Dip. Arcadio Montiel @arcadiomontiel

DIA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL MUNDO

 

     A los nueve días del mes de Agosto de 2010 

Agradezco a la ilustre Cámara Municipal de la Ciudad de Maracaibo, por la deferencia que ha tenido al poner mi nombre para ser el orador de orden en el día de hoy, nueve de Agosto de 2010. A los honorables concejales, a su presidente Jesús Luzardo y de manera especial, a la concejal indígena Inés López, a los amigos de los medios de comunicación, invitados e invitadas, amigas y amigos.

     En el año de 1.982, en la ciudad de Ginebra de la República Suiza, se congregaron por primera vez en la historia, los indígenas del mundo, convocados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU);  esta convocatoria estuvo a cargo del “Grupo de Trabajo sobre las Pueblos Indígenas de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos”, donde asistieron minorías discriminadas de Europa (Suecia, Finlandia, Noruega y España); de los Asiáticos (China, Japón, India); los Australianos; el Sur Pacífico y de manera resaltante todo el Continente Americano (Norte, Centro y Sur); participaron diversas etnias y expresiones culturales múltiples, congregados en ese país.

      Recuerdo que por el Zulia asistió Bernardo Palmar, ya difunto, y este modesto servidor, Arcadio Montiel.  En esa primera reunión, los indígenas solicitaron ante la ONU, se escogiera el día 09 de Agosto como fecha histórica, en memoria de ese primer encuentro internacional de los pueblos indígenas. Han transcurrido 28 años de este día, que hoy desde el Zulia  recordamos con beneplácito y el solo hecho de que esta Cámara conmemore tan magno acontecimiento instituye su importancia.

     En este corto recorrido, la Naciones Unidas reconoció el Año Internacional de los Pueblos Indígenas, lo cual no fue suficiente para abordar las gravísimas situaciones que viven estos pueblos en los diversos países que sufren de manera inefable la ignominia del desprecio, odio, persecuciones, crímenes y toda violación de derechos humanos. Ese año no fue suficiente para abordar toda la problemática y llamar la atención de la humanidad, para crear condiciones favorables a la alteridad y el respeto que merece todo hecho de creación humana en la que se valora la diferencia, la diversidad y el desarrollo de la verdad cultural lingüístico histórico de cada pueblo indígena.

     La ONU se vio en la imperiosa necesidad de acordar, de dedicarle a las poblaciones indígenas, un decenio completo a partir del año 1.994, para encarar la multiplicidad de problemas y diferencias que se generaron a partir de las particularidades de cada pueblo originario que representaba su país. En este decenio, ocurrieron infinidades de hechos, el más importante a mi manera de ver, es la toma de conciencia del propio indígena,  de auto reconocerse en el oprobio histórico en el cual han desarrollado su vida, como consecuencia y secuela de vivir colonizados, enajenando sus propias virtudes, usando a los propios indígenas como verdugos de si mismos.

     No fueron suficientes diez años, razón por la cual la Asamblea General de la ONU decreta un Segundo Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo en el año 2004, cuyo objetivo es “seguir fortaleciendo la cooperación internacional para la solución de los problemas que afrontan las poblaciones indígenas en esferas tales como la cultura, la educación, la salud, los derechos humanos, el medio ambiente y el desarrollo económico y social”.   El continuo proceso de explorar y conocer las realidades de los pueblos indígenas a nivel internacional, permitió poner a la luz de la opinión colectiva, el oprobio en el cual el mundo occidental durante la colonia española, inglesa y lusitana, dejaron a los pueblos que conquistaron, para quienes vivir como colonizados era normal. Las repúblicas que sustituyeron a las colonias, se hicieron acreedores de esa conducta, haciendo práctica interna en cada una de estas naciones, los mecanismos de llevar a fondo la colonización, aplicando políticas de aislamiento de los indígenas, de paternalismo, de incorporación y asimilación sin ningún respeto a la creación  milenaria de los pueblos que le eran diferentes al mundo occidental.

     Han transcurrido veintiún años de esfuerzo constante e institucional de las Naciones Unidas frente a sus países miembros, con el objeto de crear y promover una política de interculturalidad a lo interno de cada país, que reconozca la diversidad, la pluralidad y la grandeza de tener países miembros que se auto reconozcan en la diversidad societaria de la etnias que lo componen, inspirados en la justicia de este tiempo.

     Como indígena, reconozco en grado superlativo el esfuerzo de la ONU, cuyo segundo decenio concluye en el año 2015, donde todos los países por imperativo de la justicia y el llamado moral que desde este organismo multilateral se hace, convoca para adecuar las normas, leyes y constituciones al nuevo orden mundial, en el propósito sublime, según mi opinión, de acabar con la discriminación, el racismo, la xenofobia y todo hecho que degrade al ser humano, y muy especialmente a los llamados pueblos indígenas.

     Las fuentes de las categorías degradantes que heredaron de la colonia los países constituidos en América y el resto del mundo, está basada en la expresión cultural occidental que cuenta con: el idioma del país colonizante; la forma de ver el mundo; el patrón de comportamiento; las fuerzas de la fe religiosa; los instrumentos jurídicos y normativos; el desconocimiento del valor de la tierra de los pueblos indígenas y  originarios, entre otros.  Estos valores provienen en su mayoría del Imperio Romano,  fuente del saber y conocimiento que se agrupan en la historia propia de la cultura de Grecia, Roma y en la Biblia como origen de expresión de la cultura judía, los cuales sirven de pedestal y reproducen en la sucesión histórica de generación a generación, los valores que degradan al ser humano que le es diferente, y la expresión de un modelo social distinto.

     Estos países que lograron su independencia, construyeron sus propios estados y diseñaron el sistema de autogobernarse, en el orden mental de lo que ya estaba establecido en  la colonia.

     En su desarrollo como repúblicas, desconocieron el retrato de los modelos culturales que desarrollaron los pueblos indígenas, los cuales han sido enajenados en su mayoría, y hoy, no se reconocen así mismo con el resplandor y la fuerza de cohesión que debería imperar en el autoreconocimiento de la etnicidad.

     El fenómeno de reproducción de esta cultura colonial debe ser revisado para adecuarlo a los avances reconocidos por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada en la Resolución de la Asamblea General, el 13 de septiembre de 2007 donde señala:  La Asamblea General, guiada por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y la buena fe en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Estados de conformidad con la Carta afirma que: 

     1.  “los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos y reconociendo al mismo tiempo el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales”

 
     

2.  “todos los pueblos contribuyen a la diversidad y riqueza de las civilizaciones y culturas, que constituyen el patrimonio común de la humanidad”

 

     Todo este planteamiento se circunscribe en el propósito establecido por las Naciones Unidas en el Primer y Segundo Decenio de las poblaciones y pueblos indígenas, aprobados por este organismo. El inicio del segundo decenio, comenzó a partir del 01 de Enero de 2005.  En el año 2015 se completaría el esfuerzo de este organismo a favor de estos pueblos.

     En el mismo tenor, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), produjo el documento más importante de la historia de los pueblos indígenas, cuyos efectos aún están vigentes. Nos referimos al convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, aprobado en el año 1.989 y ratificado por Venezuela el 22 de mayo de 2002, participando en el concierto de veinte naciones, en su mayoría latinoamericanas que asumieron este documento como ley de sus respectivos países. México ratificó este convenio el 5 de agosto de 1990; Colombia lo ratifica el 07 de agosto de 1991 y Brasil el 25 de julio de 2002.

       El Convenio núm. 169 es “un instrumento jurídico internacional vinculante que se encuentra abierto para su ratificación y que trata específicamente los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Una vez que se ratifica el Convenio, el país que así lo hace, cuenta con un año para alinear la legislación, políticas y programas antes de que el mismo devengue jurídicamente vinculante. Los países que ratificaron el Convenio están sujetos a supervisión en cuanto a la implementación, de esta forma, según afirma la OIT, su ratificación ha dado lugar al establecimiento, la reforma o la consolidación de órganos gubernamentales dedicados a la coordinación de políticas, programas y proyectos relativos a los pueblos indígenas”.

     Cabe destacar que este convenio es ley de la República Bolivariana de Venezuela, a partir de la fecha señalada; ello obliga al Estado a cumplir los preceptos establecidos, y es el origen matriz de los derechos consagrados en la constitución y en las leyes que se derivan de la misma en relación a los pueblos indígenas.

     Llama la atención el hecho de que países como Canadá y Estados Unidos de Norte América, que se precian de la democracia y el desarrollo de las libertades, se encuentran entre los países que negaron su voto en la Declaración de los Derechos Indígenas en la Organización de las Naciones Unidas, y que aún a la fecha (9-8-2010), no se han dignado en reconocer el Convenio 169 de la OIT.  En estos países, la población indígena sufre y está sometida a las denominadas “reservas indígenas” que es una especie de “apartheid” que desdibuja los propósitos de elevar al ser humano a las categorías de pueblos en igualdad de condiciones en estas dos naciones.

     Entendiendo que las reservas de indios, las construyó el Estado Federal Norte Americano, bajo el ardid de proteger la cultura de los indígenas,  cuando en realidad están sometidos al acto irresponsable del Estado, de no atender sus obligaciones en igualdad de condiciones al resto de los miembros de la población de ese país.  El colonialismo que denuncia la ONU y mas grave aun que este organismo multilateral tiene sede en Nueva York, y no cumplen las resoluciones y mandatos de la OIT con el convenio 169, los dos decenios de los pueblos indígenas, y el mandato de la Declaración Universal de los Derechos Indígenas.

     Concluyo que es la expresión exacerbada del colonialismo en tiempos modernos y la crueldad de no permitir las libertades que le corresponden a los compromisos de este organismo frente a sus miembros.

     Al respecto, surgen las siguientes interrogantes: ¿Qué importancia tiene remembrar esta conmemoración para las instituciones, los ciudadanos y de  manera especial para los pueblos indígenas? ¿Qué falta para consolidar la cantidad de derechos que registran los organismos internacionales, las constituciones, leyes y demás normas sobre pueblos indígenas? ¿Qué papel cumplen los organismos internacionales, los países, los pueblos indígenas que están separados por fronteras políticas en su hábitat y territorio?

     Estas interrogantes, honorables concejales, amigas y amigos presentes, sería sumamente complejo contestarlas, elevo a su consideración mis modestas respuestas.  Presumo que al evaluar los  más de 500 años de atropellos continuos, sin que la propia cultura occidental considerara en algún momento el valor de las culturas que le son distintas, que ellos mismos llamaron indios.  Transcurrido los últimos años, precisamente a instancia de la ONU, presumo que esta misma sociedad, autoevaluó su comportamiento frente a tantas atrocidades históricas, y fue este organismo, producto de la presión de los propios indígenas en su vida ignominiosa que presionó hasta convertir estos instrumentos en derechos favorables.

     Conmemorar esta fecha,  es reconocer la incidencia que han tenido los derechos de los pueblos indígenas promulgados en las Naciones Unidas, en los hechos de la vida real como educación, salud, determinación de espacios territoriales, obligaciones legislativas y la posibilidad de mantener los valores definitorios, sin perder la condición de su propia identidad como miembro del país a que se refiera, interactuando como parte integrante de los individuos que construyen la nacionalidad con diversas expresiones, manteniendo su identidad sociocultural indígena.

     El Estado, como expresión de gobierno y haciendo uso de los instrumentos jurídicos internacionales promovidos por las Naciones Unidas, crea la legislación e institucionaliza los derechos alcanzados por los indígenas a través de estos organismos, desarrollando programas que reconocen la diversidad  y el respeto que se debe a  cada uno de esos componentes primarios.  En Venezuela, estos espacios están consagrados en los diversos niveles del Ejecutivo de la Nación (Gobierno Nacional, Gobernaciones y Alcaldías) especialmente en las áreas de sus hábitats tradicionales y/o ancestrales; los poderes deben reservar los espacios inherentes a los derechos indígenas.  Es el caso en Venezuela del Tribunal Supremo de Justicia que debe desarrollar la jurisdicción y coordinación especial de la justicia indígena, una vez que la Asamblea Nacional, sancione el cuerpo jurídico correspondiente.

     Los propios indígenas deberían consustanciarse con los derechos ya consagrados, haciendo práctica de ello en el ejercicio cotidiano de su vida, asumiendo ciudadanía  a fin de exigir la concreción de los enunciados que impactan positivamente la solución de los diversos problemas que comúnmente tienen las comunidades, exigiendo sus soluciones ante las instituciones. En el desarrollo de este ejercicio, el indígena como ciudadano, como parte integrante de la sociedad donde se desenvuelve, debe asumir y preservar las formas organizativas de su propia nación étnica, sin confundir, sin olvidar las formas organizativas que le han servido para mantener la vigencia de sus propios valores, y filtrando aquellos que les sean útiles y preparando a sus miembros para asumir la interculturalidad, como principio básico y garantía de perdurabilidad de su condición étnica en el concierto del desarrollo de la ciencia y la tecnología, en el disfrute de los grandes avances a favor de la calidad de vida, manteniendo la vitalidad de sus cultura.

     Es cierto que la teoría legislativa que consagra los derechos indígenas es avanzada y abundante, lo que genera satisfacción y orgullo, mucho más cuando hemos sido protagonistas de la creación y construcción  de estas normas, que están en los documentos actuales de la república. Estos documentos están compuestos entre otros por: la Constitución Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de Pueblos Indígenas, Ley de Hábitat y Territorios Indígenas, Ley de Idiomas Indígenas.

     Esa teoría legislativa no se corresponde en la mayoría de los países, como es el caso de Venezuela, con la realidad que vive nuestra “gente” en los territorios y hábitat de los pueblos indígenas, y muy especialmente en las zonas fronterizas, donde instituciones como los cuerpos de seguridad, aún no reconocen los derechos que amparan a los indígenas.  Así mismo, otras instituciones que deberían enarbolar estos derechos los conculcan en los territorios tradicionales y ancestralmente ocupados por los pueblos indígenas. Es doloroso observar que todos estos logros legislativos, no han resuelto los problemas que se han acumulado en el tiempo, permanecen enquistados haciendo todo el daño como en épocas pasadas. La falta de servicios, incertidumbre en sus territorios, enajenación de sus derechos culturales, aculturación inducida y violación de derechos sobre sus territorios, que aún mantienen estos  pueblos sumergidos en la pobreza.

     La falta de correspondencia entre la gran misión del Estado y de los gobiernos nacional, regional y local, parecieran centrar sus esfuerzos en políticas ideológicas, partidistas, de intereses particulares y pequeñeces humanas, con gerencias deficientes, convirtiendo los organismos en depositarios de las pasiones políticas y selectivas de sus correlacionarios, y la fuente de soluciones que manejan entre finanzas, programas y políticas se diluyen por la ineficiencia en generar políticas en beneficio de estos ciudadanos.

     En el balance de los veintiocho años que han transcurrido desde el 09 de agosto de 1.982, podemos afirmar que el problema de las fronteras entre países, ha estado ausente en la diatriba de la ONU; se ha hecho muy poco en el caso de los indígenas por ejemplo entre los Estados Unidos y México, que dividen los territorios indígenas, inclusive con muros  de separación que impiden el libre ejercicio de estos pueblos y muestran la actitud despreciativa que tiene ese país por los pueblos indígenas.

     También se puede observar esta situación entre México y Guatemala, Estados Unidos y Canadá, Venezuela y Colombia, entre otros.  Este tema, está lleno de la nueva forma del “colonialismo interno” entre los países, haciendo una retrospectiva de la diatriba fronteriza en el territorio y hábitat wayuu, como ejemplo de los oprobios que viven estos pueblos que comparten territorio que pertenecen a los indígenas.  La Guajira, es una nación oculta entre dos estados, que tiene territorio, cultura e historia propia y un elevado sentimiento de identidad, que ve impedido el ejercicio de fraternidad que existe entre sus miembros, por una frontera que divide de manera inconsulta el derecho natural por ser pisatario absoluto, con lejanía en el tiempo y ejercitando los espacios con sus propias instituciones de manera tradicional y ancestral que legitima su derecho.

     Los pueblos Wayuu, Bari, Yucpa y el resto que comparten fronteras en el continente, como conjunto de convivencia, requieren que las Naciones Unidas interponga su fuerza de decisión a fin de que los estados miembros, se sienten en la mesa a definir nuevos marcos jurídicos.

     Estas nuevas definiciones jurídicas, deben estar dirigidas al desarrollo de los derechos indígenas, sin menoscabo de la majestad, soberanía y resguardo de los espacios de la república, establecido en el concierto de la buena vecindad que requiere la paz, la armonía y el desarrollo de la calidad de vida de sus respectivos habitantes.

     Sobre este tema, amigas y amigos, tenemos una gran preocupación por los acontecimientos verbales y diplomáticos que se están generando desde los gobiernos colombiano y venezolano, respecto al hábitat de los indígenas en fronteras, espacio propicio para el cultivo de situaciones poco deseables, que afectan a los pueblos indígenas en todo caso, los Bari, Yucpas y Wayuu en las zonas fronterizas, afectados por irregulares colombianos, tanto de guerrillas, como paramilitares, narcotraficantes, delincuencia organizada, tratantes de blancas, y demás delitos de frontera que generan una movilización constante de desplazados colombianos hacia Venezuela, impactando negativamente a los pueblos y comunidades indígenas que ven minimizados sus derechos y usurpados sus espacios territoriales, mientras los gobernantes discuten y  polemizan diplomáticamente, olvidando a los pueblos indígenas.

     Siendo esta una realidad que se presenta en la multiplicidad de los diferentes pueblos indígenas atravesados por fronteras que lesionan su libre desenvolvimiento por la falta de acuerdos y por no poner en práctica los elevados propósitos de convivencia establecidos por las normas que surgen de la ONU, en la que reconocen la condición de pueblo a los indígenas.

     En Repúblicas como Venezuela y Colombia, se hace más grave la situación por cuanto, son países firmantes y han dado status de ley a algunos de los instrumentos de este organismo multilateral, como ha sido señalado a través del convenio 169 de la OIT y la declaración de los pueblos indígenas ante la ONU.

     Nuestra gran preocupación en este momento, está representada en la diatriba que se está desarrollando actualmente entre Colombia y Venezuela, la cual pone en grave peligro la existencia de los pueblos indígenas ubicados en fronteras.  Invoco todas las fuerzas del cosmo, a los Dioses Indígenas, a los miembros de la comunidad, a los ciudadanos de buena voluntad, al Gobierno Venezolano y al Gobierno Colombiano, y a las fuerzas de los Organismos Internacionales, a evitar una conflagración fratricida entre estas dos hermanas repúblicas, que tienen a los pueblos indígenas de mampara entre las balas de cualquiera de los dos países y de las modernas fuentes criminales para exterminar pueblos, de manera individual y colectiva en contra de la sociedad indígena wayuu, en sus territorios, compartido entre estas dos repúblicas.

     Estamos en presencia de una nueva forma colonizante de carácter endógeno e internacional, que al amparo de el concepto de soberanía de Estado han descuidado las obligaciones que establece las Naciones Unidas para el tratamiento sobre la declaración universal de los derechos indígenas y el convenio 169 de la OIT. 

     Esta forma de colonización, auspiciada por los irregulares colombianos en estos territorios, desplazan a los indígenas,  generan aberraciones y maltrato. Como lo indican los diversos medios de comunicación y los habitantes de fronteras, se registran diariamente sucesos como violaciones a las mujeres e incluso a las niñas; obligan a los indígenas a compartir sus ideologías; convierten a los niños como blancos débiles de guerra; convierten a los indígenas en compradores de la despensa alimenticia que estos grupos requieren para su estadía en los territorios ocupados ilegalmente.

     Ante este cuadro dantesco, me permito recordarles honorables amigos y amigas, que estamos en los albores del más importante proceso electoral de nuestra historia, de finales del siglo XX y comienzo de este Siglo XXI, para elegir el próximo cuerpo legislativo ante la Asamblea Nacional de Venezuela, donde los indígenas tenemos la oportunidad de contribuir al fortalecimiento de la unidad de nuestro país, de elevar el sentimiento por la democracia y las libertades, continuar profundizando los principios y los valores que consagran nuestra constitución, acompañando el esfuerzo y convocatoria de la unidad en la que los indígenas han de contribuir con su aporte legislativo a la construcción del país que todos soñamos, y le devuelva al Zulia el puente, las carreteras, el aeropuerto, el puerto y la recuperación de nuestro Lago. Es el compromiso de los que somos indígenas para la región.

     PROPUESTAS: Al concluir mis modestas observaciones en el honor que me concede esta respetable cámara y sus honorables miembros, me permito sugerir:

•   Elevar como propuesta ante la ONU, la creación de un marco jurídico internacional, sobre hábitat y territorios indígenas atravesados por fronteras, que obliguen la unidad,  la consagración de los derechos de igualdad, justicia y respeto a los pueblos indígenas, en base a la interculturalidad y políticas comunes a los habitantes de fronteras, creando las bases de una buena vecindad que vele por sus derechos.

 
     

• Promover encuentros entre los gobernantes de fronteras, que aborden temas culturales, económicos, acuerdos de convivencia entre los gobernantes y los indígenas afectados por fronteras en el Estado Zulia y sus Alcaldías, igualmente en el Departamento de la Guajira Colombiana.

     Finalmente, agradezco y reitero mis sentimientos de aprecio por el honor que me conceden este nueve de agosto, de elevar mis modestas consideraciones, imbuido de manera sublime en la defensa de los derechos de los pueblos  indígenas y en mi compromiso de patria, que ahondo día a día para que todos los zulianos y venezolanos, alcancemos el nivel mas alto de convivencia, respetando las diferencias y uniendo nuestros corazones, para tener un país libre, democrático, descentralizado y con justicia donde todos nos sintamos orgullosos de vivir en libertad.

     Que los Dioses indígenas y los de ustedes nos acompañen y nos bendigan. 

    Gracias.