siguientes, después de producirse la vacante del cargo.

Si la falta absoluta se verifica seis meses antes de finalizar el período para el cual

fue designado o designada, el contralor o contralora municipal interino o interina

continuará en sus funciones hasta la culminación del mismo.

Artículo 107. El contralor o contralora remitirá los informes solicitados por el

Concejo Municipal, cada vez que le sean requeridos. Asimismo, deberá remitir

36

anualmente a la Contraloría General de la República, en los tres meses siguientes

a la finalización de cada período fiscal, un informe de sus actuaciones y de las

gestiones administrativas del Municipio, una relación de ingresos y gastos de

éste, los estados de ejecución del presupuesto, los balances contables con sus

respectivos anexos y el inventario anual actualizado de los bienes de la

respectiva entidad.

Artículo 108. El contralor o contralora municipal podrá ser destituido o

destituida de su cargo por decisión de las dos terceras (2/3) partes de los

concejales o concejalas, previa formación del respectivo expediente con

audiencia del interesado, preservando el derecho a la defensa y el debido

proceso, oída la opinión de la Contraloría General de la República.

El acto mediante el cual se aprueba la destitución del contralor o contralora

puede ser recurrido ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo

correspondiente.

Artículo 109. Son causales de destitución del contralor o contralora municipal

las siguientes:

1. Falta de vigilancia y de acciones en relación a la comisión de hechos

irregulares en la gestión administrativa del Municipio.

2. Reiterado incumplimiento sin causa justificada de sus deberes y

obligaciones.

3. La no presentación al Concejo Municipal y a la Contraloría General de la

República del informe sobre la gestión administrativa del Municipio y de su

gestión contralora, dentro del lapso establecido o de la prórroga concedida.

4. La inobservancia reiterada a las observaciones hechas por las comunidades

en el ejercicio de la Contraloría Social.

Capítulo V

Del Consejo Local de Planificación Pública

Artículo 110. El Consejo Local de Planificación Pública es el órgano encargado

de integrar al gobierno municipal y a las comunidades organizadas en el proceso

de planificación e instrumentación del desarrollo del Municipio. Su

funcionamiento se regirá por lo establecido en la ley especial y en la respectiva

ordenanza, de conformidad con la normativa de planificación correspondiente.

Artículo 111. Una vez elegido o elegida el alcalde o alcaldesa deberá presentar

ante el Consejo Local de Planificación Pública, dentro de los ciento ochenta días

siguientes a su toma de posesión, las líneas maestras de su plan de gobierno y

37

para dar cabida a criterios de los ciudadanos y ciudadanas con el propósito de

enriquecer el Plan Municipal de Desarrollo, de conformidad con la normativa de

planificación correspondiente.

Capítulo VI

Órganos auxiliares

Sección primera: de la Secretaría

Artículo 112. En cada Municipio existirá un secretario o secretaria designado o

designada por el Concejo Municipal. Para ser secretario o secretaria se requiere

ser venezolano o venezolana, mayor de edad y gozar de sus derechos civiles y

políticos. Los candidatos deberán tener idoneidad y competencia para el ejercicio

del cargo y en lo posible, poseer título universitario o de técnico superior.

El Municipio podrá establecer por ordenanza, los requisitos particulares que

considere para cumplir la función de Secretaría, así como las previsiones en caso

de ausencia.

Artículo 113. Son atribuciones del secretario o secretaria del Concejo

Municipal:

1. Asistir a las sesiones del Concejo Municipal y elaborar las actas.

2. Refrendar las ordenanzas y demás instrumentos jurídicos que dicte el Cuerpo.

3. Hacer llegar a los concejales o concejalas las convocatorias para las sesiones

extraordinarias del Concejo Municipal.

4. Llevar con regularidad los libros, expedientes y documentos del Concejo

Municipal, custodiar su archivo y conservarlo organizado, de acuerdo con las

técnicas más adecuadas.

5. Despachar las comunicaciones que emanen del Concejo Municipal y llevar

con exactitud el registro de todos los expedientes o documentos que se

entreguen por su órgano.

6. Expedir, de conformidad con la ley, certificaciones de las actas del Concejo

Municipal o de cualquier otro documento que repose en los archivos del

órgano, previa autorización del Presidente o Presidenta del Cuerpo, así como

la asistencia efectiva a las sesiones del Concejo Municipal y de las

comisiones respectivas.

7. Dirigir los trabajos de la Secretaría.

8. Auxiliar a las comisiones del Concejo Municipal.

38

9. Coordinar la publicación y emisión de la Gaceta Municipal, de acuerdo con lo

dispuesto en la presente Ley y la ordenanza respectiva.

10.Las demás que le señalen las leyes, ordenanzas y otros instrumentos jurídicos

aplicables.

Artículo 114. El secretario o secretaria durará un año en sus funciones y podrá

ser designado o designada para nuevos períodos. Podrá ser destituido o destituida

por decisión de la mayoría de los integrantes del Concejo Municipal previa

formación del respectivo expediente instruido con audiencia del funcionario y

garantizándose el debido proceso.

Sección segunda: de la Sindicatura

Artículo 115. En cada Municipio existirá una Sindicatura de apoyo jurídico al

Poder Público Municipal a cargo de un síndico procurador o síndica procuradora

quien deberá ser venezolano o venezolana, mayor de edad, abogado o abogada,

gozar de sus derechos civiles y políticos y no tener interés personal directo en

asunto relacionado con el Municipio o Distrito.

El desempeño del cargo es a dedicación exclusiva e incompatible con el libre

ejercicio de la profesión.

Artículo 116. El síndico procurador o síndica procuradora será designado o

designada por el alcalde o la alcaldesa, previa autorización del Concejo

Municipal, en la sesión ordinaria siguiente a la de instalación de este último

órgano o dentro de la sesión más inmediata posible. Cuando el Concejo

Municipal no apruebe tal designación, deberá hacerlo mediante acto explícito y

motivado.

Artículo 117. Cuando el Concejo Municipal no apruebe la designación hecha

por el alcalde o alcaldesa, éste o ésta deberá proponer una terna acompañada de

los soportes académicos y de cualquier otro orden que sustenten sus

postulaciones y el Concejo Municipal deberá pronunciarse dentro de los quince

días continuos siguientes en favor de una de las postulaciones presentadas; en

defecto de lo cual, el alcalde o alcaldesa podrá designar a quien estime más

apropiado dentro de la terna de postulados.

Artículo 118. Corresponde al síndico procurador o síndica procuradora:

1. Representar y defender judicial y extrajudicialmente, los intereses del

Municipio en relación con los bienes y derechos de la entidad, de acuerdo al

ordenamiento jurídico e instrucciones del alcalde o alcaldesa o del Concejo

Municipal, según corresponda.

39

2. Representar y defender al Municipio conforme con las instrucciones

impartidas por el alcalde o la alcaldesa, o el Concejo Municipal, en cuanto a

los derechos relacionados con el Tesoro Municipal y conforme con lo

determinado por las leyes y ordenanzas. Cumplirá las mismas funciones en

los juicios contenciosos administrativos que involucren al Municipio, según

corresponda.

3. Asesorar jurídicamente al alcalde o alcaldesa y al Concejo Municipal,

mediante dictamen legal e informes que respondan a sus solicitudes.

4. Someter a la consideración del alcalde o alcaldesa proyectos de ordenanzas y

reglamentos o de reforma de los mismos.

5. Asistir, con derecho de palabra, a las sesiones del Concejo Municipal en las

materias relacionadas con su competencia o aquellas a las cuales sea

convocado.

6. Denunciar los hechos ilícitos en que incurran los funcionarios o empleados en

el ejercicio de sus funciones y, previa autorización del alcalde o alcaldesa,

intentar las acciones jurídicas a que haya lugar.

7. Asesorar jurídicamente y orientar a los ciudadanos y ciudadanas, organizados

o no, en todos los asuntos de su competencia.

8. Velar por el buen funcionamiento de los servicios públicos municipales y

presentar Informe sobre el déficit y limitaciones prestacionales de éstos,

presentándoselos al alcalde o alcaldesa y al Concejo Municipal.

9. Cumplir con los demás deberes y atribuciones que le señalen las leyes y

ordenanzas.

Artículo 119. Los informes y dictámenes del síndico procurador o síndica

procuradora no tienen carácter vinculante, salvo disposición en contrario de leyes

nacionales, estadales y/u ordenanzas municipales correspondientes.

Artículo 120. El síndico o síndica cumplirá funciones de Fiscal de Hacienda, en

la Hacienda Pública Municipal a solicitud del alcalde o alcaldesa.

Artículo 121. El síndico o síndica durará en sus funciones el lapso que dentro

del período municipal, del alcalde o alcaldesa respectiva, se establezca por

ordenanza, y podrá ser destituido por votación de la mitad más uno de los

concejales o concejalas presentes, previo expediente, con garantía del debido

proceso.

40

Sección tercera: del Cronista del Municipio

Artículo 122. El Municipio podrá crear, mediante ordenanza, la figura del

Cronista, quien tendrá como misión recopilar, documentar, conservar y defender

las tradiciones, costumbres y hábitos sociales de su comunidad. Deberá ser

venezolano o venezolana, mayor de edad, gozar de sus derechos civiles y

políticos ser profundo conocedor o conocedora y estudioso o estudiosa del

patrimonio histórico y cultural del Municipio.

Artículo 123. En aquellos municipios donde no exista la figura del Cronista, será

designado o designada de acuerdo con los requisitos establecidos en la ordenanza

respectiva. En aquellos municipios donde ya exista, será designado o designada

al producirse su ausencia absoluta.

Las competencias, funcionamiento, derechos y personal a su cargo quedarán

establecidos en la ordenanza respectiva.

TÍTULO V

DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Capítulo I

Principios generales sobre la Hacienda Pública Municipal

Artículo 124. La Hacienda Pública Municipal está constituida por los bienes,

ingresos y obligaciones que forman su activo y pasivo, así como los demás

bienes y rentas cuya administración corresponda al ente municipal.

El Tesoro Municipal está conformado por el dinero y los valores de la entidad

municipal así como por las obligaciones a su cargo.

Artículo 125. La administración financiera de la Hacienda Pública Municipal

está conformada por los sistemas de bienes, planificación, presupuesto, tesorería,

contabilidad y tributario regulados en esta Ley.

Artículo 126. La administración financiera de la Hacienda Pública Municipal se

ejercerá en forma planificada con arreglo a los principios de legalidad, eficiencia,

celeridad, solvencia, transparencia, rendición de cuentas, responsabilidad,

equilibrio fiscal y de manera coordinada con la Hacienda de la República y la de

los estados, sin perjuicio de la autonomía que la Constitución de la República

Bolivariana de Venezuela consagra a favor de los municipios para la gestión de

las materias de su competencia y para la creación, recaudación e inversión de sus

ingresos.

41

Artículo 127. El alcalde o alcaldesa es el o la responsable de la Hacienda

Pública Municipal y le corresponde la dirección de su administración financiera,

sin perjuicio del régimen de control atribuido al Concejo Municipal, al Consejo

Local de Planificación Pública, a la Contraloría Municipal y al control

ciudadano.

Artículo 128. También están sujetos a las regulaciones de este Título en cuanto

le sean aplicables, los demás entes u organismos que conforman el sector público

municipal, a saber:

1. Los distritos metropolitanos.

2. Los institutos autónomos municipales.

3. Los servicios autónomos sin personalidad jurídica creados por los municipios

4. Las sociedades mercantiles en las cuales los municipios tengan participación

igual o mayor al cincuenta por ciento de su capital social.

5. Las fundaciones, sociedades civiles, asociaciones civiles y demás

instituciones constituidas con fondos públicos municipales que representen el

cincuenta por ciento o más de su patrimonio.

6. Las demás personas jurídicas municipales de derecho público, con o sin fines

empresariales no contempladas en los numerales anteriores.

Artículo 129. El Municipio responderá patrimonialmente por los daños que

cause con ocasión del funcionamiento de sus servicios por acción, por falta u

omisión; queda a salvo el derecho del particular para exigir la responsabilidad

del funcionario y el derecho del Municipio de actuar contra éste, de conformidad

con las leyes que regulan la materia.

Artículo 130. El alcalde o la alcaldesa, los concejales o concejalas, el contralor o

contralora, el síndico o síndica y demás funcionarios y trabajadores municipales

serán responsables patrimonialmente ante el Municipio por los daños que le

causaren por incumplimiento de sus deberes o por negligencia o impericia en el

desempeño de sus funciones.

Cualquier vecino del Municipio podrá exigir a las autoridades municipales

competentes el ejercicio de las acciones respectivas. Cuando la autoridad

competente no las ejerza, el o los vecinos interesados podrán accionar

legalmente, sin perjuicio de la intervención del Fiscal del Ministerio Público a

fin de que inicie la averiguación a que hubiere lugar.

42

Capítulo II

De los bienes y obligaciones municipales

Artículo 131. Son bienes municipales, sin menoscabo de legítimos derechos de

terceros, los bienes muebles e inmuebles que por cualquier título formen parte

del patrimonio del Municipio, o aquellos destinados en forma permanente a

algún establecimiento público o servicio del Municipio o a algún ramo de su

administración, salvo disposición o convenio expresos en contrario.

Los bienes municipales se dividen en bienes del dominio público y bienes del

dominio privado.

Artículo 132. Los bienes de dominio público son:

1. Los ejidos. Se exceptúan las tierras correspondientes a los pueblos y

comunidades indígenas.

2. Las vías terrestres urbanas, rurales y de usos comunales.

3. Los que adquiera el Municipio mediante expropiación conforme a la ley.

Artículo 133. Los bienes del dominio público del Municipio son inalienables e

imprescriptibles, salvo que el Concejo Municipal proceda a su desafectación con

el voto favorable de las tres cuartas (3/4) partes de sus integrantes, previa

consulta con los Consejos Locales de Planificación Pública. En el expediente

administrativo de desafectación debe constar la opinión del Síndico Procurador o

Síndica Procuradora y del Contralor o Contralora Municipal.

En el caso de los ejidos se procederá conforme a esta Ley y las ordenanzas.

Artículo 134. La adquisición, enajenación, administración, conservación,

custodia, mejora, restitución, desincorporación y demás operaciones que tengan

por objeto bienes municipales se rigen por las ordenanzas y reglamentos dictados

en la materia por los municipios. La legislación sobre bienes nacionales se

aplicará con carácter supletorio en cuanto sea procedente.

Artículo 135. La adquisición de los bienes inmuebles necesarios para el uso

público o servicio oficial del Municipio se hará por el alcalde o alcaldesa,

siempre que conste el informe favorable del contralor o contralora, conforme a

las disposiciones aplicables.

Artículo 136. Los municipios no podrán donar ni dar en usufructo, comodato o

enfiteusis bienes inmuebles de su dominio privado, salvo a entes públicos o

privados para la ejecución de programas y proyectos de interés público en

materia de desarrollo económico o social. En cada caso se requerirá, a solicitud

43

motivada del alcalde o alcaldesa, autorización del Concejo Municipal dada con

el voto de las dos terceras (2/3) partes de sus integrantes.

Cuando los inmuebles a que se refiere este artículo dejen de cumplir el fin

específico para el cual se hizo la adjudicación, revertirán o se restituirán de pleno

derecho al Municipio, libres de gravamen y sin pago alguno por parte de la

entidad. A fin de promover la transparencia de estos procesos, el alcalde o

alcaldesa incluirá en la Memoria y Cuenta Anual, información actualizada sobre

el estado de ejecución de los proyectos cuya realización fue causa de la

adjudicación.

Artículo 137. Son ingresos ordinarios del Municipio:

1. Los procedentes de la administración de su patrimonio, incluido el producto

de sus ejidos y bienes.

2. Las tasas por el uso de sus bienes o servicios; las tasas administrativas por

licencias o autorizaciones; los impuestos sobre actividades económicas de

industria, comercio, servicios o de índole similar, con las limitaciones

establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; los

impuestos sobre inmuebles urbanos, vehículos, espectáculos públicos, juegos

y apuestas lícitas, propaganda y publicidad comercial; las contribuciones

especiales por mejoras sobre plusvalía de las propiedades generadas por

cambio de uso o de intensidad de aprovechamiento con que se vean

favorecidas por los planes de ordenación urbanística y cualesquiera otros que

le sean asignados por ley.

3. El impuesto territorial rural o sobre predios rurales y otros ramos tributarios

Nacionales o estadales, conforme a las leyes de creación de estos tributos.

4. Los derivados del Situado Constitucional y otras transferencias o

subvenciones nacionales o estadales.

5. El producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias y las

demás que le sean atribuidas.

6. Los dividendos o intereses por suscripción de capital.

7. Los provenientes del Fondo de Compensación Interterritorial.

8. Los demás que determine la ley.

Artículo 138. El Situado Constitucional es el ingreso que le corresponde a los

municipios en cada ejercicio fiscal, de conformidad con lo dispuesto en el

numeral 4 del artículo 167 de la Constitución de la República Bolivariana de

Venezuela; el cual comprende:

44

1. Una cantidad no menor al veinte por ciento (20%) de la correspondiente al

respectivo estado en el presupuesto de los ingresos ordinarios del Fisco

Nacional.

2. Una participación no menor del veinte por ciento (20%) de los demás

ingresos ordinarios del mismo estado.

La distribución del situado entre los municipios de cada estado se hará conforme

a los siguientes parámetros: cuarenta y cinco por ciento (45%) en partes iguales,

cincuenta por ciento (50%) en proporción a la población de los municipios y

cinco por ciento (5%) en proporción a su extensión territorial.

Artículo 139. Son ingresos extraordinarios del Municipio:

1. El producto del precio de venta de los ejidos y demás bienes muebles e

inmuebles municipales.

2. Los bienes que se donaren o legaren a su favor.

3. Las contribuciones especiales.

4. Los aportes especiales que le acuerden organismos nacionales o estadales.

5. El producto de los empréstitos y demás operaciones de crédito público

contratados, de conformidad con la ley.

Artículo 140. Los ingresos públicos extraordinarios sólo podrán destinarse a

inversión en obras o servicios que aseguren la recuperación de la inversión o el

incremento efectivo del patrimonio del Municipio. Excepcionalmente y sólo en

caso de emergencia por catástrofe o calamidad pública, podrán destinarse para

atenderla; este destino requerirá la autorización del Concejo Municipal.

Cuando dichos ingresos provengan de la enajenación de terrenos de origen ejidal

y demás bienes muebles e inmuebles del Municipio, deberán necesariamente ser

invertidos en bienes que produzcan nuevos ingresos al Municipio.

Los concejales o concejalas velarán por el cumplimiento de este artículo y

responderán solidariamente con el alcalde o alcaldesa por la contravención de

esta norma, a menos que demostraren el respectivo procedimiento para hacer

efectiva la responsabilidad administrativa y civil del alcalde o alcaldesa.

Artículo 141. Las ordenanzas de creación de institutos autónomos municipales y

demás actos por los cuales se crearen mancomunidades, sociedades, fundaciones

o asociaciones civiles por cada Municipio o se decidiere su participación en

ellas, deberán especificar los ingresos de dichos entes, así como su naturaleza y

origen, de conformidad con lo dispuesto en la ley respectiva.

45

Artículo 142. Los municipios y los entes creados por ellos no podrán realizar

operaciones de crédito público externo ni en moneda extranjera, ni garantizar

obligaciones de terceros. Para realizar operaciones de crédito público interno, los

municipios seguirán el procedimiento establecido en la ley nacional que rige la

materia.

Artículo 143. Sin perjuicio del privilegio de cobro ejecutivo establecido en la

ley, el retardo en el cumplimiento de las obligaciones relativas a acreencias no

tributarias de los municipios genera intereses moratorios, calculado a la tasa

mensual que fije la ordenanza, conforme a la legislación nacional aplicable, y se

causará desde la fecha que se haya hecho exigible el pago. En materia tributaria

la tasa aplicable para el cálculo de los intereses moratorios, tanto los que se

causen a favor del Tesoro Municipal como a favor de los contribuyentes por

pagos indebidos de tributos, será como máximo, la prevista en el Código

Orgánico Tributario.

Artículo 144. Las multas que apliquen los órganos de la Hacienda Pública

Municipal por causa de infracciones, serán impuestas en virtud de la resolución

motivada que dicte el funcionario competente de acuerdo con lo establecido en la

ordenanza respectiva.

Artículo 145. Constituye el pasivo de la Hacienda Pública Municipal:

1. Las obligaciones legalmente contraídas derivadas de la ejecución del

presupuesto de gastos.

2. Las deudas válidamente contraídas provenientes de la ejecución de

presupuestos anteriores.

3. Las acreencias o derechos reconocidos administrativamente a favor de

terceros, de conformidad con los procedimientos legales aplicables, y las

obligaciones del Municipio por sentencia definitivamente firme.

4. Los valores consignados por terceros, que el Municipio esté legalmente

obligado a entregar.

5. Cualquier otro que califique como tal, según la ley.

Capítulo III

De los ejidos

Artículo 146. Los ejidos son bienes del dominio público destinados al desarrollo

local. Sólo podrán enajenarse para construcción de viviendas o para usos

productivos de servicios y cualquier otro de interés público, de acuerdo con los

46

planes de ordenación urbanística y lo dispuesto en las respectivas ordenanzas

municipales.

Son también ejidos los terrenos situados dentro del área urbana de las

poblaciones del Municipio, que no tengan dueño, sin menoscabo de los legítimos

derechos de terceros válidamente constituidos. Igualmente, se consideran ejidos

las tierras baldías ubicadas en el área urbana. Se exceptúan las tierras

correspondientes a las comunidades y pueblos indígenas.

Artículo 147. En caso de que la construcción o el uso convenido para el terreno

desafectado de su condición de ejido o terreno privado del Municipio, no se

realice dentro del plazo previsto en el respectivo contrato traslativo de la

tenencia o propiedad y si vencido éste, sin haberse solicitado su prórroga con la

justificación correspondiente o cuando la ampliación del plazo le fuere negada

por el órgano competente, previo acuerdo expreso del Concejo Municipal, queda

autorizado el alcalde o la alcaldesa, con la apertura del debido proceso y

audiencia de parte o su representante legal, dictar, por resolución motivada, la

resolución del contrato. Publicada en Gaceta Municipal, esta decisión surtirá sus

efectos ante terceras personas y el Municipio por su órgano procederá a rescatar

el terreno, sin obligación de pago de indemnización alguna. Esta penalidad se

considerará inserta y formando parte de todos los contratos que celebre el

Municipio, en los cuales su objeto sea la cesión en uso, tenencia o propiedad

sobre terrenos ejidos, los que posea bajo presunción de ser ejidos o sobre sus

terrenos propios. En el caso de que se trate de contrato otorgado, cuyo

documento se haya autenticado o protocolizado, bastará que el alcalde o la

alcaldesa remita con oficio al Notario o Registrador Subalterno, copia de la

Gaceta Municipal donde aparece publicada la Resolución, para que de oficio

protocolice el acto administrativo que la contiene, estampando las notas

marginales en los protocolos respectivos, revirtiendo de pleno derecho la

propiedad del inmueble al Municipio.

Artículo 148. La compra de terrenos que resulte de la parcelación de ejidos, así

como de terrenos propios del Municipio, se hará a riesgo del comprador, quien

no podrá reclamar saneamiento por evicción.

Artículo 149. Se declara de utilidad pública y de interés social la concesión y

ampliación de los ejidos municipales.

Se consideran de utilidad pública e interés social las tierras pertenecientes al

Poder Nacional o a los estados que estén comprendidas dentro del perímetro

urbano del Municipio descrito en el Plan de Ordenación Urbanística y que sean

necesarias para la expansión urbana.

47

Quedan excluidos de esta afectación ejidal los parques nacionales, los

monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica, así

como las tierras que, por su calidad, sean aptas para la agricultura.

Artículo 150. El Concejo Municipal podrá adoptar, por ordenanza, una política

general de no-enajenación de sus terrenos de origen ejidal o propios, así como

sujetar su administración, uso y disposición a las restricciones que considere más

convenientes al desarrollo de las poblaciones y al interés del Municipio,

debiendo reservar áreas suficientes para fines de servicio público.

Artículo 151. En el caso de la adquisición de tierras particulares para la

concesión o ampliación de ejidos, el pago podrá hacerse en bonos emitidos por la

República, redimibles en un plazo no mayor de veinte años y al interés que se

fije en cada emisión, previa la autorización del Ejecutivo Nacional. Los bonos y

sus intereses serán pagados en el plazo convenido entre la República y el

Municipio, con un tanto por ciento de la proporción del Situado Municipal que

corresponda al respectivo Municipio, porcentaje que podrá ser retenido por el

Ejecutivo Nacional.

Capítulo IV

De la actuación del Municipio en juicio

Artículo 152. Los funcionarios judiciales están obligados a citar al síndico

procurador o síndica procuradora municipal en caso de demandas contra el

Municipio, o a la correspondiente entidad municipal, así como a notificar al

alcalde o alcaldesa de toda demanda o solicitud de cualquier naturaleza que

directa o indirectamente obre contra los intereses patrimoniales del Municipio o

la correspondiente entidad municipal.

Dicha citación se hará por oficio y se acompañará de copias certificadas de la

demanda y todos sus anexos. Mientras no conste en el expediente la citación

realizada con las formalidades aquí exigidas, no se considerará practicada. La

falta de citación o la citación practicada sin las formalidades aquí previstas, será

causal de anulación y, en consecuencia, se repondrá la causa. Una vez practicada

la citación, el síndico procurador o síndica procuradora municipal tendrá un

término de cuarenta y cinco días continuos para dar contestación a la demanda.

Los funcionarios judiciales están obligados a notificar al síndico procurador o

síndica procuradora municipal de toda sentencia definitiva o interlocutoria.

Artículo 153. Cuando la autoridad municipal competente, debidamente citada,

no compareciere al acto de contestación a la demanda o no diere contestación a

las cuestiones previas que le hayan sido opuestas, se las tendrá como

48

contradichas en todas sus partes, sin perjuicio de la responsabilidad que dicha

omisión comporte para el funcionario encargado de la representación judicial de

los intereses patrimoniales de la entidad.

Artículo 154. El síndico procurador o síndica procuradora municipal o el

apoderado judicial de la entidad municipal, no podrá convenir, desistir, transigir

ni comprometer en árbitros sin la previa autorización dada por escrito por el

alcalde o alcaldesa, o por la autoridad competente de la respectiva entidad

municipal. Las ordenanzas respectivas podrán requerir la previa autorización del

Concejo Municipal al alcalde o alcaldesa, cuando el monto comprometido supere

el equivalente de las unidades tributaria señaladas en ellas.

Artículo 155. Los bienes, rentas, derechos o acciones pertenecientes al

Municipio o, a una entidad municipal, no estarán sujetos a medidas preventivas;

tampoco estarán sometidos a medidas ejecutivas, salvo en los casos previstos en

esta Ley.

Artículo 156. El Municipio o las entidades municipales podrán ser condenadas

en costas. Para que proceda la condenatoria en costas, será necesario que resulten

totalmente vencidas en juicio por sentencia definitivamente firme.

El monto de la condenatoria en costas, cuando proceda, no podrá exceder del

diez por ciento (10%) del valor de la demanda. En todo caso, el juez o jueza

podrá eximir de costas al Municipio o a las entidades municipales cuando éstas

hayan tenido motivos racionales para litigar.

Artículo 157. Cuando el Municipio o una entidad municipal resultaren

condenados por sentencia definitivamente firme, el Tribunal, a petición de parte

interesada, ordenará su ejecución. A estos fines, notificará al alcalde o alcaldesa

o a la autoridad ejecutiva de la entidad municipal, que debe dar cumplimiento

voluntario a la sentencia dentro de los diez días siguientes a la notificación.

Dentro de ese lapso, el Municipio o la entidad municipal, según el caso, podrá

proponer al ejecutante una forma de cumplir con la sentencia. Si esa forma fuere

rechazada, las partes podrán suspender el lapso establecido para la ejecución

voluntaria por el tiempo que se convenga o realizar actos de composición

voluntaria. Transcurrido el lapso para la ejecución voluntaria sin que la sentencia

se haya cumplido, se procederá a la ejecución forzosa.

Artículo 158. Vencido el lapso para la ejecución voluntaria de la sentencia, el

Tribunal determinará la forma y oportunidad de dar cumplimiento a lo ordenado

por la sentencia, según los procedimientos siguientes:

49

1. Cuando la condena hubiere recaído sobre cantidad líquida de dinero, el

Tribunal, a petición de parte, ordenará a la máxima autoridad administrativa

del Municipio o de la entidad municipal para que incluya el monto a pagar en

el presupuesto del año próximo y siguientes, a menos que exista provisión de

fondos en el presupuesto vigente. Cuando la orden del Tribunal no fuere

cumplida o la partida prevista no fuere ejecutada, el Tribunal, a petición de

parte, ejecutará la sentencia conforme al procedimiento previsto en el Código

de Procedimiento Civil para la ejecución de sentencias de condena sobre

cantidades líquidas de dinero. El monto anual de dicha partida no excederá

del cinco por ciento (5%) de los ingresos ordinarios del presupuesto del

Municipio o distrito.

2. Cuando en la sentencia se hubiere ordenado la entrega de algún bien el

tribunal llevará a efecto la entrega. Si tales bienes estuvieren afectados al uso

público, a un servicio público o a una actividad de utilidad pública, el

Tribunal, a petición de parte, acordará que el precio sea fijado mediante

peritos en la forma establecida por la Ley de Expropiación por Causa de

Utilidad Pública o Social. Fijado el precio, se procederá como si se tratare del

pago de cantidades de dinero.

3. Cuando en la sentencia se hubiere condenado al cumplimiento de una

obligación de hacer, el Tribunal, a petición de parte, fijará un lapso de treinta

días consecutivos para que el Municipio o la entidad municipal

correspondiente proceda a cumplir con la obligación. Si ella no fuere

cumplida, el Tribunal, a petición de parte, procederá él mismo a ejecutar la

sentencia. A estos fines, se trasladará a la oficina municipal correspondiente y

requerirá al ente municipal para que cumpla con la obligación. Si a pesar de

este requerimiento la obligación no fuere cumplida, entonces el Tribunal

sustituirá al ente municipal y hará que la obligación de hacer sea cumplida.

Para el caso de que, por la naturaleza de la obligación, no fuere posible que el

Tribunal la ejecutare en la misma forma en que fue contraída, entonces se

estimará su valor y se procederá a su ejecución como si fuere una cantidad de

dinero.

4. Cuando en la sentencia se hubiere condenado a una obligación de no hacer, el

Tribunal, a petición de parte, ordenará el resarcimiento del daño que se derive

del incumplimiento de la obligación de no hacer.

50

Capítulo V

De la potestad tributaria del Municipio

Sección primera: disposiciones generales

Artículo 159. El Municipio a través de ordenanzas podrá crear, modificar o

suprimir los tributos que le corresponden por disposición constitucional o que les

sean asignados por ley nacional o estadal. Asimismo, los municipios podrán

establecer los supuestos de exoneración o rebajas de esos tributos.

La ordenanza que cree un tributo, fijará un lapso para su entrada en vigencia. Si

no la estableciera, se aplicará el tributo una vez vencidos los sesenta días

continuos siguientes a su publicación en Gaceta Municipal.

Artículo 160. En la creación de sus tributos los municipios actuarán conforme a

lo establecido en los artículos 316 y 317 de la Constitución de la República

Bolivariana de Venezuela. En consecuencia, los tributos municipales no podrán

tener efecto confiscatorio, ni permitir la múltiple imposición interjurisdiccional o

convertirse en obstáculo para el normal desarrollo de las actividades económicas.

Asimismo, los municipios ejercerán su poder tributario de conformidad con los

principios, parámetros y limitaciones que se prevean en esta Ley, sin perjuicio de

otras normas de armonización que con esos fines, dicte la Asamblea Nacional.

Artículo 161. Los municipios podrán celebrar acuerdos entre ellos y con otras

entidades político territoriales con el fin de propiciar la coordinación y

armonización tributaria y evitar la doble o múltiple tributación

interjurisdiccional. Dichos convenios entrarán en vigencia en la fecha de su

publicación en la respectiva Gaceta Municipal o en la fecha posterior que se

indique.

Artículo 162. No podrá cobrarse impuesto, tasa, ni contribución municipal

alguna que no esté establecido en ordenanza. Las ordenanzas que regulen los

tributos municipales deberán contener:

1. La determinación del hecho imponible y de los sujetos pasivos.

2. La base imponible, los tipos o alícuotas de gravamen o las cuotas exigibles,

así como los demás elementos que determinan la cuantía de la deuda

tributaria.

3. Los plazos y forma de la declaración de ingresos o del hecho imponible.

51

4. El régimen de infracciones y sanciones. Las multas por infracciones

tributarias no podrán exceder en cuantía a aquéllas que contemple el Código

Orgánico Tributario.

5. Las fechas de su aprobación y el comienzo de su vigencia.

6. Las demás particularidades que señalen las leyes nacionales y estadales que

transfieran tributos.

Los impuestos, tasas y contribuciones especiales no podrán tener como base

imponible el monto a pagar por concepto de otro tributo.

Artículo 163. Los municipios podrán crear tasas con ocasión de la utilización

privativa de bienes de su dominio público, así como por servicios públicos o

actividades de su competencia, cuando se presente cualquiera de las

circunstancias siguientes:

1. Que sean de solicitud o recepción obligatoria por los usuarios.

2. Que no puedan realizarse por el sector privado, por requerir intervención o

ejercicio de autoridad o por estar reservados legalmente al sector público.

La recaudación estimada por concepto de tasas guardará proporción con el costo

del servicio o con el valor de la utilización del bien del dominio público objeto

del uso privativo.

Artículo 164. Los municipios podrán celebrar contratos de estabilidad tributaria

con contribuyentes o categoría de contribuyentes a fin de asegurar la continuidad

en el régimen relativo a sus tributos, en lo concerniente a alícuotas, criterios para

distribuir base imponible cuando sean varias las jurisdicciones en las cuales un

mismo contribuyente desarrolle un proceso económico único u otros elementos

determinativos del tributo. El alcalde o alcaldesa podrá celebrar dichos

convenios y entrarán en vigor previa autorización del Concejo Municipal. La

duración de tales contratos será de cuatro años como plazo máximo; al término

del mismo, el alcalde o alcaldesa podrá otorgar una prórroga, como máximo

hasta por el mismo plazo. Estos contratos no podrán ser celebrados, ni

prorrogados en el último año de la gestión municipal.

Artículo 165. Los municipios en sus contrataciones no podrán obligarse a

renunciar al cobro de sus tributos, así como tampoco podrán comprometerse

contractualmente a obtener la liberación del pago de impuestos nacionales o

estadales. Tales estipulaciones serán nulas de pleno derecho y, asimismo lo serán

las exenciones o exoneraciones de tributos municipales concedidas por el Poder

Nacional o los estados.

52

Artículo 166. El régimen de prescripción de las deudas tributarias se regirá por

lo dispuesto en el Código Orgánico Tributario. Dicho Código aplicará de manera

supletoria a la materia tributaria municipal que no esté expresamente regulada en

esta Ley o en las ordenanzas.

Artículo 167. El Municipio sólo podrá acordar exenciones, exoneraciones o

rebajas de impuestos o contribuciones municipales especiales, en los casos y con

las formalidades previstas en las ordenanzas. La ordenanza que autorice al

alcalde o alcaldesa para conceder exoneraciones especificará los tributos que

comprende, los presupuestos necesarios para que proceda, las condiciones a las

cuales está sometido el beneficio y el plazo máximo de duración de aquél. En

todos los casos, el plazo máximo de duración de las exoneraciones o rebajas será

de cuatro años; vencido el término de la exoneración o rebaja, el alcalde o

alcaldesa podrá renovarla hasta por el plazo máximo fijado en la ordenanza o, en

su defecto, el previsto como máximo en este artículo.

Sección segunda: de la administración tributaria municipal

Artículo 168. Las relaciones fiscales entre la República, los estados y los

municipios estarán regidas por los principios de integridad territorial, autonomía,

coordinación, cooperación, solidaridad interterritorial y subsidiariedad. En

consecuencia, en el ejercicio de sus competencias propias, los municipios

deberán ponderar la totalidad de los intereses públicos implicados.

Artículo 169. En atención al principio de colaboración entre los distintos niveles

de la Administración Pública y en relación de reciprocidad que permita la

efectividad de la coordinación administrativa, los municipios deberán:

1. Facilitar a las otras administraciones información sobre antecedentes, datos o

informaciones que obren en su poder y resulten relevantes para el adecuado

desarrollo de los cometidos de aquéllas.

2. Prestar la cooperación y asistencia activa que las otras administraciones

pudieran requerir para el eficaz cumplimiento de sus tareas.

3. Suministrar la información estadística relacionada con la recaudación de sus

ingresos, padrones de contribuyentes y otras de similar naturaleza, a los entes

estadales o nacionales con competencias en materia de planificación y

estadísticas, así como a las Administraciones Tributarias que lo soliciten, para

lo cual podrán establecer un mecanismo de intercomunicación técnica.

Lo previsto en este artículo se entiende sin perjuicio del régimen legal a que está

sometidos el uso y la cesión de la información tributaria.

53

Artículo 170. La Administración Tributaria del Municipio podrá elaborar y

ejecutar planes de inspección conjunta o coordinada con las demás

Administraciones Tributarias Municipal, Estadal o Nacional.

Artículo 171. Todas las autoridades civiles, políticas, administrativas, militares y

fiscales de la República, de los estados y del Distrito Capital, los registradores,

notarios y jueces, así como los particulares, están obligados a prestar su concurso

para la inspección, fiscalización, recaudación, administración y resguardo de los

ingresos municipales y a denunciar los hechos de que tuviere conocimiento que

pudiesen constituir ilícito tributario contra la Hacienda Pública Municipal.

Artículo 172. Es competencia de los municipios la fiscalización, gestión y

recaudación de sus tributos propios, sin perjuicio de las delegaciones que puedan

otorgar a favor de otras entidades locales, de los estados o de la República. Estas

facultades no podrán ser delegadas a particulares.

Sección tercera: ingresos tributarios de los municipios

Subsección primera: impuesto sobre inmuebles urbanos

Artículo 173. El impuesto sobre inmuebles urbanos recae sobre toda persona

que tenga derechos de propiedad, u otros derechos reales, sobre bienes inmuebles

urbanos ubicados en la jurisdicción municipal de que se trate o los beneficiarios

de concesiones administrativas sobre los mismos bienes.

Artículo 174. La base imponible de este impuesto será el valor de los inmuebles.

La determinación del valor del inmueble se hará partiendo del valor catastral de

los mismos, el cual se fijará tomando como referencia el precio corriente en el

mercado. La base imponible, en ningún caso, podrá ser superior al valor en

mercado. Para la fijación del valor de mercado se deberán considerar las

condiciones urbanísticos edificatorias, el carácter histórico artístico del bien, su

uso o destino, la calidad y antigüedad de las construcciones y cualquier otro

factor que de manera razonable pueda incidir en el mismo.

Por valor de los inmuebles se tendrá el precio corriente en el mercado,

entendiéndose por tal el que normalmente se haya pagado por bienes de similares

características en el mes anterior a aquél en el que proceda la valoración, según

la ordenanza respectiva, siempre que sea consecuencia de una enajenación

efectuada en condiciones de libre competencia entre un comprador y un

vendedor no vinculados.

Artículo 175. Se consideran inmuebles urbanos:

54

1. El suelo urbano susceptible de urbanización. Se considera suelo urbano los

terrenos que dispongan de vías de comunicación, suministro de agua, servicio

de disposición de aguas servidas, suministro de energía eléctrica y alumbrado

público.

2. Las construcciones ubicadas en suelo susceptible de urbanización, entendidas

por tales:

a. Los edificios o lugares para el resguardo de bienes y/o personas,

cualesquiera sean los elementos de que estén constituidos, aun cuando

por la forma de su construcción sean perfectamente transportables y aun

cuando el terreno sobre el que se hallen situados no pertenezca al dueño

de la construcción. Se exceptúan los terrenos con vocación agrícola.

b. Las instalaciones asimilables a los mismos, tales como diques, tanques,

cargaderos y muelles.

No se considerarán inmuebles las maquinarias y demás bienes semejantes que se

encuentran dentro de las edificaciones, aún y cuando estén de alguna manera

adheridas a éstas.

Subsección segunda: impuesto sobre predios rurales

Artículo 176. Los mecanismos de recaudación y control por parte del Municipio,

en el impuesto sobre predios rurales serán establecidos en la ley nacional relativa

a las tierras rurales.

Subsección tercera: impuesto sobre transacciones inmobiliarias

Artículo 177. Corresponde al Municipio la recaudación y control de los

impuestos que, sobre transacciones inmobiliarias, creare el Poder Nacional. El

Municipio lo regulará por ordenanza.

Subsección cuarta: contribuciones especiales

Artículo 178. Los municipios podrán crear las siguientes contribuciones

especiales:

1. Sobre plusvalía de propiedades inmuebles causada por cambios de uso o de

intensidad en el aprovechamiento.

2. Por mejoras.

Estas contribuciones podrán ser creadas mediante ordenanza cuando sea

acordado un cambio de uso o de intensidad de aprovechamiento o la realización

de la obra o servicio que origine la mejora.

55

Artículo 179. La contribución especial sobre plusvalía de las propiedades

inmuebles originada por cambios de uso o de intensidad en el aprovechamiento,

se causará por el incremento en el valor de la propiedad como consecuencia de

los cambios de uso o de intensidad de aprovechamiento previstos en los planes

de ordenación urbanística con que esa propiedad resulte beneficiada. Esta

contribución estará destinada a la realización de las obras o prestación de los

servicios urbanos que se determinen en la ordenanza.

Artículo 180. La contribución especial sobre plusvalía de las propiedades

inmuebles causada por cambios de uso o de intensidad en el aprovechamiento,

sólo podrá crearse cuando el aumento del valor de las propiedades inmuebles sea

igual o superior al veinticinco por ciento (25%) de su valor antes del cambio de

uso o de intensidad de aprovechamiento. A los fines de la determinación de la

contribución, se presumirá que todo cambio de uso o de intensidad de

aprovechamiento producirá en los bienes afectados un aumento de valor de al

menos un veinticinco por ciento (25%). Esta presunción podrá ser desvirtuada en

el curso de los procedimientos que se establezcan para la determinación del

monto de la contribución por los sujetos afectados.

Artículo 181. La contribución especial sobre plusvalía de las propiedades

inmuebles por cambio de uso o de intensidad en el aprovechamiento no podrá

exceder de un quince por ciento (15%) del monto total de la plusvalía que

experimente cada inmueble. La ordenanza respectiva podrá disponer que esta

contribución sea exigida en forma fraccionada, por una sola vez dentro del plazo

máximo de pago de cinco años y las cuotas correspondientes podrán devengar un

interés máximo equivalente a la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela

para el cálculo de las prestaciones sociales.

Artículo 182. La contribución especial por mejoras se causará por la ejecución

por parte del Municipio o con su financiamiento de las obras públicas o

prestación de un servicio público que sea de evidente interés para la comunidad,

siempre que, como consecuencia de esas obras o servicios, resulten

especialmente beneficiadas determinadas personas. El importe de esta

contribución será determinado por el Concejo Municipal en función del costo

presupuestado de las obras o de los servicios pero no excederá, en ningún caso,

del cincuenta por ciento (50%) del costo de las obras o servicios. El porcentaje

de la base imponible que corresponderá a cada beneficiario de la obra o servicio

y las demás condiciones de procedencia se regirán por lo previsto en las

respectivas ordenanzas.

56

Artículo 183. A los efectos del artículo anterior, podrán ser considerados obras y

servicios financiados por los municipios:

1. Los que ejecuten total o parcialmente los municipios dentro del ámbito de

sus competencias para cumplir los fines que les estén atribuidos, a excepción

de los que realicen a título de propietarios de sus bienes patrimoniales.

2. Los que realicen los municipios por haberles sido atribuidos o delegados por

el Poder Nacional o Estadal.

3. Los que realicen otras entidades públicas o privadas concesionarios, con

aportaciones económicas del Municipio.

Artículo 184. Las cantidades recaudadas por la contribución especial por

mejoras sólo podrán destinarse a recuperar los gastos de la obra o servicio por

cuya razón se hubiesen exigido.

Artículo 185. Son sujetos pasivos de las contribuciones especiales previstas en

esta Subsección, las personas naturales o jurídicas propietarias de los inmuebles

que resulten especialmente beneficiados por los cambios de uso o de intensidad

de aprovechamiento o por la realización de las obras o el establecimiento o

ampliación de los servicios municipales que originan la obligación de contribuir.

Artículo 186. El costo de la obra o servicio estará integrado, por los siguientes

conceptos:

1. El costo de los proyectos, estudios planes y programas técnicos.

2. El importe de las obras o de los trabajos de establecimiento o ampliación de

los servicios.

3. El precio de los terrenos que hubieren de ocupar permanentemente las obras

o servicios, salvo que se trate de bienes de uso público o de terrenos cedidos

gratuitamente al Municipio.

4. Las indemnizaciones procedentes por expropiación o demolición de

construcciones, obras, plantaciones o instalaciones, así como las que

correspondan a los arrendatarios de los bienes que hayan de ser demolidos o

desocupados.

Artículo 187. La base imponible de las contribuciones por mejoras se repartirá

entre los sujetos pasivos beneficiados, para lo cual se tendrán en cuenta, entre

otros, la clase y naturaleza de las obras y servicios, la ubicación de los

inmuebles, los metros lineales de fachada, sus superficies, el volumen edificable

57

de los mismos y su precio corriente en el mercado. El monto de la base

imponible será determinado por el porcentaje en la correspondiente ordenanza.

Artículo 188. Cuando las obras y servicios de la competencia municipal sean

realizados o prestados por un Municipio con la colaboración económica de otra

entidad, y siempre que puedan ser impuestas contribuciones especiales con

arreglo a lo dispuesto en esta Ley, la gestión y recaudación de las mismas se hará

por la entidad que convencionalmente tome a su cargo la dirección de las obras o

el establecimiento o ampliación de los servicios. En cualquier caso, las entidades

involucradas deberán uniformar criterios y efectuar una sola determinación al

contribuyente.

Artículo 189. Las ordenanzas de creación de las respectivas contribuciones

especiales contendrán, además de los elementos constitutivos del tributo, un

procedimiento público que garantice la adecuada participación de los potenciales

contribuyentes en la determinación de la obligación tributaria, el cual incluirá la

previa consulta no vinculante con los potenciales contribuyentes para permitirles

formular observaciones generales acerca de la realización de la obra o el

establecimiento o ampliación de un servicio que deba costearse mediante

contribuciones especiales. La consulta contendrá la determinación del costo

previsto de las obras y servicios, la cantidad a repartir entre los beneficiarios y

los criterios de reparto y será expuesta al público por un período prudencial para

la recepción de las observaciones y comentarios que se formularen, dentro de las

condiciones que establecerá la ordenanza.

Artículo 190. Las contribuciones especiales por mejoras sólo podrán ser

exigidas por el Municipio una vez cada diez años respecto de los mismos

inmuebles.

Artículo 191. El pago que se haga por concepto de contribución por mejoras o

contribución sobre plusvalía de propiedades por cambios en el uso o en la

intensidad del aprovechamiento aceptará como rebaja el pago que corresponda

efectuar en el mismo año por concepto de impuesto sobre inmuebles urbanos.

Subsección quinta: impuesto sobre vehículos

Artículo 192. El impuesto sobre vehículos grava la propiedad de vehículos de

tracción mecánica, cualesquiera sean su clase o categoría y sean propiedad de

una persona natural residente o una persona jurídica domiciliada en el Municipio

respectivo.

Artículo 193. A los fines de este impuesto, se entiende por:

58

1. Sujeto residente: quien, siendo persona natural propietario o asimilado,

tenga en el Municipio respectivo su vivienda principal. Se presumirá que este

domicilio será el declarado para la inscripción en el Registro Automotor

Permanente.

2. Sujeto domiciliado: quien, siendo persona jurídica propietaria o asimilada,

ubique en el Municipio de que se trate un establecimiento permanente al cual

destine el uso del referido vehículo.

Se considerarán domiciliadas en el Municipio, las concesiones de rutas otorgadas

por el Municipio respectivo para la prestación del servicio del transporte dentro

del Municipio.

Artículo 194. A los fines del gravamen previsto en esta Ley, podrán ser

considerados contribuyentes asimilados a los propietarios, las siguientes

personas:

1. En los casos de ventas con reserva de dominio, el comprador, aun cuando la

titularidad del dominio subsista en el vendedor.

2. En los casos de opciones de compra, quien tenga la opción de comprar.

3. En los casos de arrendamientos financieros, el arrendatario.

Artículo 195. Los jueces, notarios y registradores cuyas oficinas se encuentren

ubicadas en la jurisdicción del Municipio correspondiente, colaborarán con la

Administración Tributaria Municipal para el control del cobro del tributo

previsto en esta Ley. A tal fin, cuando deban presenciar el otorgamiento de

documentos de venta o arrendamiento financiero de vehículos que sean

propiedad de residentes o domiciliados en ese Municipio, deberán exigir

comprobante de pago del impuesto previsto en esta Subsección, sin perjuicio de

la colaboración que pueda requerirse a oficinas notariales o registrales ubicadas

en jurisdicciones distintas.

El daño ocasionado al Municipio debido a la contravención de esta norma será

resarcido por el funcionario respectivo, con el valor del pago de la tasa vehicular

correspondiente.

Subsección sexta: impuesto sobre espectáculos públicos

Artículo 196. El impuesto sobre espectáculos públicos gravará la adquisición de

cualquier boleto, billete o instrumento similar que origine el derecho a presenciar

un espectáculo en sitios públicos o en salas abiertas al público.

59

Artículo 197. El impuesto sobre espectáculos públicos será pagado por el

adquirente del respectivo billete o boleto de entrada en el momento de la

adquisición. La empresa o empresario a cargo de quien esté el espectáculo podrá

ser nombrada agente de percepción del impuesto en la ordenanza respectiva.

Subsección séptima: impuesto sobre juegos y apuestas lícitas

Artículo 198. El impuesto sobre juegos y apuestas lícitas se causará al ser

pactada una apuesta en jurisdicción del respectivo Municipio. Se entiende

pactada la apuesta con la adquisición efectuada, al organizador del evento con

motivo del cual se pacten o a algún intermediario, distribuidor o cualquier otro

tipo de agente en la respectiva jurisdicción, de cupones, vales, billetes, boletos,

cartones, formularios o instrumentos similares a éstos que permitan la

participación en rifas, loterías o sorteos de dinero o de cualquier clase de bien,

objeto o valores, organizados por entes públicos o privados. Igualmente, se

gravarán con este impuesto las apuestas efectuadas mediante máquinas,

monitores, computadoras y demás aparatos similares para juegos o apuestas que

estén ubicados en la jurisdicción del Municipio respectivo.

Artículo 199. El apostador es el contribuyente del impuesto sobre juegos y

apuestas lícitas, sin perjuicio de la facultad del Municipio de nombrar agentes de

percepción a quienes sean los organizadores del juego, los selladores de

formularios o los expendedores de los billetes o boletos correspondientes, en la

respectiva jurisdicción.

Artículo 200. La base imponible del impuesto sobre juegos y apuestas lícitas la

constituye el valor de la apuesta. Las ganancias derivadas de las apuestas sólo

quedarán sujetas al pago de impuestos nacionales, de conformidad con la ley.

Subsección octava: impuesto sobre propaganda y publicidad comercial

Artículo 201. El impuesto sobre propaganda y publicidad comercial grava todo

aviso, anuncio o imagen que con fines publicitarios sea exhibido, proyectado o

instalado en bienes del dominio público municipal o en inmuebles de propiedad

privada siempre que sean visibles por el público, o que sea repartido de manera

impresa en la vía pública o se traslade mediante vehículo, dentro de la respectiva

jurisdicción municipal.

Artículo 202. A los efectos de este tributo, se entiende por propaganda

comercial o publicidad todo aviso, anuncio o imagen dirigido a llamar la

atención del público hacia un producto, persona o actividad específica, con fines

comerciales.

60

Artículo 203. El contribuyente de este tributo es el anunciante. Se entiende por

anunciante la persona cuyo producto o actividad se beneficia con la publicidad.

Podrán ser nombrados responsables de este tributo, en carácter de agentes de

percepción, las empresas que se encarguen de prestar el servicio de publicidad,

los editores o cualquier otro que, en razón de su actividad, participe o haga

efectiva la publicidad.

Subsección novena: impuesto sobre actividades económicas

Artículo 204. El hecho imponible del impuesto sobre actividades económicas es

el ejercicio habitual, en la jurisdicción del Municipio, de cualquier actividad

lucrativa de carácter independiente, aún cuando dicha actividad se realice sin la

previa obtención de licencia, sin menoscabo de las sanciones que por esa razón

sean aplicables.

El período impositivo de este impuesto coincidirá con el año civil y los ingresos

gravables serán los percibidos en ese año, sin perjuicio de que puedan ser

establecidos mecanismos de declaración anticipada sobre la base de los ingresos

brutos percibidos en el año anterior al gravado y sin perjuicio de que pueda ser

exigido un mínimo tributable consistente en un impuesto fijo, en los casos en que

así lo señalen las ordenanzas.

El comercio eventual o ambulante también estará sujeto al impuesto sobre

actividades económicas.

Artículo 205. Este impuesto es distinto a los tributos que corresponden al Poder

Nacional o Estadal sobre la producción o el consumo específico de un bien, o al

ejercicio de una actividad en particular y se causará con independencia de éstos.

En estos casos, al establecer las alícuotas de su impuesto sobre actividades

económicas, los municipios deberán ponderar la incidencia del tributo nacional o

estadal en la actividad económica de que se trate.

Este impuesto se causa con independencia de los tributos previstos en la

legislación general o la dictada por la Asamblea Nacional.

Artículo 206. Para que una actividad pueda ser considerada sin fines de lucro, el

beneficio económico obtenido de la actividad deberá ser reinvertido en el objeto

de asistencia social u otro similar en que consista la actividad y en el caso de

tratarse de una persona jurídica, que ese beneficio no sea repartido entre

asociados o socios.

Artículo 207. El impuesto sobre actividades económicas se causará con

independencia de que el territorio o espacio en el cual se desarrolle la actividad

61

económica sea del dominio público o del dominio privado de otra entidad

territorial o se encuentre cubierto por aguas.

Artículo 208. A los efectos de este tributo se considera:

1. Actividad Industrial: Toda actividad dirigida a producir, obtener,

transformar, ensamblar o perfeccionar uno o varios productos naturales o

sometidos previamente a otro proceso industrial preparatorio.

2. Actividad Comercial: Toda actividad que tenga por objeto la circulación y

distribución de productos y bienes, para la obtención de ganancia o lucro y

cualesquiera otras derivadas de actos de comercio, distintos a servicios.

3. Actividad de Servicios: Toda aquella que comporte, principalmente,

prestaciones de hacer, sea que predomine la labor física o la intelectual.

Quedan incluidos en este renglón los suministros de agua, electricidad, gas,

telecomunicaciones y aseo urbano, entre otros, así como la distribución de

billetes de lotería, los bingos, casinos y demás juegos de azar. A los fines del

gravamen sobre actividades económicas no se considerarán servicios, los

prestados bajo relación de dependencia.

Artículo 209. La base imponible del impuesto sobre actividades económicas está

constituida por los ingresos brutos efectivamente percibidos en el período

impositivo correspondiente por las actividades económicas u operaciones

cumplidas en la jurisdicción del Municipio o que deban reputarse como ocurridas

en esa jurisdicción de acuerdo con los criterios previstos en esta Ley o en los

Acuerdos o Convenios celebrados a tales efectos.

Artículo 210. Se entiende por ingresos brutos, todos los proventos o caudales

que de manera regular reciba el contribuyente o establecimiento permanente por

causa relacionada con las actividades económicas gravadas, siempre que no se

esté obligado a restituirlo a las personas de quienes hayan sido recibidos o a un

tercero y que no sean consecuencia de un préstamo o de otro contrato semejante.

En el caso de agencias de publicidad, administradoras y corredoras de bienes

inmuebles, corredores de seguro, agencias de viaje y demás contribuyentes que

perciban comisiones o demás remuneraciones similares, se entenderá como

ingreso bruto sólo el monto de los honorarios, comisiones o demás

remuneraciones similares que sean percibidas.

Artículo 211. El Ejecutivo Nacional o Estadal, deberá tomar en cuenta el costo

del impuesto municipal en la fijación del margen de utilidad conferido a los

servicios o productos cuyo precio es fijado por éste. A estos fines, la alícuota

62

impositiva aplicable de manera general a todos los municipios, será la fijada en

la Ley de Presupuesto Anual, a proposición del Ejecutivo Nacional.

De conformidad con los artículos 183 y 302 de la Constitución de la República

Bolivariana de Venezuela, las actividades económicas de venta de productos

provenientes de la manufactura o refinación del petróleo ejecutada por una

empresa del Estado, no estarán sujetas al pago de impuestos sobre actividades

económicas, no quedan incluidos aquellos productos que se obtengan de una

transformación ulterior de bien manufacturado por la empresa del Estado.

El impuesto sobre actividad económica de suministro de electricidad deberá ser

soportado y pagado por quien presta el servicio.

Artículo 212. En el caso de actividades económicas sometidas al pago de

regalías o gravadas con impuestos a consumos selectivos o sobre actividades

económicas específicas, debidos a otro nivel político territorial, los municipios

deberán reconocer lo pagado por esos conceptos como una deducción de la base

imponible del impuesto sobre actividades económicas, en proporción a los

ingresos brutos atribuibles a la jurisdicción municipal respectiva.

En estos casos, el Ejecutivo Nacional podrá proponer, para su inclusión en la

Ley de Presupuesto Anual, tanto las alícuotas del impuesto sobre actividades

económicas como las aplicables por impuestos a consumo selectivos o sobre

actividades económicas específicas que correspondan al nivel nacional o estadal

de Gobierno, a fin de lograr una mejor armonización entre los dos tipos de

tributos.

Artículo 213. No forman parte de la base imponible:

1. El Impuesto al Valor Agregado o similar, ni sus reintegros cuando sean

procedentes en virtud de la ley.

2. Los subsidios o beneficios fiscales similares obtenidos del Poder Nacional o

Estadal.

3. Los ajustes meramente contables en el valor de los activos, que sean resultado

de la aplicación de las normas de ajuste por inflación previstas en la Ley de

Impuesto sobre la Renta o por aplicación de principios contables

generalmente aceptados, siempre que no se hayan realizado o materializado

como ganancia en el correspondiente ejercicio.

4. El producto de la enajenación de bienes integrantes del activo fijo de las

empresas.

63

5. El producto de la enajenación de un fondo de comercio de manera que haga

cesar los negocios de su dueño.

6. Las cantidades recibidas de empresas de seguro o reaseguro como

indemnización por siniestros.

7. El ingreso bruto atribuido a otros municipios en los cuales se desarrolle el

mismo proceso económico del contribuyente, hasta el porcentaje que resulte

de la aplicación de los Acuerdos previstos en esta Ley, cuando éstos hayan

sido celebrados.

Artículo 214. Se tendrán como deducciones de la base imponible:

1. Las devoluciones de bienes o anulaciones de contratos de servicio, siempre

que se haya reportado como ingreso la venta o servicio objeto de la

devolución.

2. Los descuentos efectuados según las prácticas habituales de comercio.

Artículo 215. La actividad industrial y de comercialización de bienes se

considerará gravable en un Municipio, siempre que se ejerza mediante un

establecimiento permanente, o base fija, ubicado en el territorio de ese

Municipio.

Artículo 216. Las actividades de ejecución de obras y de prestación de servicios

serán gravables en la jurisdicción donde se ejecute la obra o se preste el servicio,

siempre que el contratista permanezca en esa jurisdicción por un período

superior a tres meses, sea que se trate de períodos continuos o discontinuos, e

indistintamente de que la obra o servicio sea contratado por personas diferentes,

durante el año gravable. En caso de no superarse ese lapso o si el lugar de

ejecución fuese de muy difícil determinación, el servicio se entenderá prestado

en el Municipio donde se ubique el establecimiento permanente.

En caso de contrato de obra, quedaría incluida en la base imponible el precio de

los materiales que sean provistos por el ejecutor de la obra.

Artículo 217. Se entiende por establecimiento permanente una sucursal, oficina,

fábrica, taller, instalación, almacén, tienda, obra en construcción, instalación o

montaje, centro de actividades, minas, canteras, instalaciones y pozos petroleros,

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción; el suministro de servicios a través

de máquinas y otros elementos instalados en el Municipio o por empleados o

personal contratado para tal fin, las agencias, representaciones de mandantes

ubicadas en el extranjero, sucursales y demás lugares de trabajo mediante los

cuales se ejecute la actividad, en jurisdicción del Municipio.

64

Las instalaciones permanentes construidas para la carga y descarga ordinaria y

habitual en embarcaciones con destino a los trabajos o servicios a ser prestados

en el mar territorial o en otros territorios pertenecientes a una entidad federal

pero no ubicados dentro de una jurisdicción municipal determinada, se

consideran establecimientos permanentes de quienes los empleen para la

prestación de tales servicios.

Artículo 218. Cuando las actividades de comercialización se ejecuten a través de

varios establecimientos permanentes o bases fijas, los ingresos gravables deberán

ser imputados a cada establecimiento en función de su volumen de ventas.

Si se trata de servicios prestados o ejecutados en varias jurisdicciones

municipales, los ingresos gravables deberán ser imputados a cada una de ellas,

en función de la actividad que en cada una se despliegue.

Cuando se trate de un contribuyente industrial que venda los bienes producidos

en otros municipios distintos al de la ubicación de la industria, el impuesto

pagado por el ejercicio de actividades económicas en el Municipio sede de la

industria, podrá deducirse del impuesto a pagar en el Municipio en que se realiza

la actividad comercial. En caso que la venta se realice en más de un municipio

sólo podrá deducirse el impuesto pagado por el ejercicio de la actividad

industrial proporcional a los bienes vendidos en cada Municipio. En ningún caso

la cantidad a deducir podrá exceder de la cantidad de impuesto que corresponda

pagar en la jurisdicción del establecimiento comercial.

Si se trata de servicios prestados o ejecutados en varias jurisdicciones

municipales, los ingresos gravables deberán ser imputados a cada una de ellas,

en función de la actividad que en cada una se despliegue. En el caso de servicios

que sean totalmente ejecutados en una jurisdicción diferente a aquéllas, en la

cual el prestador tenga el establecimiento permanente destinado a funcionar

exclusivamente como sede de administración; al Municipio en el cual se ubique

la sede de administración, le corresponderá establecer un mínimo tributario

fijado en función de criterios con los servicios prestados por el Municipio a ese

establecimiento permanente. En el caso de servicios contratados con personas

naturales, se considerarán prestados únicamente en el Municipio donde éstas

tengan una base fija para sus negocios.

Artículo 219. Los municipios, en aras de la armonización tributaria y para lograr

resultados más equitativos, podrán celebrar acuerdos entre ellos o con los

contribuyentes, a los fines de lograr unas reglas de distribución de base

imponible distintas a las previstas en los artículos anteriores, en razón de las

especiales circunstancias que puedan rodear determinadas actividades

económicas. Esos Acuerdos deberán formularse con claros y expresos criterios

65

técnicos y económicos. En todo caso, dichos acuerdos deberán privilegiar la

ubicación de la industria.

Artículo 220. Se consideran criterios técnicos y económicos utilizables a los

fines de la atribución de ingresos a los municipios en los cuales un mismo

contribuyente desarrolle un proceso económico único, entre otros, los siguientes:

1. El valor de los activos empleados en el Municipio comparado con el valor de

los activos empleados a nivel interjurisdiccional.

2. Los salarios pagados en el Municipio comparados con los salarios pagados a

nivel interjurisdiccional.

3. Los ingresos generados desde el Municipio con los ingresos obtenidos a

nivel interjurisdiccional.

Artículo 221. Los contribuyentes están obligados a llevar sus registros contables

de manera que quede evidenciado el ingreso atribuible a cada una de las

jurisdicciones municipales en las que tengan un establecimiento permanente, se

ejecute una obra o se preste un servicio y a ponerlos a disposición de las

administraciones tributarias locales cuando les sean requeridos.

Artículo 222. No obstante los factores de conexión previstos en los artículos

anteriores, la atribución de ingresos entre jurisdicciones municipales se regirá

por las normas que a continuación se disponen, en los siguientes casos:

1. En la prestación del servicio de energía eléctrica, los ingresos se atribuirán a

la jurisdicción donde ocurra el consumo.

2. En el caso de actividades de transporte entre varios municipios, el ingreso se

entiende percibido en el lugar donde el servicio sea contratado, siempre que

lo sea a través de un establecimiento permanente ubicado en la jurisdicción

correspondiente.

3. El servicio de telefonía fija se considerará prestado en jurisdicción del

Municipio en el cual esté ubicado el aparato desde donde parta la llamada.

4. El servicio de telefonía móvil se considerará prestado en la jurisdicción del

Municipio en el cual el usuario esté residenciado, de ser persona natural o

esté domiciliado, en caso de ser persona jurídica. Se presumirá lugar de

residencia o domicilio el que aparezca en la factura correspondiente.

5. Los servicios de televisión por cable, de Internet y otros similares, se

considerarán prestados en la jurisdicción del Municipio en el cual el usuario

esté residenciado, de ser persona natural o esté domiciliado, en caso de ser

66

persona jurídica. Se presumirá lugar de residencia o domicilio el que

aparezca en la factura correspondiente.

Artículo 223. La Administración Tributaria Municipal, al proceder a la

determinación del ingreso bruto del contribuyente atribuible a la jurisdicción

municipal de que se trate, podrá desconocer las formas o procedimientos de

facturación y otros que no se correspondan con la práctica mercantil usual y

generen mera manipulación de la atribución de la base imponible u otra forma de

evasión del impuesto.

Artículo 224. La condición de agente de retención del impuesto sobre

actividades económicas no podrá recaer en personas que no tengan

establecimiento permanente en el Municipio, con excepción de organismos o

personas jurídicas estatales.

Artículo 225. Las actividades de agricultura, cría, pesca y actividad forestal

siempre que no se trate de actividad primaria, podrán ser gravadas con el

impuesto sobre actividades económicas pero la alícuota del impuesto no podrá

exceder del uno por ciento (1%) hasta tanto la ley nacional sobre la materia

disponga alícuotas distintas.

Artículo 226. A los efectos de este tributo, se entiende por explotación primaria

la simple producción de frutos, productos o bienes que se obtengan de la

naturaleza, siempre que éstos no se sometan a ningún proceso de transformación

o de industrialización.

En el caso de las actividades agrícolas, se consideran también primarias las

actividades de cosechado, trillado, secado y conservación; en las actividades

pecuarias, avícolas y de pesca, se considerarán actividades primarias los

procesos de matanzas o beneficio, conservación y almacenamiento. Se excluyen

de esta categoría los procesos de elaboración de subproductos, el despresado,

troceado y cortes de animales. En las actividades forestales, se consideran

actividades primarias los procesos de tumba, descortezado, aserrado, secado y

almacenamiento.

Capítulo VI

Del sistema presupuestario y contable

Artículo 227. El presupuesto municipal es un instrumento estratégico de

planificación, administración y de gobierno local, que exige captar y asignar

recursos conducentes al cumplimiento de las metas de desarrollo económico,

67

social e institucional del Municipio, y será ejecutado con base en los principios

de eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal.

Artículo 228. Los municipios están obligados a normar su acción administrativa

y de gobierno por un presupuesto aprobado anualmente por el respectivo

Concejo Municipal, el cual se publicará en una ordenanza que se denominará

ordenanza de presupuesto anual de ingresos y gastos.

Artículo 229. El proceso presupuestario de los municipios se regirá por esta Ley,

las ordenanzas municipales, por las leyes aplicables a la materia y se ajustará, en

cuanto sea posible, a las disposiciones técnicas que establezca la Oficina

Nacional de Presupuesto.

Artículo 230. De los ingresos previstos en el presupuesto municipal se destinará

como mínimo, el cincuenta por ciento (50%) para ser aplicado a gastos de

inversión o de formación de capital, entendiendo como gasto de inversión

aquellos a los que le atribuye tal carácter la Oficina Nacional de Presupuesto y,

dando preferencia a las áreas de salud, educación, saneamiento ambiental y a los

proyectos de inversión productiva que promuevan el desarrollo sustentable del

Municipio.

Artículo 231. El presupuesto de inversión está dirigido al desarrollo humano,

social, cultural y económico del Municipio, y se elaborará de acuerdo con las

necesidades prioritarias presentadas por las comunidades organizadas, en

concordancia con lo estimado por el alcalde o alcaldesa en el presupuesto

destinado al referido sector y con los proyectos generales sobre urbanismo,

infraestructura, servicios y vialidad.

A estos fines, regirá el procedimiento siguiente:

En el mes de julio de cada año el alcalde o alcaldesa entregará al Consejo Local

de Planificación Pública la cifra o monto total de inversión de cada sector,

incluyendo los detalles a que haya lugar. Entre los meses de agosto y octubre se

activará el presupuesto participativo de conformidad con lo establecido en la

presente Ley.

Artículo 232. El proyecto de ordenanza de presupuesto de ingresos y gastos del

Municipio junto con el Plan Operativo Anual deberá ser presentado por el

alcalde o alcaldesa al Concejo Municipal, antes del 1º de noviembre del año

anterior a su vigencia.

Artículo 233. El proyecto de ordenanza de ingresos y gastos del ejercicio

económico financiero y el Plan Operativo Anual debe ser sancionado por el

68

Concejo Municipal, antes del 15 de diciembre del año anterior a la vigencia de

dicho presupuesto; en caso contrario, se reconducirá el presupuesto del ejercicio

anterior. Para la reconducción del presupuesto se observarán, en cuanto sean

aplicables, las disposiciones legales sobre la materia.

Artículo 234. En caso de ser reconducido el presupuesto, el alcalde o alcaldesa

ordenará la publicación en la Gaceta Municipal, incluyendo los ajustes a que

hubiere lugar. Durante el período de vigencia del presupuesto reconducido

regirán las disposiciones generales de la ordenanza de presupuesto anterior, en

cuanto sean aplicables.

Artículo 235. Si para el 31 de marzo, el Concejo Municipal no hubiese

sancionado la ordenanza de presupuesto de ingresos y gastos, el presupuesto

reconducido se considerará definitivamente vigente hasta el 31 de diciembre.

Artículo 236. El alcalde o la alcaldesa, dentro del lapso previsto posterior al

vencimiento del ejercicio anual, presentará la rendición de cuentas y el balance

de la ejecución presupuestaria correspondiente a dicho ejercicio.

Artículo 237. El presupuesto de Ingresos, contendrá la enumeración de los

diversos ingresos fiscales cuya recaudación se autorice, con la estimación

prudencial de las cantidades que se presupone habrán de ingresar por cada ramo

en el año económico siguiente a su aprobación, así como cualesquiera otros

recursos financieros permitidos por la ley.

La ejecución del presupuesto de ingresos, se regirá por las correspondientes

ordenanzas de Hacienda Pública Municipal.

Artículo 238. El presupuesto de gastos contendrá por sectores, los programas,

subprogramas, proyectos y demás categorías presupuestarias equivalentes bajo

responsabilidad directa de la entidad, así como los aportes que pudieran

acordarse, todo de conformidad con las disposiciones técnicas que establezca la

Oficina Nacional de Presupuesto.

En las categorías programáticas de gastos, se identificarán las partidas que

expresarán la especie de los bienes y servicios que cada uno de los organismos

ordenadores se propone alcanzar en el ejercicio y los créditos presupuestarios

correspondientes.

Artículo 239. El monto del presupuesto de gastos, no podrá exceder del total del

Presupuesto de Ingresos. Cuando fuere indispensable para cumplir con esta

disposición, en el presupuesto de ingresos se podrá incluir hasta la mitad de las

existencias del Tesoro no comprometidas y estimadas para el último día del

69

ejercicio fiscal vigente al momento de la presentación del proyecto de ordenanza

de presupuesto anual de ingresos y gastos.

Artículo 240. En el presupuesto de gastos, se incorporará una partida

denominada “Rectificaciones del Presupuesto”, cuyo monto no podrá ser

superior al tres por ciento (3%) del total de los ingresos estimados en la

ordenanza, excluyendo los ingresos asignados por leyes específicas, mediante las

cuales se les transfieran recursos a los municipios.

El alcalde o alcaldesa podrá disponer de este crédito, para atender gastos

imprevistos que se presenten en el transcurso del ejercicio para aumentar los

créditos presupuestarios que resultaren insuficientes. Salvo casos de emergencia,

los recursos de este crédito no podrán destinarse a crear nuevos créditos ni

cubrir gastos cuyas asignaciones hayan sido disminuidas por los mecanismos

formales de modificaciones presupuestarias. No se podrán decretar créditos para

rectificaciones de presupuesto, ni éstas ser incrementadas mediante traspaso de

créditos.

Artículo 241. Los créditos presupuestarios del presupuesto de gastos por

programas, subprogramas, proyectos, partidas y demás categorías

presupuestarias equivalentes, constituyen el límite máximo de las autorizaciones

disponibles para gastar, no pudiendo el alcalde o alcaldesa acordar ningún gasto

ni pago para el cual no exista previsión presupuestaria.

El alcalde o alcaldesa, dentro de los límites cuantitativos y cualitativos que

establezcan las disposiciones generales de la ordenanza de presupuesto de

ingresos y gastos del ejercicio económico financiero, podrá acordar traspasos de

créditos entre partidas, proyectos, subprogramas, programas y otras categorías

presupuestarias equivalentes.

Artículo 242. Los municipios o distritos están obligados a regirse por las normas

generales de contabilidad, así como por las normas e instrucciones sobre los

sistemas y procedimientos de contabilidad dictados por la Oficina Nacional de

Contabilidad Pública, con el propósito de lograr una estructura contable

uniforme, sin perjuicio de las variaciones necesarias que permitan el registro de

sus operaciones, así como la regularización y coordinación de los procedimientos

contables de cada Municipio.

Artículo 243. El Concejo Municipal o Cabildo, oída la opinión de la Oficina

Nacional de Presupuesto, establecerá las normas sobre la ejecución y ordenación

de los pagos, los requisitos que deban llevar las órdenes de pago, las piezas

justificativas que deban contener los expedientes en que se funden dichas

70

ordenaciones. Y cualquier otro aspecto relacionado con la ejecución del

presupuesto de gastos que no esté expresamente señalado en la presente Ley.

Artículo 244. El presupuesto deberá contener en forma especificada las

inversiones, así como los gastos de operaciones, de las diversas unidades de la

entidad y los aportes para fundaciones, empresas, mancomunidades y demás

organismos de carácter municipal e intermunicipal.

Artículo 245. No se podrá destinar específicamente el producto de ningún ramo

de ingreso con el fin de atender el pago de determinado gasto, salvo las

afectaciones legales.

Artículo 246. El Concejo Municipal o Cabildo, a solicitud del alcalde o

alcaldesa, podrá aprobar créditos adicionales al presupuesto de gastos para cubrir

gastos necesarios no previstos en la ordenanza anual de presupuesto o créditos

presupuestarios insuficientes. Los créditos adicionales podrán ser financiados:

1. Con los recursos que provengan de un mayor rendimiento de los ingresos

calculados en la ordenanza de presupuesto, certificados por el Tesorero

Municipal.

2. Con economías en los gastos que se hayan logrado o se estimen en el ingreso

del ejercicio.

3. Con existencias del Tesoro, no comprometidas y debidamente certificadas

por el Tesorero Municipal o Distrital, y donde no exista el servicio de

tesorería por el funcionario responsable de la hacienda.

4. Con aportes especiales acordados por los gobiernos nacional y estadal.

5. Con otras fuentes de financiamiento que apruebe el Concejo Municipal o

Cabildo, de conformidad con las leyes.

Cuando los créditos adicionales hayan de financiarse con economías en los

gastos, éstas deberán ser expresamente determinadas y se acordarán las

respectivas insubsistencias o anulaciones de créditos.

Se entenderán por insubsistencias, las anulaciones totales o parciales de créditos

presupuestarios de programas, subprogramas, proyectos y partidas, que reflejen

economías en los gastos.

Artículo 247. Las cuentas de los presupuestos de ingresos y gastos se cerrarán al

31 de diciembre de cada año. Después de esa fecha, los ingresos que se recauden

se considerarán parte del presupuesto vigente, con independencia de la fecha en

que se hubiere originado la obligación de pago o liquidación de los mismos. Con

71

posterioridad al 31 de diciembre de cada año, no podrán asumirse compromisos

ni causarse gastos con cargo al ejercicio que se cierre en esa fecha.

Artículo 248. Los gastos causados y no pagados al 31 de diciembre de cada año

se pagarán durante el año siguiente, con cargo a las disposiciones en caja y banco

existentes a la fecha señalada.

Los gastos comprometidos y no causados al 31 de diciembre de cada año se

imputarán automáticamente al ejercicio siguiente, afectando los mismos a los

créditos disponibles para ese ejercicio.

Artículo 249. El ejercicio económico financiero de los municipios comenzará el

primero de enero y terminará el treinta y uno de diciembre de cada año.

TÍTULO VI

DE LA PARTICIPACIÓN PROTAGÓNICA EN LA GESTIÓN LOCAL

Capítulo I

De los principios de la participación

Artículo 250. La participación protagónica del pueblo en la formación,

ejecución y control de la gestión pública municipal es el medio necesario para

garantizar su completo desarrollo tanto individual como colectivo, dentro del

Municipio. Las autoridades municipales deberán promover y garantizar la

participación de los ciudadanos y ciudadanas en la gestión pública y facilitar las

formas, medios y procedimientos para que los derechos de participación se

materialicen de manera efectiva, suficiente y oportuna.

Artículo 251. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a obtener

información general y específica sobre las políticas, planes, decisiones,

actuaciones, presupuesto, proyectos y cualesquiera otras del ámbito de la

actividad pública municipal. Asimismo, podrán acceder a archivos y registros

administrativos, en los términos de la legislación nacional aplicable. Igualmente,

tienen derecho a formular peticiones y propuestas; y a recibir oportuna y

adecuada respuesta; a la asistencia y apoyo de las autoridades municipales en sus

actividades para la capacitación, formación y educación a los fines del desarrollo

y consolidación de la cultura de participación democrática y protagónica en los

asuntos públicos, sin más limitaciones que las dictadas por el interés público y la

salvaguarda del patrimonio público.

Artículo 252. A los efectos de la presente Ley, los derechos de participación en

la gestión local se ejercen mediante actuaciones de los ciudadanos y ciudadanas,

y de la sociedad organizada, a través de sus distintas expresiones, entre otras:

72

1. Obteniendo información del programa de gobierno del alcalde o alcaldesa, del

Plan Municipal de Desarrollo, de los mecanismos para la elaboración y

discusión de las ordenanzas, y, en especial, de la formulación y ejecución del

presupuesto local; de la aprobación y ejecución de obras y servicios, de los

contenidos del informe de gestión y de la rendición de cuentas, en términos

comprensibles a los ciudadanos y ciudadanas.

2. Presentando y discutiendo propuestas comunitarias prioritarias en la

elaboración del presupuesto de inversión de obras y servicios, a cuyo efecto el

gobierno municipal establecerá mecanismos suficientes y oportunos.

3. Participando en la toma de decisiones, a cuyo efecto las autoridades

municipales generarán mecanismos de negociación, espacios de información

suficiente y necesaria e instancias de evaluación.

Artículo 253. El Municipio está en la obligación de crear y mantener programas

de formación ciudadana dirigidos a fortalecer las capacidades de los integrantes

de las comunidades e incorporar a los ciudadanos y ciudadanas y a otras

organizaciones de la sociedad que manifiesten su deseo de participar en dichos

programas.

Artículo 254. Los medios de participación serán desarrollados de acuerdo a la

realidad y condiciones de cada Municipio, mediante los instrumentos jurídicos

correspondientes para señalar los requisitos, procedimientos, períodos,

condiciones y demás elementos que se requieran para hacer efectivo su

cumplimiento en el Municipio, de conformidad con lo establecido en la

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Ley y otras

normas.

Artículo 255. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a requerir y utilizar

los servicios públicos locales y a participar en la formación de los planes y

proyectos para su dotación, ejecución, gestión y evaluación.

Igualmente, de forma organizada, tienen derecho a la gestión de los servicios

públicos conforme a la legislación vigente respectiva.

Asimismo, están obligados a contribuir al mantenimiento, preservación y mejora

de la calidad de los mismos.

Artículo 256. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a organizarse en

contralorías sociales con el objeto del control del gobierno local.

Los contralores y contraloras municipales tienen la obligación de vincular a la

ciudadanía a sus labores de fiscalización de la gestión pública y a la valoración

73

del desempeño de las entidades y los organismos de la administración pública

municipal.

Artículo 257. Los municipios y demás entidades locales deberán favorecer la

constitución y desarrollo de las diversas formas de organización de la sociedad,

destinadas a la defensa de los intereses colectivos. También deberán facilitar a

dichas organizaciones, la información sobre la gestión pública local y, dentro de

sus posibilidades, el uso de los medios públicos y el beneficio de subsidios o

aportes para la realización de sus fines; además promover, facilitar y proveer la

formación ciudadana a través de programas diseñados a tal fin.

Capítulo II

De los medios de participación

Artículo 258. Los medios de participación del pueblo en ejercicio de su

soberanía, son aquellos a través de los cuales los ciudadanos y ciudadanas

podrán, en forma individual o colectiva, manifestar su aprobación, rechazo,

observaciones, propuestas, iniciativas, quejas, denuncias y, en general, para

expresar su voluntad respecto a asuntos de interés colectivo. Los medios de

participación son, entre otros, los siguientes:

1. Cabildos abiertos.

2. Asambleas ciudadanas.

3. Consultas públicas.

4. Iniciativa popular.

5. Presupuesto participativo.

6. Control social.

7. Referendos.

8. Iniciativa legislativa.

9. Medios de comunicación social alternativos.

10. Instancias de atención ciudadana.

11. Autogestión.

12. Cogestión.

El enunciado de estos medios específicos no excluye el reconocimiento y

desarrollo de otras formas de participación en la vida política, económica, social

y cultural del Municipio.

74

Artículo 259. Los ciudadanos y ciudadanas, y sus organizaciones, tienen el

derecho y el deber de utilizar los medios de participación aquí señalados. Los

municipios deberán legislar acerca de los requisitos exigibles para demostrar el

interés legítimo local de aquellos interesados en el ejercicio de alguno de estos

medios de participación, sin menoscabo de los derechos y limitaciones que

establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la

legislación aplicable.

Artículo 260. La iniciativa para convocar a cabildos abiertos corresponde al

Concejo Municipal, a las Juntas Parroquiales por acuerdo de la mayoría de sus

integrantes; al alcalde o alcaldesa y a los ciudadanos y ciudadanas, de

conformidad con lo establecido en la respectiva ordenanza.

Artículo 261. Las decisiones adoptadas en cabildos abiertos serán válidas con la

aprobación de la mayoría de los presentes, siempre y cuando sean sobre asuntos

atinentes a su ámbito espacial y sin perjuicio de lo establecido en la legislación

respectiva.

Artículo 262. La Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas es un medio de

participación en el ámbito local de carácter deliberativo, en la que todos los

ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a participar por sí mismos, y cuyas

decisiones serán de carácter vinculante.

Artículo 263. La Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas estará referida a las

materias que establece la ley correspondiente, debe ser convocada de manera

expresa, anticipada y pública. Sus decisiones tienen carácter vinculante para las

autoridades, deben contribuir a fortalecer la gobernabilidad, impulsar la

planificación, la descentralización de servicios y recursos, pero nunca contrarias

a la legislación y los fines e intereses de la comunidad y del estado.

Todo lo referido a iniciativa, procedimiento, ámbito, materia, validez, efecto

vinculante y, comisión de control y seguimiento, será desarrollado por la ley

especial que trata la materia.

Artículo 264. El Concejo Municipal deberá abrir espacios de discusión e

intercambios de opiniones a los ciudadanos y ciudadanas para considerar

materias de interés local. Estas materias serán inscritas en el orden del día y en

dicha sesión, el público asistente podrá formular preguntas, emitir opiniones y

hacer proposiciones. El Concejo Municipal deberá dar a los vecinos respuesta

oportuna y razones a sus planteamientos y solicitudes. En todo caso, para la

celebración de esta reunión, se convocará, entre otras, a organizaciones

75

vecinales, gremiales, sociales, culturales, educativas y deportivas de la

comunidad.

En la ordenanza correspondiente se regulará, según la especificidad y diversidad

municipal, las formas y procedimientos para hacer efectivo el ejercicio de este

deber legal.

Artículo 265. El Concejo Municipal deberá consultar a los ciudadanos y

ciudadanas y a la sociedad organizada, durante el proceso de discusión y

aprobación de los proyectos de ordenanzas, a los fines de promover la

incorporación de sus propuestas. Esta consulta se hará a través de diversas

modalidades de participación, que garanticen una consulta abierta a los efectos

de aprobar su contenido, todo de acuerdo con lo establecido en su Reglamento

Interior y de Debates, y demás normativas relativas a la materia de participación.

El incumplimiento de este requisito será causal para la nulidad del respectivo

instrumento jurídico.

Artículo 266. Los actos de efectos generales que afecten el desarrollo urbano y

la conservación ambiental del Municipio o de la parroquia, deberán ser

consultados previamente por las autoridades municipales entre la organizaciones

vecinales y otras de la sociedad organizada. En caso contrario, estarán viciados

de nulidad absoluta.

Artículo 267. El Concejo Municipal requerirá, de conformidad con lo que

dispongan los reglamentos, la cooperación vecinal para labores de

asesoramiento, en:

1. Comisiones permanentes del propio Concejo Municipal.

2. Comisiones de vecinos encargadas de vigilar el buen funcionamiento de los

servicios públicos y cualesquiera otras de la competencia prestacional del

Municipio.

Artículo 268. El presupuesto participativo es el resultado de la utilización de los

procesos mediante los cuales los ciudadanos y ciudadanas del Municipio

proponen, deliberan y deciden en la formulación, ejecución, control y evaluación

del presupuesto de inversión anual municipal. Todo ello con el propósito de

materializarlo en proyectos que permitan el desarrollo del Municipio, atendiendo

a las necesidades y propuestas de las comunidades y sus organizaciones en el

Consejo Local de Planificación Pública.

Artículo 269. El control social es un mecanismo a través del cual todo

ciudadano y ciudadana, individual o colectivamente participa en la vigilancia y

76

control de la gestión pública municipal, en la ejecución de programas, planes y

proyectos, en la prestación de los servicios públicos municipales, así como en la

conducta de los funcionarios públicos, para prevenir, racionalizar y promover

correctivos.

Artículo 270. Los ciudadanos y ciudadanas podrán organizarse con el objeto de

coadyuvar en el ejercicio del control, vigilancia, supervisión y evaluación de la

gestión pública municipal.

Dichas organizaciones ejercerán sus actividades sobre cualquier nivel o sector de

la administración municipal y sobre particulares que cumplan funciones

públicas. Estas organizaciones deben estar inscritas en un registro sistematizado

que, a tal efecto, llevará cada Municipio.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación nacional que regula la

participación ciudadana, las organizaciones a que se refiere este artículo tendrán,

entre otros, los siguientes deberes y obligaciones:

1. Comunicar a la ciudadanía los avances y resultados de los procesos de

control, vigilancia, supervisión y evaluación realizados.

2. Presentar informe sobre los avances y resultados de sus actividades a los

órganos y entidades que ejecutan el programa, proyecto o contrato, realizando

las recomendaciones que estimen pertinentes.

3. Remitir el informe de avances y resultados de sus actividades a los órganos de

control fiscal y demás organismos públicos competentes.

4. Denunciar ante las autoridades competentes los actos, hechos u omisiones

presuntamente irregulares que hubieren detectado.

Artículo 271. Los ciudadanos y ciudadanas podrán solicitar que, a través de

alguno de los medios de participación previstos en el Municipio, el alcalde o

alcaldesa, los concejales o concejalas y el cuerpo colegiado de las juntas

parroquiales rindan cuenta de una gestión determinada, antes de la finalización

de su mandato.

Artículo 272. Los ciudadanos y ciudadanas y sus organizaciones ejercerán el

control social sobre la gestión municipal. A estos fines, las autoridades

municipales deberán dar la mayor publicidad a los actos de gestión de interés

general, tales como proyectos, licitaciones, contrataciones, costos de las mismas

y elementos relevantes.

Para ejercer este control social, los ciudadanos y ciudadanas y sus

organizaciones podrán solicitar la información y documentación administrativa

77

que sean de interés para la comunidad; la administración municipal está en la

obligación de suministrarlas.

Artículo 273. La solicitud y validez del referendo consultivo, revocatorio,

abrogatorio o aprobatorio, deberá cumplir con los requisitos establecidos en la

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la legislación

electoral; y deberá hacerse ante el Consejo Nacional Electoral quien organizará,

administrará, dirigirá y vigilará todos los actos relativos a los referendos.

La convocatoria a referendos sobre un proyecto de ordenanza o cualquier materia

objeto de consulta, sólo podrá hacerse una sola vez, en el mismo período

constitucional.

Artículo 274. Los ciudadanos y ciudadanas, en un porcentaje no menor al cero

coma uno por ciento (0,1%) de los electores del Municipio, podrán presentar

proyectos de ordenanzas o de modificación de las ya vigentes. Estos proyectos

de ordenanzas deberán ser sometidos a la consideración del Concejo Municipal

para su admisión o rechazo; previamente, el Concejo Municipal deberá fijar una

reunión con los presentadores de la iniciativa legislativa a fin de discutir su

contenido. Una vez examinado el proyecto, el Concejo Municipal deberá

pronunciarse sobre su admisión o rechazo dentro de los treinta días siguientes a

su presentación.

Admitido el proyecto, el debate del mismo deberá iniciarse en un lapso de treinta

días siguientes. Si el debate no se inicia dentro del lapso antes señalado, el

proyecto se someterá a consulta popular de conformidad con lo establecido en la

legislación electoral. El Concejo Municipal deberá motivar el rechazo a la

iniciativa cuando sea el caso.

Artículo 275. Los ciudadanos y ciudadanas de la parroquia tienen el derecho y el

deber de:

1. Participar con la junta parroquial en la gestión y fiscalización del

mantenimiento y conservación de las plazas, parques, vías públicas y aceras,

instalaciones deportivas y recreacionales, asistenciales y cualesquiera otras

instalaciones municipales ubicadas en la jurisdicción de la parroquia.

2. Acompañar a la junta parroquial en la promoción y gestión ante las

direcciones de la alcaldía, de todo tipo de actividades culturales,

recreacionales, deportivas, turísticas, de saneamiento y limpieza ambiental.

3. Participar con las juntas parroquiales en la promoción y en la fiscalización de

la ejecución de obras y servicios públicos municipales en sus respectivas

78

jurisdicciones, y solicitar toda la información sobre las obras públicas para

proponer reformas y mejoras en la ejecución de dichas obras.

4. Informar a las juntas parroquiales las deficiencias en la prestación de los

servicios públicos para la gestión de reclamos ante las autoridades

municipales de su jurisdicción.

5. Pedir toda la información necesaria para la organización y formación de las

asociaciones vecinales y otras organizaciones comunitarias.

6. Otros derechos y deberes que, de su condición de vecinos residentes, se

desprendan.

Artículo 276. Los municipios con población predominantemente indígena

determinarán sus medios de participación, en conformidad con su especificidad

cultural. En los municipios donde existan comunidades indígenas, deberán

respetarse sus valores, identidad étnica y sus tradiciones, en lo referente a la

participación de la comunidad en las decisiones de interés colectivo.

Capítulo III

De la descentralización de servicios

a las comunidades y grupos vecinales organizados

Artículo 277. Los municipios de acuerdo a su ordenanza y a las leyes que

regulan la materia, descentralizarán y transferirán a las comunidades y grupos

vecinales organizados la prestación de los servicios públicos municipales, previa

demostración de su capacidad para prestarlos.

Artículo 278. Las comunidades y grupos vecinales organizados que soliciten la

descentralización o transferencia de un servicio público municipal deberán

demostrar como mínimo:

1. Capacidad legal.

2. Formación profesional o técnica en el área relacionada con el servicio.

3. Experiencia previa en gestión de servicios públicos o en áreas afines del

servicio solicitado.

4. Comprobación por certificación emitida por el Municipio, de los planes de

formación ciudadana.

5. Comprobación por certificación emitida, de curso en el área.

6. Legitimidad ante la comunidad involucrada.

7. Presentación del proyecto.

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8. Cualquier otro que se determine en las leyes, reglamentos y ordenanzas.

Artículo 279. La descentralización y la transferencia de servicios y recursos se

harán mediante convenios, suscritos entre el Municipio y la comunidad o grupo

vecinal organizado legalmente constituido, previa elaboración del programa del

servicio solicitado, de acuerdo a lo establecido en las normativas que regulan la

materia.

Artículo 280. El Municipio podrá intervenir el servicio o reasumir la prestación

del servicio público transferido o descentralizado a comunidades y grupos

vecinales organizados, cuando se deje de prestar el servicio o se preste

deficientemente.

Para que proceda esta medida será necesario el voto favorable de la mayoría

absoluta de los integrantes del Concejo Municipal.

Artículo 281. El Consejo Legislativo del Estado, en la respectiva ley, establecerá

el procedimiento de transferencia y la forma de supervisión de los servicios

públicos del estado a ser descentralizados y transferidos a los municipios, a las

comunidades y a los grupos vecinales organizados.

TÍTULO VII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

Artículo 282. Los municipios ejercerán las competencias y funciones

determinadas en esta Ley aun cuando los Estados no hayan dictado la legislación

prevista en el artículo 169 de la Constitución de la República Bolivariana de

Venezuela.

Artículo 283. Los Consejos Legislativos procederán en el lapso de un año, a

sancionar las disposiciones legales para la adecuación de las previsiones sobre el

régimen municipal y la división político territorial en su jurisdicción a las

normas dispuestas en esta Ley; así mismo, los municipios deberán adecuar

progresivamente su ordenamiento normativo propio, dentro del año siguiente a la

entrada en vigencia de la presente Ley, dándole prioridad a la ordenanza donde

se desarrollen los mecanismos de participación ciudadana.

Artículo 284. Lo establecido en el artículo 35 de esta Ley en relación con el

número de miembros de las juntas parroquiales, regirá para los procesos

electorales que sean convocados con posterioridad a la entrada en vigencia de la

presente Ley.

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Artículo 285. Las normas en materia tributaria contenidas en esta Ley, entrarán

en vigencia el 1º de enero de 2006. A partir de esa fecha, las normas de esta Ley

serán de aplicación preferente sobre las normas de las ordenanzas que regulen en

forma distinta la materia tributaria.

Artículo 286. En el caso del impuesto sobre actividades económicas de

prestación de servicio eléctrico, la alícuota aplicable será del dos por ciento

(2%), hasta tanto la Ley de Presupuesto establezca otra alícuota distinta, de

manera uniforme para su consideración por el Ejecutivo Nacional en la

estructura de costos de esas empresas.

Artículo 287. En el caso del impuesto sobre actividades económicas de

radiodifusión sonora, la alícuota del impuesto sobre actividades económicas no

podrá exceder del cero coma cinco por ciento (0,5%) y en los demás casos de

servicios de telecomunicaciones, la alícuota aplicable no podrá exceder del uno

por ciento (1%) hasta tanto la ley nacional sobre la materia disponga otra

alícuota distinta. Las empresas de servicios de telecomunicaciones deberán

adaptar sus sistemas a fin de poder proporcionar la información relativa a la

facturación que corresponde a cada jurisdicción municipal, a más tardar para la

fecha de entrada en vigencia de las disposiciones de esta Ley en materia

tributaria.

Artículo 288. El Ejecutivo Nacional deberá suministrar a los gobiernos locales

la información relativa a la ubicación, por municipios, del domicilio o residencia

de los propietarios de vehículos aptos para circular por vías terrestres, según

conste en el Sistema Nacional de Registro de Tránsito y Transporte Terrestre.

Artículo 289. Los municipios tendrán un año a partir de la entrada en vigencia

de esta Ley para ajustarse a lo establecido en el artículo 230 de esta Ley, referido

al porcentaje para gastos de inversión o formación de capital.

Artículo 290. Hasta tanto se legisle sobre lo establecido en el artículo 259 de

esta Ley, en lo relativo al interés legítimo local de los interesados para ejercer los

medios de participación, se considerará como tal, el estar inscrito en el Registro

Electoral de su jurisdicción.

Artículo 291. Los Consejos Legislativos deberán aprobar los procedimientos de

transferencia y las formas de supervisión de los servicios públicos a ser

descentralizados y transferidos a los municipios, a las comunidades y grupos

vecinales, a más tardar en el lapso del año inmediato siguiente a la entrada en

vigencia de la presente Ley.

Artículo 292. Mientras se dicta el Reglamento Parcial de la Ley Orgánica del

Poder Público Municipal sobre nombramiento de Contralores o Contraloras

Municipales, el procedimiento del concurso público se regirá por el Reglamento

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sobre los Concursos para la designación de los titulares de las Contralorías

Municipales dictado por la Contraloría General de la República.

Artículo 293. Hasta tanto se constituyan los nuevos concejos municipales con

los nuevos concejales o concejalas electos o electas, la Presidencia del Cuerpo

será asumida por el concejal o concejala que se encuentre en el ejercicio de la

Vicepresidencia.

Artículo 294. Las elecciones que corresponderían realizarse en el segundo

semestre del año 2009, para la designación de concejales y concejalas, así como

de representantes en las juntas parroquiales, se llevarán a cabo en el segundo

semestre del año 2010.

A tales efectos el Consejo Nacional Electoral determinará la fecha para la

realización de dichos comicios.

Artículo 295. Esta Ley entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en la

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Quedan derogados

todas las ordenanzas y demás instrumentos jurídicos municipales vigentes que

contravengan lo establecido en esta Ley.

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea

Nacional, en Caracas, a los dos días del mes de abril de dos mil nueve. Año 198º

de la Independencia y 150º de la Federación.

CILIA FLORES

Presidenta de la Asamblea Nacional

SÁUL ORTEGA CAMPOS

Primer Vicepresidente

JOSÉ ALBORNOZ URBANO

Segundo Vicepresidente

IVÁN ZERPA GUERRERO

Secretario

VÍCTOR CLARK BOSCÁN

Subsecretario

Asamblea Nacional Nº 721

Ley de Reforma Parcial de la Ley del Poder Público Municipal.

IAZG/VCB/JCG/MV/ajo